NO hay ninguna razón objetiva para proponer la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como ha hecho el ministro Gallardón en cuanto el PP ha llegado a Gobierno. De hecho la nueva regulación del aborto vino a resolver un gravísimo problema que tenía nuestra legislación como era que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo estuviera recogida como una despenalización parcial de un delito y por tanto en el Código Penal.
La Ley de 1985,a la que por cierto se opuso Alianza Popular, el PP de entonces, era una ley de supuestos y permitía el aborto bajo circunstancias determinadas que en su aplicación a lo largo de todos estos años se acogía al "de peligro para la salud psíquica de la madre", un fraude que hacía que facultativos y mujeres afectadas certificaran una suerte de trastorno mental, porque era la salida más honrosa que la ley muy forzada en su redacción permitía y que dio lugar a muchos sobresaltos como que determinados jueces investigaran a mujeres y profesionales que se vieron en los tribunales y hasta condenados por mor de la inseguridad jurídica.
Las organizaciones de mujeres han luchado denodadamente a lo largo de los años por tener una mejor regulación de un problema que se inscribe en el conflicto entre la libertad de decidir de la mujer en esa situación y el derecho a la vida del nasciturus.
Pues bien está claro que ese conflicto ha sido resuelto por la Ley de 2010 que establece un sistema de plazos, como en muchos países de Europa, en lugar de la anterior ley de supuestos. Además garantiza los derechos de intimidad y dignidad de las mujeres sin desproteger la vida prenatal. El triple objetivo de la Ley es el de prevenir los embarazos no deseados, garantizar la salud sexual y reproductiva y ofrecer garantías y seguridad jurídica en caso de interrupción voluntaria del embarazo. Los datos desde su puesta en marcha arrojan un balance positivo, ya que, desde su aprobación, se ha producido una disminución en el número de abortos.
La actual Ley de Educación Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo es una norma equilibrada, meditada y contrastada, adaptada a la realidad actual y a la legislación del resto de países de nuestro entorno.
Lo inconcreto de la reforma sólo ha tenido una propuesta específica que es la imposición del permiso paterno en los embarazos de menores de 16 a 18 años, cuando actualmente sólo es prescindible en caso de "riesgo evidente de coacciones o represalias violentas" ( menos de un diez por ciento de estos casos en la práctica), eso sí mantienen la mayoría de edad penal y sanitaria en los dieciséis años.
Lo propuesto por el Ministro Gallardón es una vuelta al pasado y recorta el derecho de las mujeres a decidir sobre su gestación, su salud y su propio cuerpo. Incluso puede aumentar el número de interrupciones voluntarias de embarazo clandestinas y sin garantías jurídicas y sanitarias.
