La Iglesia española ha pagado al menos dos millones de euros en indemnizaciones a 173 víctimas de pederastia

La cifra corresponde en su mayoría a las condenas judiciales localizadas por EL PAÍS. Las diócesis y las órdenes religiosas han recurrido a comprar el silencio de los afectados y siguen sin revelar cuántos casos de abusos han compensado.

La Iglesia católica española asegura que los casos de pederastia en su seno son muy pocos, pero aun así lo cierto es que ya se ha visto obligada a pagar al menos dos millones de euros en indemnizaciones a 173 víctimas en las últimas cuatro décadas, según el cálculo que resulta de la base de datos de EL PAÍS. Este registro, el único existente en España ante la ausencia de datos oficiales y de la Iglesia, contabiliza los casos conocidos a través de la prensa o de las sentencias judiciales que ha podido localizar este diario. Sumando los resarcimientos impuestos en estas condenas, la cifra exacta es de 2.063.728 euros. Es la única manera de calcular una cifra orientativa, porque la Iglesia se niega a revelar el número de casos que conoce, las indemnizaciones que ha pagado y a investigar los abusos del pasado. En Francia, la Iglesia ha reconocido 330.000 víctimas tras el trabajo de una comisión de investigación, y ahora afronta el pago de indemnizaciones; ha anunciado que para ello está dispuesta a vender su patrimonio inmobiliario.

Las sumas contabilizadas por este diario atañen tan solo a los casos de 43 pederastas (20 sacerdotes, 17 religiosos, dos seminaristas y cuatro laicos con cargos pastorales), y una buena parte corresponde al acuerdo alcanzado por los maristas de Cataluña con 25 familias el año pasado, que ascendió a 353.000 euros, según la orden. A la luz de la base de datos, la media por indemnización fijada en los tribunales ha sido de unos 12.000 euros, pero las cantidades son muy dispares. En algunos casos el juez estimó una cuantía de 600 euros por el daño, mientras que en otros superaba los 50.000.

Los casos compensados suponen una parte muy pequeña respecto al total de víctimas ―las conocidas en este momento ascienden a 945, según la base de datos de este diario―, porque muy pocos se denuncian, la inmensa mayoría prescriben sin llegar a juicio y solo algunas condenas de los tribunales llegan a trascender. La única cifra oficial de casos de pederastia en la Iglesia que ha dado la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pasado mes de abril, es de 220 sacerdotes denunciados internamente en España desde 2001, un dato que tuvo que pedir al Vaticano, donde deben comunicarse todas las acusaciones, porque aseguraba desconocerlo.

También sigue siendo un misterio cuántos acuerdos extrajudiciales ha alcanzado cada obispado u orden religiosa con víctimas a cambio de su silencio, una práctica que el papa Francisco prohibió en 2019. EL PAÍS desveló hace dos años que los jesuitas llegaron a pagar 72.000 euros en 2002, al margen de los tribunales, a una víctima de Salamanca que había sufrido abusos en los años ochenta. Es la suma más alta que se conoce hasta ahora, y la fijó el propio afectado basándose en los gastos de terapia que había tenido hasta ese momento.

Muchas víctimas han acusado a la Iglesia de comprar su silencio para evitar que el caso saliera a la luz, como le ocurrió a Miguel Hurtado, el joven que desveló los abusos en la abadía de Montserrat en 2019. Un juez eclesiástico confirma: “Eso comenzó a extenderse a partir de la década de los noventa y comienzos de 2000. Había dinero bajo mano con la condición sine qua non del silencio. Ese dinero se daba en negro. Se utilizaban los fondos reservados que tiene cada diócesis, pero que ¡ojo!, son para hacer el bien y no se tiene que dar cuenta de para qué se utiliza ese dinero”. Según este especialista, en estos casos los obispos cometían dos irregularidades: por un lado, comprar el silencio de víctimas y, por otro, hacer un mal uso del dinero que el obispado tenía reservado para hacer buenas acciones en caso de urgencia.

Condenas en los tribunales

Las sentencias analizadas indican que solo en tres ocasiones las indemnizaciones fueron fruto de acuerdos entre las órdenes o diócesis y las víctimas. En el resto, la Iglesia se vio obligada a hacerlo, pues fueron impuestas por condenas de los tribunales. Las sentencias recopiladas indican que solo en cuatro casos el obispado o la congregación religiosa correspondiente fue obligada a pagar la multa como responsable civil subsidiaria. Se desconoce si en el resto de casos fue la Iglesia quien abonó la suma en nombre del condenado.

