Nada habría que objetar a este mes de celebraciones religiosas en torno a la Virgen de las Angustias, si las autoridades y representantes públicos (Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Ejército, Policía, Hacienda, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía,…) se mantuvieran al margen de los actos confesionales, respetando la libertad de conciencia del conjunto de la ciudadanía, y la debida neutralidad del Estado ante las creencias particulares de cada persona. Por supuesto, son muy libres de acudir a esos actos a título privado, pero no institucional. El Estado no puede identificarse con una religión, en este caso la católica, participando en sus cultos.
Es preciso recordar que alrededor de un 25 % de la población, a la que ellos también representan, son ateos o no creyentes católicos. Sin embargo, una vez más se mantiene el medieval maridaje de la religión y la política. Una situación que Granada Laica viene denunciando en las numerosas ocasiones que ocurren estos actos de pleitesía de los poderes e instituciones civiles a los religiosos, pues son propios del nacionalcatolicismo, pero radicalmente incompatibles con la democracia.