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Activistas contra el aborto participan en una protesta, pidiendo la prohibición de los abortos químicos

[EEUU] 17 fiscales generales de EE.UU., avisan a Google de investigaciones si censura a los movimientos antiabortistas

Todos son republicanos de diferentes Estados que advierten que el buscador podría cometer delitos de discriminación, en contra de la libertad religiosa y ser investigado por su monopolio

Son 17 fiscales republicanos. 17 hombres de la justicia que advierten a Google de que no se quedarán de brazos cruzados y adoptarán medidas contra el Gigante tecnológico si se atreve a censurar las búsquedas de los movimientos provida.

Las consecuencias inmediatas consistirían en abrir investigaciones sobre, «si esta supresión viola las leyes antimonopolio de los Estados Unidos y nuestros Estados», «si la conducta de Google equivale a un acto ilegal de discriminación religiosa» y «considerar si se necesita legislación adicional, como reglas de no discriminación».

El fiscal general republicano de Virginia, Jason Miyares, y el fiscal general republicano de Kentucky, Daniel Cameron, junto con otros 15 fiscales generales estatales, escribieron una carta al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai donde amenazan a la compañía de consecuencias judiciales si atienden las demandas de los demócratas.

Los diputados del partido de Joe Biden instaron a Google a «adoptar medidas» para eliminar de las búsquedas, los centros de embarazo pro-vida para consultas sobre clínicas de aborto y píldoras abortivas.

The Christian Post recoge en su web que los legisladores demócratas buscan, según ellos, «limitar la aparición de clínicas falsas contra el aborto» en Google Ads y en Google Maps.

Según los demócratas, los centros de embarazo pro-vida son «clínicas falsas que trafican con información errónea y no brindan servicios integrales de salud».

Estos demócratas también argumentan que las clínicas de embarazo a favor de la vida son «peligrosas para la salud de las mujeres» y que su aparición en los resultados de búsqueda «socava la integridad de los resultados de búsqueda de Google».

Cumplir con estas demandas (de los demócratas) constituiría un grave ataque al principio de la libertad de expresiónCarta de los 17 fiscales generales republicanos a Google

«Cumplir con estas demandas constituiría un grave ataque al principio de la libertad de expresión», escribieron los fiscales generales. «El ‘acceso imparcial a la información’, aunque ya no es un componente del credo corporativo de Google, sigue siendo lo que los estadounidenses esperan de su empresa”.

Algunos usuarios de Google que buscan información sobre el aborto también esperan encontrar información sobre alternativas al abortoFragmento de la carta de los fiscales generales republicanos

Los fiscales generales insisten en que «al menos algunos usuarios de Google que buscan información sobre el aborto también esperan encontrar información sobre alternativas al aborto, como lo demuestra el hecho de que su algoritmo de búsqueda, libre de la manipulación que exigen los políticos de izquierda, consistentemente produce tales resultados.»

En la misiva, los juristas advierten que «suprimir las voces pro-vida y pro-madre a instancias de los funcionarios del gobierno violaría el principio más fundamental del mercado estadounidense de ideas».

Al señalar que Google tiene «poder de monopolio en los mercados de servicios de búsqueda y publicidad en línea», la carta -recuerda The Christian Post– calificó el «despliegue de poder de monopolio para suprimir la expresión de una idea en particular», al censurar los resultados de búsqueda con información sobre centros de embarazo pro-vida como un «violación potencial antimonopolio» que es «odiosa para los ideales estadounidenses».

Los fiscales generales anunciaron las acciones que tomarían contra Google si cumpliera con la «demanda inapropiada» de los demócratas del Congreso.

Las consecuencias

«Nuestras oficinas llevarán a cabo investigaciones exhaustivas para determinar si esta supresión viola las leyes antimonopolio de los Estados Unidos y nuestros Estados; investigará si la conducta de Google equivale a un acto ilegal de discriminación religiosa según la ley estatal y considerará si se necesita legislación adicional, para proteger a los consumidores y los mercados», advirtieron.

Dicho esto, añaden: «Google tiene dos opciones: proteger la libertad del mercado de ideas o enfrentar consecuencias legales. Los consumidores estadounidenses esperan diversidad de opiniones y pensamientos», escribe Miyares en el comunicado.

«La idea de que los funcionarios electos estén abogando por la eliminación de organizaciones benéficas privadas y alentando a Google a discriminar externamente a los centros de embarazo en crisis y silenciar voces diferentes a la suya es terrible».

La carta de los demócratas

La carta del 17 de junio de los demócratas del Congreso a Pichai, redactada por el senador Mark Warner, Elissa Slotkin y otros 18 legisladores, menciona preocupaciones sobre la posible revocación -como así fue- de la sentencia Roe v. Wade de 1973. Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que legalizó el aborto en todo el país.

La Corte Suprema finalmente anuló a Roe en la decisión de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization una semana después.

La carta de los fiscales generales concluyó con una solicitud sobre si Google ha tomado o tiene la intención de tomar, «cualquier medida para tratar a los centros de embarazo en crisis de manera diferente con respecto a los resultados de búsqueda de Google, Google Ads, Google Maps o cualquier otro servicio de Google»

En caso afirmativo, exige que explique qué pasos había seguido. La carta solicitaba una respuesta a las cuestiones mencionadas en un plazo de 14 días.

Pruebas de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, clases de educación prenatal y atención postaborto y asesoramiento para la recuperaciónFragmento de un estudio mencionado por los fiscales de ONG pro vida

Los fiscales generales destacaron un estudio del Instituto pro-vida Charlotte Lozier que detalló los servicios que brindan las organizaciones que «atendieron a más de 1.8 millones de clientes en 2019, brindando servicios valorados en $ 266 millones a un costo mínimo o gratuito para sus pacientes».

Servicios de asistencia de las pro vida

Los ejemplos de tales servicios citados en la carta incluyen «ultrasonidos gratuitos, pruebas de embarazo, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, clases de educación prenatal y para padres, atención postaborto y asesoramiento para la recuperación, y pañales, ropa de bebé, asientos para automóviles y accesorios gratuitos o a precio reducido».

Estos centros de embarazo atienden a las mujeres, sin importar quiénes sean o lo que creanFragmento de la carta de los fiscales generales

Al subrayar que «estos centros de embarazo atienden a las mujeres, sin importar quiénes sean o lo que crean», los fiscales generales expresaron su preocupación porque «los ataques amenazan no solo a los afiliados a los centros, sino también a las madres que necesitan desesperadamente la asistencia de los centros.»

Bloqueo en el Congreso

Los diputados republicanos intentaron aprobar una resolución condenando los ataques contra los centros e iglesias de embarazo pro-vida esta semana, pero su esfuerzo fue bloqueado por los demócratas del Congreso.

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