El pago de indemnizaciones evidencia un hecho: si bien la Iglesia española asegura desconocer el número de casos de pederastia en el clero y que es difícil averiguarlo por sus archivos, cada una de las 70 diócesis españolas sabe las indemnizaciones que ha pagado y deben constar en su contabilidad. Además, anualmente debe transferir estos datos a la Conferencia Episcopal Española para la elaboración de su memoria económica. Pero es un dato que tampoco se desvela. Solo hay algunos casos en los que la Iglesia ha hecho públicas sus indemnizaciones, como hizo el arzobispado de Mallorca en 2016, que pagó 30.000 euros a la víctima de un cura de Can Picafort para resarcir el “daño moral” causado.

Un experto en Derecho canónico consultado por este diario afirma que la CEE tiene la potestad de reclamar directamente a cada obispo que le especifique cuánto ha gastado en indemnizar a víctimas de abusos: “Muchas diócesis siguen presentando sus balances con un apartado llamado ‘otros gastos’ donde no dan cuenta de en qué se han gastado ese porcentaje de dinero. Eso no te lo aceptan en Hacienda”, dice este especialista.

En noviembre de 2018, EL PAÍS preguntó en una entrevista al jefe de finanzas de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, cuánto había pagado la Iglesia española en resarcimientos por casos de pederastia, y respondió: “La Conferencia Episcopal ha destinado cero euros a eso que está comentando. Ha entregado cero euros a las diócesis españolas para eso”. La siguiente pregunta fue: ¿y las diócesis cuánto han pagado? “Lo desconozco”. Concluyó que, en todo caso, “la partida que pueda haber debe ser escasamente significativa en el conjunto de todas las de la Iglesia”. La CEE se reúne esta semana en asamblea plenaria y abordará de nuevo la cuestión de los abusos a menores.

Lo cierto es que la gran mayoría de las acusaciones que están emergiendo en los últimos años son del pasado y están prescritas. Es decir, las víctimas no tienen ninguna posibilidad de reparación, salvo que la Iglesia quiera hacerlo voluntariamente. De ella depende tomar la iniciativa de reconocer el daño causado y compensar a los afectados. En todo el mundo católico se está dando ese paso, salvo en España e Italia, que prefieren seguir negando el problema. Portugal era el tercer país que actuaba así, pero esta semana acaba de virar de rumbo y ha anunciado la creación de una comisión de investigación.

50.000 euros a cada víctima en Alemania; 71.000 en Australia

La negativa de la Iglesia española a investigar la pederastia y la opacidad con que oculta los datos se debe al miedo a tener que pagar por ello, apunta el juez canonista consultado por EL PAÍS. “Lo que más preocupa [a la mayoría de obispos] es el tema económico, pero saben que el futuro es pagar. Y cuanto menos lo hagan, mejor. Por eso, muchas diócesis están contratando bufetes de abogados para preparar la defensa ante las responsabilidades económicas que se deriven de las condenas. Para intentar bajar todo lo posible la cantidad”.

La cuantía que la Iglesia española puede llegar a pagar en indemnizaciones, si llega a dar el paso, puede ser muy alta. Si se toma como ejemplo la suma que fijó la Conferencia Episcopal Alemana, 50.000 euros por víctima, y el número de afectados que no han recibido una compensación contabilizados por EL PAÍS, la cifra alcanzaría los 45 millones de euros. En Australia, que en 2020 realizó 2.504 pagos a través del Plan Nacional de Indemnización del Gobierno, la media es de casi 82.000 dólares por víctima (unos 71.000 euros).

Gemma Varona, investigadora doctora permanente del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, y coautora del primer estudio académico sobre la pederastia en la Iglesia española, presentado este año, cree que las iniciativas de indemnización “tienen que ser procesos muy transparentes”. “Se debe dejar bien claro, para todas las víctimas, que se está ofreciendo en condiciones de igualdad, y deben ser conscientes de que esa forma de reparar a través del dinero es en todo caso insuficiente y se tienen que abrir otras formas de reparación, más simbólicas y públicas”, explica.

