COMENTARIO: La judicatura, incluso llamada progresista, no deja de apoyar a la iglesia católica y la legislación que la favorece por encima del principio de aconfesionalidad del Estado. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar en este país para que los tribunales actúen con justicia y no favoreciendo privilegios?
Esperanza Aguirre tendrá que pagar trienios de antigüedad a los profesores de religión y moral católica de la escuela pública. Una sentencia del Tribunal Supremo emitida por el nuevo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, antes de su elección obliga a la Comunidad de Madrid a abonar dichas cantidades a estos 1.200 docentes, a los que tendrá que dar la misma consideración que a los funcionarios interinos.
Nuevo tirón de orejas para Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña tendrá que pagar desde ahora los trienios por antigüedad a los docentes de religión de la pública tras estimar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, presidida hasta hace un par de días por Gonzalo Moliner, la demanda de conflicto colectivo planteada por la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP).
Este organismo había solicitado al alto tribunal que obligase al Gobierno regional a reconocer la antigüedad a efectos de trienios al profesorado de religión de los centros públicos de enseñanza de la Comunidad de Madrid desde el inicio de su prestación de servicios, ya que Esperanza Aguirre no lo hacía.
Según ha explicado Alfredo Sepúlveda, secretario general de USIT-EP y profesor de religión, la resolución beneficia a 1.200 profesores de esta asignatura, que pasarán a cobrar 35 euros brutos por trienio en educación infantil y primaria, y 42 euros en secundaria. Trescientos de ellos ya percibían este dinero por reconocimiento en sentencias particulares, entre ellos Sepúlveda, pero a partir de ahora la totalidad de estos docentes cobrarán dichas cantidades, recoge Público.
Los profesores de religión decidieron recurrir por la vía de demanda de conflicto colectivo tras varias sentencias contrarias del Supremo a sus intereses. Ahora el alto tribunal ha cambiado sus criterios y ha reconocido sus derechos en materia de antigüedad. Algo que, según Sepúlveda, puede hacerse extensivo a docentes de religión de comunidades en las que no esté regulada su actividad por convenio colectivo, unos 10.000 del total de 16.000 que forman el colectivo en toda España.
Sepúlveda cree que su colectivo ha sido “víctima propiciatoria” de los recortes acometidos por el Gobierno autónomo madrileño, pero la sentencia del Supremo acaba con la deriva marcada hasta ahora por Esperanza Aguirre.
El alto tribunal considera que si en el resto de aspectos los profesores de religión son considerados como funcionarios interinos de la enseñanza, ello debe extenderse al derecho a cobrar trienios por antigüedad, mientras no se produzca una nueva regulación. La resolución revoca la sentencia anterior dictada en el mismo asunto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón a la Comunidad.
