COMENTARIO: Resulta grotesco que el PSOE, tras la experiencia con los obispos durante su etapa de gobierno, y su propósito de la enmienda tras su último congreso, vaya ahora a pedirles apoyo ante una acción política. ¡Qué incapacidad para entender la vida pública y para llevar propuestas congruentes a la ciudadanía que le motiven a la acción! No entedieron lo que es el laicismo, y siguen sin entenderlo. El PSOE, autor de una ley de extranjería no muy “edificante”, deberían, en nuestra opinión, de dejar al clero católico en “su lugar” y dedicar todos sus esfuerzos a movilizar a la ciudadanía (haciendo pedagogía, sin complejos) y acudir al Constitucional, como se han comprometido, para evitar el “crimen político inhumano” de dejar a centenares de miles de inmigrantes sin acceso al servicio público de salud.
El PSOE ha pedido formalmente a la Conferencia Episcopal que se sume a la movilización social contra el decreto del Gobierno del PP que excluye de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre. José Martínez Olmos, portavoz socialista de Sanidad en el Congreso de los Diputados, contactó el pasado 14 de agosto a través de un correo electrónico con la Conferencia Episcopal, con acuse de recibo, para pedir una entrevista con su presidente, Antonio María Rouco Varela, y abordar en ese encuentro la situación que se va a generar cuando entre en vigor el decreto. Olmos proponía a la Iglesia católica aunar voluntades para evitar que se aparte de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares.
“Aún no he obtenido respuesta”, señaló el socialista, que fue secretario general del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Olmos envió ayer un nuevo mensaje a Rouco insistiendo en la necesidad de ese encuentro para “informar a la Conferencia Episcopal sobre las consecuencias de esa decisión [del Gobierno]. “Puede condicionar un empeoramiento de la salud de personas con enfermedades crónicas graves y, en algunos casos, se puede comprometer seriamente la vida de determinados pacientes con cáncer e insuficiencia renal que requiera diálisis”, subraya la misiva dirigida a la máxima autoridad de la Iglesia católica en España.
A partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares —unos 150.000— dejarán de tener derecho a tarjeta sanitaria, y por tanto no podrán ser atendidos en ambulatorios u hospitales (aunque sí en urgencias). De esa exclusión solo se salvan los menores y mujeres embarazadas, que conservan el derecho a utilizar toda la red sanitaria pública. Se vuelve así a la norma que regía hasta el año 2000, cuando el entonces Gobierno del PP amplió el derecho a la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes empadronados, tuvieran residencia legal o no.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha dicho cuánto ahorrará con esa medida, pero según cálculos aproximados de este periódico —teniendo en cuenta el gasto medio por paciente que maneja Sanidad— el ahorro sería de entre 100 y 200 millones.
La decisión de excluir a ese colectivo de la red sanitaria pública ha provocado el rechazo de parte de la ciudadanía y la profesión médica, hasta el punto de que cinco gobiernos autónomos —Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco— y más de mil médicos han anunciado que no la aplicarán. Una campaña de “objeción de conciencia” que el PSOE apoya. También una treintena de organizaciones católicas —entre ellas, Cáritas— , el principal grupo de acción caritativa católica en España— han criticado duramente el decreto del Gobierno.
“Excluir [de la atención sanitaria] por razones administrativas a personas de otra nacionalidad es una medida xenófoba y muy injusta, pues afecta a un derecho universal definido por la ONU y asumido por España. Es injusto e inhumano”, razona el socialista Martínez Olmos. Y advierte: “Este decreto también es una medida ineficaz desde el punto de vista sanitario. Que haya personas no cubiertas por las acciones preventivas y asistenciales de la sanidad hace que enfermedades prevenibles aparezcan por esa falta de cobertura y que algunas de ellas, las infecciosas o las mentales, perjudiquen al resto de la comunidad en la que estos inmigrantes conviven”. El PSOE señala también que si solo se deja a los sin papeles el recurso de acudir a urgencias, este servicio se saturará y eso conllevará “un mayor coste económico”.
Olmos recuerda que su partido ha planteado una alternativa para ahorrar 7.000 millones de euros en la Sanidad, entre otras medidas subiendo los impuestos del tabaco y del alcohol. E insiste en que “los inmigrantes usan menos la sanidad que los españoles”. No parece muy confiado en la respuesta de Rouco a su propuesta: “Es llamativo el silencio de la Iglesia ante cuestiones sociales importantes, como el problema de los miles de desahuciados, de las familias que tienen todos sus miembros en paro, la paralización de la Ley de Dependencia, el rescate a la banca y la amnistía fiscal a delincuentes. Y ahora, la exclusión sanitaria de inmigrantes. Solo reacciona si se le pide pagar el IBI o para cuestionar la asignatura Educación por la ciudadanía, la ley del aborto o el matrimonio homosexual”, lamenta el dirigente socialista.