El gobierno porteño publicó ayer en el Boletín Oficial la reglamentación de la atención de los abortos no punibles, que fijó a través de una resolución del ministro de Salud, Jorge Lemus, tal como adelantó Página/12. Se trata de un protocolo muy restrictivo, que desacata abiertamente el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo, donde el máximo tribunal exhortó a las autoridades de cada jurisdicción a eliminar los requisitos ilegales que históricamente se les exigieron a las mujeres en distintos puntos del país, a fin de garantizar el acceso a los abortos permitidos por el Código Penal. La regulación recibió fuertes críticas de legisladores de la oposición al macrismo.

La norma porteña regula los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal. Pero se aleja de los lineamientos que marcó la Corte. Aunque respeta que no se pida más una autorización judicial para realizar la intervención, establece otras cláusulas o condiciones que no están previstas en el Código Penal: uno de los problemas más graves de la flamante regulación es que, para los casos de violación, impone un límite arbitrario de doce semanas de embarazo para llevar adelante la intervención. “Hay jovencitas, más cuando tienen algún problema mental, que detectan el embarazo en estado más avanzado y no en las primeras semanas de gestación”, advirtió la diputada del Frente Progresista y Popular María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña. Esta imposición significa un grave riesgo y no tiene fundamentos clínicos. El segundo semestre es el de mayor peligro de morir por un aborto clandestino. La Organización Mundial de la Salud fija un límite para el aborto en 22 semanas. En Inglaterra, Bélgica y Holanda está permitido hasta las 23 semanas.

La resolución, que lleva el Nº1252, establece además que cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, el médico interviniente podrá consultar a un comité interdisciplinario “para la evaluación y contención de los casos que se presenten” y el director del hospital tendrá la potestad de “confirmar el diagnóstico y la procedencia de la interrupción”. Sobre este punto, la Corte fue muy clara: dijo que el pedido del aborto se debe realizar frente al médico interviniente y no deben opinar comités interdisciplinarios ni de otro tipo. Una vez que está dado el consentimiento informado por parte de la mujer, el protocolo establece que la práctica se debe realizar en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Otro de los aspectos más criticados es que permite que los médicos se declaren objetores de conciencia frente a cada caso –y no cuando entra en vigencia la norma o al ingresar al sistema de salud público, como marcó el máximo tribunal en su sentencia– y que esa decisión sea confidencial, lo que podría favorecer que una mujer tenga que ir de un médico a otro, en un largo derrotero, hasta encontrar uno que acceda a llevar adelante el aborto, sin saber con anticipación cuál es la posición del profesional.

“Esta resolución atenta contra el derecho de las mujeres y adolescentes a interrumpir su embarazo cuando corre riesgo su vida o en casos de violación, porque vulnera el texto del Código Penal y los criterios que estableció la Corte Suprema en su fallo histórico imponiendo requisitos y condiciones adicionales y dilatorias, como por ejemplo el límite de gestación de 12 semanas para realizar la interrupción del embarazo”, señaló la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, integrante de la Comisión de Salud de la Legislatura. “El PRO dice cumplir con el fallo de la Corte sobre el aborto, pero es una mentira más. La norma pone obstáculos, escollos y frenos, cuando según la Corte debería funcionar como un procedimiento para eliminar barreras de acceso al derecho al aborto, para que pueda practicarse de manera rápida, accesible y segura”, agregó Alegre.

La legisladora por Buenos Aires para Todos Laura García Tuñón consideró que el protocolo “confirma la estrategia del macrismo de obstaculizar el derecho al aborto no punible, ya que presenta una serie de requisitos y trabas burocráticas que no tienen otro fin que dificultar la realización del aborto”. Entre los puntos cuestionables, García Tuñón expresó su preocupación sobre “la situación para las menores, ya que se va a requerir la autorización de su representante legal, desconociendo los leyes específicas de protección integral de los derechos de la niñez, y no teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos los violadores se encuentran en el propio seno familiar”. La Guía Técnica de Atención de los Abortos No Punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación permite a partir de los 14 años que las adolescentes puedan dar su consentimiento informado. Esa guía fue adoptada como protocolo por Santa Fe, Santa Cruz y Chaco.

Naddeo consideró que la firma de la resolución “es una maniobra del Ejecutivo, cuando vio que el despacho de la oposición logró unificar distintas posturas”. El martes de la semana pasada, los legisladores de la oposición firmaron un dictamen de minoría para regular los abortos no punibles por ley. El texto fue el resultado del consenso entre el FV, Nuevo Encuentro, UCR, Coalición Cívica, Buenos Aires para Todos y FPP, entre otros bloques. En cambio, el macrismo firmó un despacho de mayoría que lo único que propone es que el tema vuelva a discutirse en comisión, con clara intención de cajonear el tratamiento del tema –ante la falta de acuerdo al interior del bloque–, una estrategia que mantiene desde hace más de cuatro años para frenar la sanción de una ley.

Sin embargo, dos días después, el ministro Lemus firmó sorpresivamente la resolución que ayer se publicó en el Boletín Oficial. De todas formas, mañana está previsto en el temario de la Comisión de Mujer que se empiece a discutir en ese ámbito los dos dictámenes.

Las mujeres que pidan un aborto por violación podrán presentar una declaración jurada, o la denuncia penal si la hicieron, en sintonía con los criterios que fijó la Corte. Pero serán sometidas a un proceso que parece estar preparado para disuadirlas de llevar adelante la interrupción: el servicio social del hospital les debe informar sobre las ayudas públicas a embarazadas y sus hijos y sobre la posibilidad de dar en adopción a la criatura. Además, se le dará intervención al Area de Atención a las Víctimas de Delitos Sexual, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno macrista, un organismo que actualmente es conocido por sus posturas conservadores y que podría terminar presionando a la mujer para que desista del aborto, como ha ocurrido en otras provincias ante casos similares.

Un aspecto que respeta el fallo de la Corte de la regulación es que establece que toda mujer que solicite la práctica de aborto no punible, cualquiera sea el supuesto, “podrá acceder a asistencia legal, psicológica y social necesaria” en los hospitales. “Esta asistencia –dice la resolución– se ofrecerá desde el inicio de la solicitud y durante todo el proceso de atención con relación a la práctica.”