Representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro comparecieron ayer en el Parlamento de Iruñea para pedir, por tercera vez, que ayude a recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Los alcaldes de Uharte y Leitza, Javier Basterra y Xabier Zabalo, respectivamente, comparecieron ayer en el Parlamento de Nafarroa para pedir a los grupos que se impliquen en la recuperación de los bienes patrimoniales inmatriculados por la Iglesia católica. Junto a ellos estuvo Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la UPNA, quien explicó que las leyes invocadas por el Arzobispado para apropiarse de estos bienes son además contrarias a la Constitución española.
Su comparecencia en el Parlamento la hicieron en nombre de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro pero, como la sesión estuvo cerrada a los medios de comunicación, seguidamente ofrecieron una rueda de prensa junto con Maiorga Ramírez, portavoz de NaBai en la Comisión de Economía y Hacienda.
«Nosotros tenemos la obligación de proteger los bienes públicos de los ataques, vengan de donde vengan, y en este caso vienen de la Iglesia», afirmó Ramírez.
Javier Basterra (EA) y Xabier Zabalo (izquierda abertzale) recordaron a continuación que la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ya ha comparecido en el Parlamento en dos ocasiones (abril y junio de 2008) para pedir información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia y solicitar ayuda para que los pueblos puedan recuperarlos.
De las siete peticiones hechas en la primera comparecencia, sólo una de ellas fue contestada, pero permitió conocer con detalle que entre 1998 y 2007 el Arzobispado inmatriculó en los registros de la propiedad de Nafarroa un total de 1.087 bienes públicos, incluidos muchos de carácter no religioso.
En la segunda comparecencia pidieron al Parlamento que requiriese al Ministerio de Justicia la relación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, año en el que se aprobó la Ley Hipotecaria, hasta 1998.
«Hicimos esta petición hace más de dos años y tampoco hemos tenido respuesta», expusieron Basterra y Zabalo. También constataron el «malestar» que hay en muchos pueblos por estas apropiaciones y denunciaron que a los integrantes de esta plataforma «se nos quiere amedrentar con acusaciones de rojos, ateos, matacuras, quemaconventos y otras lindezas que en un pasado reciente eran suficientes para eliminar física y políticamente al señalado, y hoy esperemos que sólo sean insultos antidemocráticos».
«Es inconstitucional»
Una de las peticiones que hicieron en la comparecencia de ayer fue que los grupos parlamentarios planteen el estudio de las vías procesales oportunas para invocar la inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, una ley franquista que, en teoría, debería haber quedado abolida tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
El profesor Alejandro Torres explicó de forma detallada los argumentos sobre esta inconstitucionalidad. Entre otras cosas, recordó que durante la dictadura la Iglesia se beneficiaba de que el Estado español era «confesional», pero dejó claro que la actual Constitución establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
«Eso significa que la Iglesia no tiene carácter de corporación de derecho público, sino que es un ente privado y no puede equipararse a las entidades públicas», resumió el catedrático.
