Ahora, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse en breve acerca de las cuestiones de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la situación laboral de estos docentes, según informaron fuentes cercanas a las partes.
Los conflictos laborales a tres bandas entre el profesorado de Religión, la Iglesia católica y la Administración educativa han sido una constante desde la implantación de la enseñanza religiosa siguiendo los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Normas vulneradas
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional admitió a trámite dos cuestiones de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al apuntar ciertas dudas sobre una posible vulneración del Estatuto de los Trabajadores, así como sendos artículos de la Constitución sobre aconfesionalidad del Estado, libertad religiosa y privacidad.
Según los acuerdos de 1979, la enseñanza religiosa «será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquéllas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza». En la práctica, el obispo de cada diócesis dispone los docentes y el centro donde impartirán Religión.
Criterios
Los criterios a seguir para considerar que alguien está capacitado para impartir esta asignatura se basan en la ‘Declaración Eclesiástica de Idoneidad’ (DEI). Los requisitos establecen que los candidatos habrán de acreditar estudios teológicos o la licenciatura de Magisterio, así como comprometerse a seguir el currículo indicado por el Episcopado.
Muchas diócesis, además, estipulan la «relación activa» con la vida diocesana y su «compromiso eclesial». Las no renovaciones de contrato de muchos docentes se basan en la pérdida de dicho «compromiso eclesial», lo que ha motivado decenas de demandas por parte de los profesores de Religión, quienes se quejan de ser «despedidos» por estar divorciados, no asistir a misa o mantener relaciones extramatrimoniales.
Regulación laboral
Según confirmaron representantes del profesorado de Religión, en las últimas semanas se han mantenido «contactos indirectos» con el Gobierno, de los que habrían salido con «buenas perspectivas» en orden a una nueva regulación laboral.
Al parecer, se podría lograr que la ‘Declaración Eclesiástica de Idoneidad’ no se renueve cada año, a fin de que los docentes puedan acceder a beneficios económicos relacionados con la antigüedad, facilitar traslados voluntarios o cambios en las materias a impartir.
A esto se unen declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que el jueves pasado incidía en que «existen asuntos pendientes de resolución en el Constitucional que pueden poner sobre la mesa la necesidad de iniciar conversaciones con los representantes de la Iglesia».
