Aprobada la ley que penaliza el acoso ante clínicas abortivas

Todos aquellos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”, serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

El Pleno del Senado ha dado luz verde a la proposición de ley que modifica el Código Penal para penalizar el acoso ante las clínicas abortistas y que solo ha tenido los votos en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). El texto queda, tras este trámite, aprobado definitivamente por las Cortes. 

Con este texto, impulsado por el PSOE, todos aquellos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”, serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.

Además, se recoge que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también será objeto de pena, así como los cambios necesarios para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de estos hechos. 

ERC y PNV buscaban reforzar y ampliar la norma

Ninguna de la docena de enmiendas que PP, PNV, EH Bildu y ERC han presentado a la norma en la Cámara alta han sido aceptadas, por lo que el texto aprobado en el Pleno es, finalmente, el mismo que salió del Congreso.

Los portavoces de los partidos nacionalistas han lamentado en su turno de intervención que estas medidas no hayan sido aceptadas. En el caso del PNV, y tal y como ha recordado su portavoz en el debate, Imanol Landa, es una iniciativa que ya intentaron incluir en la proposición de ley en el Congreso y que aplicaba una “zona de seguridad” en torno a las clínicas abortivas, para crear un “cordón de seguridad” para las mujeres que allí acudan.

Mientras EH Bildu y ERC han presentado dos propuestas relacionadas, una de ellas con la inclusión del término “persona embarazada”, para hacer la norma “transinclusiva”, según ha explicado la senadora de la formación catalana Sara Bailac; mientras que la otra enmienda tiene que ver con garantizar el secreto de las operaciones policiales en este sentido.

PP y Vox se posicionan en contra

Diferentes han sido las intervenciones de los portavoces de PP y Vox, partidos que han presentado propuestas de veto a la norma. El representante de los ‘populares’ en este debate, Fernando de Rosa, ha calificado este texto como “un ejemplo de sectarismo del PSOE y sus socios”, a los que ha acusado de “utilización partidista del Código Penal”.

En su argumentación, ha criticado que esta medida va en contra de derechos, como el de reunión, asociación o de libertad de expresión que, según ha indicado, se “consideran esenciales para el funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática”.