Tras pedírselo el Papa a Zapatero, el Ejecutivo dice que por ahora se centrará en economía
El Gobierno ha decidido retrasar el envío a las Cortes el proyecto de Ley de Libertad Religiosa, como mínimo, hasta después del verano. Lo hizo público ayer, un día después de que el Papa se lo pidiera a José Luis Rodríguez Zapatero durante una audiencia en El Vaticano.
Fuentes del Ejecutivo señalan que no hay relación causa-efecto y que el retraso sólo se debe a que el Consejo de Ministros va a a estar está volcado los meses de junio y julio en luchar contra la crisis, pero lo cierto es que ya no se va a cumplir el compromiso parlamentario de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de enviar el proyecto al Congreso durante este período de sesiones parlamentarias, es decir, antes de agosto.
Y desde septiembre a finales de año, en el próximo período de sesiones parlamentarias, es improbable que el Gobierno se decida a poner en marcha el mecanismo legislativo —remitir el anteproyecto de ley al Consejo de Estado— porque Benedicto XVI asistirá en Barcelona y Santiago de Compostela, los días 6 y 7 de noviembre, respectivamente, a la consagración de la Iglesia de la Sagrada Familia y al Camino de Santiago en Año Santo. Varias fuentes consultadas coincidieron hace semanas en señalar que el Gobierno «por cortesía diplomática», no va a incomodar esa visita haciendo que su desarrollo coincida con un debate público en España sobre un tema que incomoda a la Iglesia Católica».
Lo más probable es que el Ejecutivo y el PSOE esperen a 2011 para cumplir el compromiso electoral de reformar la vigente (que es de 1980) para regular los derechos de lo que en el ámbito socialista se denomina «los nuevos españoles», inmigrantes musulmanes, judíos e incluso cristianos ortodoxos y protestantes.
Uno de los aspectos más polémico, la retirada de simbología religiosa de los edificios públicos, queda de momento aparcado. El Ejecutivo ha manejado en estos meses dos opciones: hacer una ley más general, y dejar esa polémica para un posterior reglamento, o incluirlo en el texto general. De todas formas, el Gobierno ya ha dado un paso en su ofensiva laicista con la reciente reforma del Reglamento de Honores Militares (1984) que establece, entre otras cosas, que los funerales por los fallecidos en acto de servicio, serán los únicos actos religiosos obligatorios. Además se suprimen los «Honores al Santísimo Cristo», como puso de manifiesto la polémica que estalló el pasado 4 de junio en la celebración del Corpus en Toledo, y se abre la posibilidad de celebrar funerales de Estado por otros ritos no católicos.
La futura Ley de Libertad Religiosa pretende regular también la cesión de terrenos de uso público a las distintas confesiones con arraigo, por parte de los ayuntamientos, y el descanso semanal de ciudadanos cuya festividad religiosa no sea el domingo; por ejemplo, el viernes de Oración para los musulmanes, o el sábado «sabbath» judío.
Rechazo de la Iglesia
Aunque la Audiencia de Zapatero con el Papa y su posterior entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, discurrieron por el camino de la cordialidad diplomática, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha mostrado en los últimos meses su disconformidad con el cambio de una ley que en 30 años se ha demostrado útil. «¿A qué viene esto? ¿Para qué esta nueva ley? No encontramos respuesta», ha dicho el presidente de la CEE, cardenal Antonio María Rouco Varela. Y recientemente el portavoz de la Conferencia, monseñor Martínez Camino, ha advertido que «los símbolos religiosos no son algo del ámbito privado».
