Francia, según la ley, “ni paga ni subvenciona culto alguno”
COMENTARIO: Los allegados a la iglesia católica no cesan de hablar de diferentes modelos de laicidad. Nosotros entendemos que sólo hay un modelo, el que respeta la libertad de conciencia y mantiene la separación de las iglesias y el Estado, así como la neutralidad de este en asuntos religiosos, dejando así el espacio público (común y universal para toda la ciudadanía con independencia de las creencias de cada cual, sólo de esta manera se evitará la discriminación de unas convicciones o creencias sobre otras. ¿Cómo se puede considerar un modelo de laicidad el que facilita capellanías con cargo al Estado, el que costea colegios confesionales, el que extiende privilegios económicos, jurídicos o simbólicos a una o a varias confesiones religiosas? Ese modelo de relaciones del Estado con las religiones no se puede denominar laicidad, será multiconfesionalismo en el mejor de los casos, pero siempre estará discriminándose algún tipo de convicción o creencia, y eso no puede llamarse laicidad.
Igualmente se empeñan en ver hostilidad en el laicismo, cuando se trata de eliminar los privilegios de que gozan algunas religiones. Y esto siempre es curioso porque las propias religiones allí donde son minoritarias se quejan de los privilegios de la que goza en ese lugar de mayoría y apoyo estatal. Las personas y su convivencia serán las beneficiadas cuando se establezca la laicidad en nuestras sociedades. El laicismo consiste en el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos.
En Europa existen -además de las llamadas "religiones nacionales" en Inglaterra, Dinamarca, Grecia, Holanda (hasta 1853), Suecia (hasta 2000)- tres maneras de entender y organizar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado y, por extensión, con las demás religiones: el modelo francés de la "separación", el modelo alemán de la "cooperación" y el modelo de la "mediación" que impulsan las instituciones europeas.
La propuesta de un "código de la laicidad y de la libertad religiosa" por la UMP (Unión por un Movimiento Popular) de N. Sarkozy (5 de abril de 2011) y la promesa electoral de François Hollande (22 enero de 2012) de "constitucionalizar la ley de 1905" "relativa a la separación de las Iglesias y del Estado" han reabierto el debate sobre cómo se ha de entender y aplicar dicha "separación" en Francia.
1.- La ley de 1905 sobre la separación
La laicidad francesa encuentra su referencia legal más determinante en la ley de 1905 sobre la separación entre el Estado y las Iglesias.
Dicha ley sostiene en su artículo 1º que "la República asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto". En el segundo de los artículos, se proclama que "la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…".
A estos dos primeros artículos (que algunos invitan a tipificar como "principios") le suceden otros cuarenta y dos.
El desarrollo y aplicación de esta ley ha sido objeto de dos interpretaciones que admiten, cada una de ellas, diferentes matices y modulaciones: una primera, catalogada como "integral", "estricta", "exigente", "normal" o "a la antigua" (originariamente, anticlerical, restrictiva y "excluyente") y otra, más liberal, calificada como "positiva", "creativa", "cordial", "abierta" o "moderna".
2.- La separación "excluyente" de los primeros años
La ley de 1905 fue recibida como una "trágala" por la inmensa mayoría de los católicos franceses. En gran medida, porque resultó ser el fruto maduro de una laicidad anticlerical y restrictiva. Y con dicho espíritu fue aplicada en sus primeros años.
Anticlerical, en primer lugar, porque con ella se pretendía combatir a una Iglesia católica que era percibida como una institución reaccionaria, oscurantista, intolerante y que ejercía una tutela desmedida sobre la vida social e individual, llegando a ser insoportable para muchos.
Y restrictiva de la libertad religiosa, en segundo lugar, porque buscaba recluir toda creencia religiosa en la esfera de lo íntimo, apelando, para ello, a la libertad de conciencia y a la separación entre lo privado y lo público. Con esta apelación justificaba que el interés "social" de las Iglesias no iba más allá de culto. El Estado tenía que ceñirse única y exclusivamente a regular -y garantizar- esa función. Evidentemente, se acabará reconociendo más adelante, que el culto es importante y central, pero las religiones abarcan bastante más que el servicio litúrgico.
El enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia Católica alcanza su máxima tensión en 1906, año en el que se realizan los "inventarios" de bienes y en el que la Iglesia rechaza las Asociaciones Cultuales, es decir, las instituciones encargadas de administrar las rentas destinadas al ejercicio del culto.
Esta crispada situación empieza a suavizarse durante la primera guerra mundial. La contienda bélica propicia el encuentro entre laicistas y católicos en torno a dos objetivos fundamentales: la defensa del territorio y la salvaguardia de los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad.
Finalizada la guerra, y como consecuencia del apaciguamiento de ánimos, se comienza a poner las bases para alcanzar un "modus vivendi": en 1921 se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano y en 1923-1924 se firman los acuerdos que garantizan la libertad de la Iglesia para organizarse según sus propios principios. Se abre un tiempo en el que empieza a percibirse la posibilidad de reconciliar la separación con la cooperación y en el que, además, se experimenta que la independencia del Estado no implica la reclusión de la religión en el ámbito de las convicciones íntimas.
3.- La separación "cordial"
En este clima, se propicia una interpretación cordial y creativa de la ley de 1905. Concretamente, se sientan las bases para que el artículo primero ("la República asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto") llegue a ser reconocido -con las oportunas modulaciones- como un derecho fundamental. De hecho, será recogido, años después, en el preámbulo de la Constitución francesa de 1946 y en su artículo 1 en la de 1958: Francia "garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión" y "respeta todas las creencias". Lo sustancial de este artículo primero de la ley de 1905 también será recogido en la Declaración Universal de los derechos humanos (1948).
El segundo de los artículos ("la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno") va a ser objeto de interminables interpretaciones, complicadas y variables, por ser una norma que ha de articularse con la obligación que tiene el Estado de garantizar el culto, además de la enseñanza privada, la asistencia religiosa en los centros públicos, la sanidad y la seguridad social de los responsables religiosos no asalariados, etc. La necesidad de armonizar derechos y deberes lleva a que el Estado y la iglesia Católica dialoguen y acuerden.
La progresiva consolidación de esta actitud dialogante no solo se visualiza en los diferentes acuerdos que se van alcanzado, sino también -y sobre todo- en la voluntad de superar la crispada situación en que se gestó la ley de 1905, así como en favorecer una comprensión de la laicidad más en clave de neutralidad del Estado y de no injerencia en los asuntos internos de las diferentes confesiones que como rienda suelta del anticlericalismo y restricción de la libertad religiosa.
Esta búsqueda de una relación más equilibrada entre el Estado y las iglesias propicia un importante desarrollo de la ley de 1905 que se plasma en acuerdos y decisiones tan notables como, por ejemplo,
la institución de las capellanías en los liceos, hospitales y prisiones;
la apertura de los centros a la instrucción religiosa;
el reconocimiento del carácter propio de los centros católicos;
la puesta a disposición de los fieles de los edificios incautados, asegurando su mantenimiento y reparando los que están abiertos al público;
la incorporación del clero católico y de los celebrantes musulmanes que no están afiliados en el régimen general de la Seguridad Social (no asalariados, a diferencia de algunos pastores y rabinos) a un régimen especial que cubre los riesgos de enfermedad, invalidez y vejez;
la posibilidad de que las Asociaciones Culturales nacidas de la ley de 1905 reciban donativos y legados y se beneficien de medidas fiscales tales como la exoneración de la tasa fiscal y de los derechos sobre los donativos y legados, o de reducciones de impuestos para los donantes.
Finalmente, hay que reseñar, como culmen de esta voluntad de acuerdo, la creación de una comisión de diálogo entre el Gobierno y la Iglesia (presidida por el Primer Ministro y el Nuncio Apostólico con el Presidente de la Conferencia Episcopal) encargada de resolver los problemas de la Iglesia de Francia.