En España se empiezan a dar pasos, pero los pocos acuerdos de indemnización que se han conocido revelan cifras muy bajas, en comparación con otros países. Los jesuitas fueron la primera orden religiosa en España que anunció que pagaría indemnizaciones a todas las víctimas, en enero de 2021. Según ha revelado EL PAÍS, negocia con los afectados a través de un tarifario en función de la gravedad con que valoran el abuso: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000 alta. Cantidades “humillantes” para las víctimas, a quienes además se imponen cláusulas de silencio.

La Compañía de Jesús explicó que “para establecer las cantidades se ha buscado la correspondencia con casos similares resueltos judicialmente”. Y lo cierto es que, como muestran las sentencias contabilizadas por EL PAÍS, las indemnizaciones de los tribunales españoles son muy bajas. Varona explica que “se está fijando una baremación que es la de los accidentes de tráfico, lo que se usa en la justicia penal, según el daño, las secuelas”.

Opina que un sistema de este tipo al menos garantiza a las víctimas que son tratadas por igual y no hay acuerdos secretos, pero “el problema es que se tiende a fijar un mínimo, y sobre eso, ir añadiendo sumas en virtud de las secuelas que se puedan probar, y esto en el caso de las víctimas de abusos, es muy complicado”. “Además queda siempre el problema de transmitir que ese tipo de daño no se puede compensar con dinero, nunca es suficiente, siempre va a tener que haber algún tipo de reparación simbólica, y esto es muy importante, porque si no ese dinero puede incluso resultar insultante a las víctimas”, explica.

“Con esto vas a vivir toda la vida”

José Luis Pérez, una de las víctimas del colegio de los Reparadores en Puente La Reina, Navarra, lo corrobora: “Todos los millones del mundo no pueden sanar el sufrimiento que hemos vivido, porque te das cuenta de que con esto vas a vivir toda la vida, que no lo vas a olvidar nunca y que estás marcado hasta el final de tus días. Y no pensabas que iba a ser tan largo, que te iba a afectar a tu salud de forma tan grave, como nos está pasando a muchos”. Por eso, además del dinero, él valora los gestos, como la actitud de la Iglesia de Francia: “Luego ves la de aquí, que está a años luz, y es muy duro”.

En Navarra, donde han surgido decenas de casos en los últimos años y se constituyó una asociación de víctimas muy activa, una de ellas ha intentado un camino aún poco explorado en España: obtener una indemnización a través de la vía civil, en un caso ya prescrito para la justicia penal. Ha sido uno de los exalumnos de los Reparadores de Puente La Reina, que esgrimió las secuelas que le habían dejado los abusos, sufridos en los años setenta. Otra víctima del mismo centro, Mikel Eziolatza, aceptó testificar a su favor, y lo recuerda con frustración: “No sirvió de nada, después de tantos años es imposible demostrar unos abusos, solo tienes tu palabra, y la jueza no quiso entrar en eso, decidió que no quedaba debidamente acreditado que los daños derivaran de los abusos”. La sentencia desestimó la demanda en abril.

En Navarra, al menos, el Gobierno foral se ha implicado en la atención a las víctimas de la pederastia en la Iglesia y, entre otras medidas, les ha facilitado terapia psicológica gratuita. El Parlamento regional aprobó por unanimidad una resolución para investigar el fenómeno y el departamento de Justicia encargó a la universidad un informe sobre su dimensión, con un recuento de casos, en el que está trabajando.

Porque es otra cara del problema: la Iglesia no hace nada, pero las instituciones, tampoco. El de Navarra es uno de los pocos casos en España en que una entidad pública ha tomado alguna iniciativa. En Cataluña, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, también creó en 2019 una comisión de reparación y en 2020 elaboró un informe con recomendaciones al Parlament. Entre ellas, crear una comisión de investigación e indemnizar a las víctimas.

En enero de este año, los obispos españoles anunciaron por primera vez que las diócesis estudiarán compensaciones económicas con las víctimas que se dirijan a ellas, aunque evaluarán caso por caso. “En la medida que haya necesidad de trabajo de terapia y acompañamiento, no como un criterio general, ni como un fondo abierto, sino desde la relación personal con las personas que puedan estar en esas situaciones”, dijo Luis Argüello, portavoz y secretario general de la CEE. En realidad, según el código canónico, la Iglesia está obligada a indemnizar a las víctimas de abusos, independientemente de si el agresor ha fallecido. Pero en España raramente lo cumple.