En los Presupuestos, el montante destinado al Ministerio de Educación ha disminuido un 31% respecto a 2011 La financiación de la educación privada ha crecido un 30% entre 2005 y 2010
Tasa de abandono escolar del 25%, porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja del 23,7%, paro juvenil del 57%, tasa de repetición acumulada a los 15 años en Secundaria del 31,9%… Esta es la batería de datos incontestables con la que el PP y Gobierno justifican una reforma educativa que no convence al sector y que ha sido muy contestada en la calle. Hace una semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a recordar estos indicadores tras la aprobación del proyecto de la LOMCE en el Consejo de Ministros. España “no se puede permitir” las actuales cifras de “fracaso, abandono y paro juvenil”, dijo.
Sin embargo, hay otra batería de cifras que los conservadores obvian cuando defienden la necesidad de poner en marcha la que será la séptima reforma educativa de la democracia. Aquí van algunos de ellos:
Administración Central. El gasto educativo del Gobierno central y de las comunidades autónomas ha ido reduciéndose de forma significativa en el último bienio. En los Presupuestos Generales del Estado para 2013 el Gobierno del PP recortó el montante dedicado al Ministerio de Educación en 276 millones respecto al año anterior. La cifra pasó de 2.219 millones de euros en 2012 a 1.944 en 2013. Es decir, un 12,4% menos. Además, en las primeras cuentas tras su llegada a la Moncloa, el Ejecutivo del PP recortó el montante dedicado a este ministerio de 2.084 en 2011 a los citados 2.219.
Autonomías. Las comunidades autónomas también han contribuido a aumentar el agujero de los recortes. Aunque no existe unanimidad en la distribución de los presupuestos puesto que las Consejerías de Educación tienen fórmulas diferentes en cada comunidad, según un informe de UGT, de media el gasto público descendió un 6,66% en 2013 respecto al año anterior y un 12% si se compara con 2010. Entre las que más han recortado está Madrid (-12,5%), que ha pasado de 4.733,79 millones de euros en 2012 a 4.141,54 en 2013; seguida de Aragón (-10,8%); Asturias (-10,2%) y Comunitat Valenciana (-9,7%). Por otro lado, hay que tener en cuenta que Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra aún no tienen aprobadas sus cuentas para este año. No obstante, entre 2010 y 2013 la inversión en Educación de las comunidades ha descendido en más de 4.800 millones de euros.
PIB. La consecuencia de la rebaja en las partidas previamente citadas es que se ha reducido a un 4,3% del PIB la inversión en Educación en España, una cantidad muy alejada de países como Finlandia, que destina el 6,1% de su riqueza nacional y que, además, lleva décadas manteniendo una inversión similar. La media de los países de la OCDE se sitúa en el 5,4%. Además, el panorama futuro es todavía más oscuro, pues la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015.
Concertada. Entre tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las subvenciones públicas aportaron a los centros privados en el curso 2009/2010 una media de 2.411 euros por alumno, un 29,8% más que en el curso 2004/2005.
Profesionales. En las escuelas españolas hay miles de profesores menos –20.000 menos durante en los centros públicos según CCOO–. Andalucía es la comunidad que más puestos recortó (5.000 entre docentes de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial), seguida de la Comunidad de Madrid (2.000 plazas en todos los niveles educativos) y Castilla-La Mancha (1.700 menos). En los centros también se han cancelado programas de atención a la diversidad y apoyo escolar y ha empezado a haber problemas para pagar la luz, la calefacción o las fotocopias.
Becas. Al mismo tiempo, han descendido las ayudas para la compra de libros de texto con un recorte en la dotación a esta partida del 76% y también se han reducido las becas de comedor, pues muchas autonomías han acotado el acceso a estas ayudas a colectivos con dificultades económicas. Por otro lado, ha aumentado en un 20% el número de alumnos por aula y hasta en un 50% el precio de las matrículas universitarias. El Sindicato de Estudiantes denuncia que durante este curso, de media, cada alumno de estudios superiores paga 540 euros más que el pasado.
Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro José Ignacio Wert, tras el Consejo de Ministros. EFE
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