Curiosa y sorprendentemente, buena parte de estos acuerdos son alcanzados con gobiernos socialistas que participan de la interpretación "liberal" y "abierta" de la mencionada ley de 1905. Así sucede, entre otros, con la exenciones fiscales a las Asociaciones Culturales (1987), con la equiparación de la enseñanza privada a la publica (1993), con el establecimiento de un cauce de diálogo permanente entre la Iglesia católica y el gobierno (2002), etc.
Quizá, por ello, no sorprende que en la izquierda francesa existan personas y colectivos partidarios de esta concepción "cordial" de la laicidad. Uno de sus representantes más relevante es Jean-Pierre Mignard, abogado, católico, practicante, persona muy cercana a F. Hollande y convencido de que las religiones contribuyen a la conservación de los lazos sociales. Él ha tipificado su concepción de la laicidad como "moderna". Entiende que el Estado ha de estar más ocupado en salvaguardar la igualdad entre el hombre y la mujer (que no siempre respetan debidamente todas las religiones) que en reivindicar su separación de las Iglesias; algo, esto último -sostiene- que ya ha sido históricamente alcanzado.
Según Émile Poulat ("Scruter la loi de 1905", Paris, 2010), éstas y otras decisiones han acabado modificando -con excepción de los dos primeros artículos- casi todas las cuarenta y dos disposiciones restantes de la ley sobre la separación de las Iglesias y el Estado.
Por su parte, los obispos franceses, evaluando la ley de 1905, reconocen (en el año 2005) que la aplicación de la "separación" ha pasado de una situación violenta (en 1905 y en los años siguientes) a otra menos tensa en un momento posterior, para llegar en nuestros días, a un escenario presidido por la serenidad. Ello ha sido posible, sostienen, porque el Estado francés ha ido recuperando una voluntad de armonía cordial y de contacto provechoso con los diferentes cultos y, particularmente, con la Iglesia Católica.
A la luz de estos datos, son cada día más los ciudadanos franceses que entienden la laicidad como acogida y tolerancia de las religiones, como reconocimiento de su libertad de expresión (mientras el orden público no se vea perturbado) y como defensa del derecho de las diferentes confesiones a participar en el debate público, aportando los argumentos y propuestas que estimen oportunos y conformes con su concepción de la vida.
Sin embargo, es un modo de entender la laicidad que se ve obligado a afrontar las nuevas situaciones que está planteando la importante comunidad musulmana. Ésta se desarrolla de forma espectacular y formula sus propias reivindicaciones de expresión pública de lo religioso, algo que lleva a reconsiderar la comprensión de la laicidad, vigente hasta el presente en Francia.
4.- La reapertura del debate político
En diciembre de 2007 Nicolás Sarkozy defiende lo que califica como "laicidad positiva": "Asumo plenamente el pasado de Francia y este vínculo particular que durante tanto tiempo ha unido a nuestra nación con la Iglesia". Este posicionamiento no sólo provoca críticas muy duras en la oposición y en los medios laicos herederos de la interpretación excluyente, sino que reabre el debate sobre la laicidad en referencia, en esta ocasión, a la creciente presencia del Islam.
Es esta última cuestión la que está en el punto de mira de la asamblea extraordinaria de la UMP (2011), el partido de N. Sarkozy, para debatir el "código de la laicidad y la libertad religiosa". En dicha Asamblea se pretende relanzar, al decir de sus impulsores, una laicidad "responsable", por considerarla amenazada. Y, además, hacerlo marcando distancias tanto de los socialistas (que "niegan" el problema) como del Frente Nacional (que lo afronta "demagógicamente").
El código en cuestión (y las 26 propuestas en que se articula) no sólo encuentra dificultades entre las mismas filas de la UMP (por el riesgo de "estigmatización" de los musulmanes), sino también en el conjunto de los representantes religiosos mayoritarios que se solidarizan con los musulmanes en un gesto con pocos precedentes.
André Vingt-Trois (arzobispo de París y presidente de la Conferencia Episcopal francesa), juntamente con Mohammed Moussaooui (presidente del Consejo nacional de culto musulmán), Gilles Bernheim (Gran rabino de Francia), Claude Baty (presidente de la Federación Protestante de Francia), Emmanuel Mouisson (presidente de la Asamblea de obispos ortodoxos) y Olivier Wang-Genh (presidente de la Unión budista de Francia) aprueban y firman un documento crítico contra dicho "código de la laicidad".
El mismo cardenal A. Vingt-Trois abunda en su denuncia ante los obispos reunidos en Lourdes (2011) cuando sostiene que el "código" no sólo magnifica ciertas prácticas musulmanas minoritarias sino que, sobre todo, da alas a la comprensión más "cerrada" de la laicidad, es decir, a la que rechaza cualquier expresión religiosa en la vida social.
5.- La separación "estricta".
A la luz de este debate, reabierto por el partido de N. Sarkozy, se comprende que también muevan ficha las personas y los colectivos partidarios, hasta el presente, de una aplicación "integral", "estricta", "exigente", "a la antigua" o "normal" de la ley de 1905 y, por tanto, de la separación entre el Estado y las diferentes religiones.
El "código" de la UMP parece dejarles con un campo de actuación muy limitado. La respuesta de los tradicionalmente partidarios de la separación "estricta" es doble: una primera, integrada por los francmasones y los herederos de su aplicación "excluyente" y otra segunda, constituida por quienes se decantan por superar los reajustes distorsionados que se han dado de la misma y prefieren que se interprete de manera "estricta, "integral" o "exigente".
Los francmasones y los "excluyentes" de la primera época son firmes partidarios de denunciar el Concordato actualmente vigente en Alsacia y Mosela entre Francia y la Santa Sede. Y lo hacen en coherencia con el juicio que les merecen las religiones: son malas intrínsecamente. Por ello, se ha de limitar su influencia, dejándolas recluidas en el ámbito de las convicciones individuales y en la esfera de lo privado. En conformidad con este diagnóstico, se oponen frontalmente a su reconocimiento oficial o a que se establezcan relaciones regladas con ellas.
Son, como se puede colegir del análisis y de las propuestas formuladas, firmes partidarios de que la separación entre las diferentes iglesias y el Estado sea total, argumentando para ello que nadie está autorizado para intervenir en el foro íntimo de cada persona.
Los partidarios de una laicidad "estricta", "integral" o "exigente" forman un colectivo cuyas voces más significativas son -además de F. Hollande- Manuel Valls y Jean Glavany. Los tres, en este caso, miembros del partido socialista francés.
François Hollande, partidario de una laicidad "estricta" (que algunos de sus más allegados califican como "normal") es quien abre el debate sobre la "constitucionalización" de la ley de 1905.
Queda por ver si dicha propuesta ha sido un guiño electoral a la izquierda de la izquierda (y a su deseo de desatar los viejos demonios del anticlericalismo o, como se dice hoy, de la "cristianofobia") y cuál va a ser su recorrido legislativo, en el caso de que lo tenga.
El hecho de que se haya manifestado contrario en un momento posterior a denunciar el Concordato de Alsacia y Mosela (decisión que se deduciría irremediablemente de su propuesta de constitucionalizar la ley de 1905) lleva a pensar que lo que realmente pretende es activar (como han defendido Manuel Valls y Jean Glavany, entre otros, dentro del partido socialista francés) una interpretación "estricta" del articulo segundo de la ley de 1905: "la República no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…". Buscaría recuperar el espíritu y la letra -en el marco de una exégesis "exigente"- de dicho artículo segundo, algo que los partidarios de una aplicación "abierta", "liberal", "creativa" o "moderna" han consentido que se pierda.
No se puede ignorar que el nuevo presidente de la república francesa también ha prometido retocar la ley Carle sobre la financiación de los colegios privados o todo lo referido al "halal" en los comedores y los horarios de piscina para las mujeres…, cuestiones en las que los partidarios de una "laicidad integral" (pero no sólo ellos) entienden que el Estado ha de seguir empleándose a fondo.
Finalmente, conviene tener presente lo que F. Hollande declaraba el 29 de abril de 2012 en Bercy: el entonces candidato a la presidencia se comprometía a respetar la libertad de conciencia como principio fundamental de la convivencia, pero pedía, a renglón seguido (algo que casi sonaba como contrapartida) que las religiones "no interfirieran en el debate público"
Manuel Valls, ministro del Interior (y encargado de los cultos), ha venido defendiendo lo que ha definido como "laicidad exigente". El 18 de marzo de 2012 manifestaba, dirigiéndose a la comunidad judía, que "la laicidad no es la negación de lo religioso, no es la cerrazón a lo sagrado y a lo espiritual. La laicidad es un equilibrio permanente y difícil entre la neutralidad del Estado, la libertad de conciencia y el pluralismo". Por eso, sostenía, el único calificativo que se puede aplicar a la laicidad es el de "exigente", porque "la laicidad es un principio con el que no se transige".
Al decir de sus críticos, la suya es una laicidad que, sin estar formalmente cerrada a lo espiritual y a lo sagrado, acaba recluyendo las religiones y sus manifestaciones -sobre todo, las islámicas- en la esfera de lo privado. Es una valoración que vendría avalada por su trayectoria política: fue uno de los catorce diputados socialistas que en 2010 votó a favor de la ley que prohibía el velo integral en el espacio público. Fue quien también apoyó públicamente a la dirección de la casa cuna Babyloup cuando se opuso a que una de sus empleadas llevara el pañuelo islámico y fue quien, igualmente, se pronunció a favor de prohibir que las madres esperaran a sus hijos con el rostro oculto por el velo a la salida de los colegios.
Éstos y otros posicionamientos le han granjeado una imagen negativa en la comunidad islámica. Algunos de sus interlocutores, mientras fue alcalde en Evry, le ven como un "laico obstinado" y otros como un hombre ferozmente opuesto al comunitarismo islámico ("las religiones pueden tener un sitio simbólico en la vida de la ciudad, pero nada más"). A diferencia de estos críticos, una persona cercana resume su trayectoria en los siguientes términos: "mientras que ante el Islam los políticos franceses tienden a hacer demasiado o no suficiente, Manuel Valls es menos acomplejado".
Jean Glavany abandera la comprensión "integral" de la laicidad en el partido socialista francés. Es una posición que ha dado a conocer en colaboración con otros militantes: "La laïcité: un combat pour la paix" (2011) y "Laïcité: les deus points sur le i" (2012).
Comparte la propuesta de F. Hollande de constitucionalizar la ley de 1905 porque permitiría evaluar la evolución experimentada por dicha ley desde su aprobación. Y, sobre todo, porque ayudaría a superar la deformación experimentada por la aplicación del articulo segundo. Esto es algo que, por ejemplo, se puede constatar en la ley del mecenazgo de 1987, una ley que -al decir de J. Glavany- puso fin a la laicidad fiscal.
Por eso, insiste en ser particularmente rigurosos en todo lo referido a la financiación de las religiones y reivindica, concretamente, que no se subvencione ni se pague (como sucede actualmente en Alsacia y Mosela) culto alguno. Sin embargo, se manifiesta partidario de que el Estado corra con los gastos derivados de la renovación de los lugares sagrados considerados monumentos históricos.
Finalmente, lamenta que F. Hollande no se haya comprometido a denunciar el Concordato que vincula al Estado Francés y a la religión Católica en el Alsacia-Mosela.
En conclusión
Tanto F. Hollande como M. Valls y J. Glavany se ubican en la órbita de los partidarios de una interpretación y aplicación "estricta", "exigente" o "integral" de la ley de 1905 con el fin de superar la más "abierta" "creativa" y "liberal" que ha venido consolidándose en los últimos decenios, y a pesar de haber sido impulsada, incluso, por gobiernos de su propia formación política.
Sin embargo, es una posición no exenta de contradicciones y riesgos. Y, probablemente, el menor de ellos no sea el peligro que algunos perciben de regresar a una situación que se creía felizmente superada, sino, sobre todo, la cercanía que otros muchos constatan entre esta concepción de la laicidad (particularmente, en el caso de M. Valls) con la lectura que de la misma también está haciendo la extrema derecha francesa (el Frente Nacional) y algunos sectores de la misma UMP de N. Sarkozy.
