El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio sobre las inmatriculaciones que ha llevado a cabo durante los últimos años la Iglesia católica en Cataluña.
Según ha informado hoy el Síndic en un comunicado, la investigación hará un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que el pasado día 23 de julio denunció públicamente que la Iglesia católica había inscrito 3.722 inmuebles a su nombre en Cataluña, sin ningún título que acredite su propiedad.
De acuerdo con la legislación vigente hasta hace pocos años, la Iglesia católica inscribió a su favor en el Registro de la Propiedad fincas, terrenos y edificaciones, mediante un procedimiento extraordinario y excepcional de inmatriculación registral, que permitía inscribir la propiedad de inmuebles con una certificación de titularidad emitida por un cargo o autoridad de la misma Iglesia.
Información específica
El Departamento de Justicia hizo públicos hace un mes datos sobre las inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica hechas con este procedimiento excepcional en Cataluña y las cifró en 3.722, entre fincas rústicas (41 %), templos, ermitas, cementerios, capillas y santuarios (50 %) u otros edificios, como rectorías, garajes o palacios (9 %).
El arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, salió al paso de la información y defendió que la Iglesia «no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad» y que las inmatriculaciones se han hecho en Cataluña «siempre legalmente y nunca se ha vulnerado la ley, de ninguna manera».
Más allá de los datos publicados, el Síndic ha vuelto a pedir al Departamento de Justicia información específica sobre el estudio de inmatriculaciones y sobre otras actuaciones que haya llevado a cabo con relación a esta cuestión.
Nota de prensa del Síndic:
El Síndic estudia de oficio las inmatriculaciones de la Iglesia
Se realizará un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
Ambos gobiernos, Estado y Generalitat, tienen pendiente la elaboración de un estudio específico
El Síndic ha abierto una actuación de oficio, que da continuidad a las actuaciones iniciadas previamente a partir de quejas de la ciudadanía, para hacer el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en relación con las inscripciones de la Iglesia eralizadas con el procedimiento extraordinario de inmatriculación registral.
En el marco de la legislación vigente hasta hace pocos años, la Iglesia católica inscribió a su favor en el Registro de la Propiedad fincas, terrenos y edificaciones, mediante un procedimiento extraordinario y excepcional de inmatriculación registral, que permitía inscribir la propiedad de inmuebles con una certificación de titularidad emitida por cargo o autoridad de la propia Iglesia.
El Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de julio datos sobre las inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica hechas con este procedimiento excepcional en Cataluña. Más allá de los datos publicados, el Síndic ha vuelto a solicitar recientemente al Departamento información específicamente sobre el estudio de inmatriculaciones que debe elaborar en cumplimiento de la Resolución del Parlamento de Cataluña 491/XII, de 4 de julio de 2019, y sobre otras actuaciones que haya llevado a cabo en relación con esta cuestión.
En concreto, la Resolución del Parlamento de Cataluña constata que el Gobierno del Estado no ha cumplido lo establecido en la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso el 4 de abril de 2017 (exp. núm. 161/001437), que solicitaba la elaboración, en el plazo improrrogable de seis meses, de un estudio sobre los bienes inmatriculados en favor de la Iglesia católica desde 1998, y la revisión de las inmatriculaciones realizadas sin la existencia de un título material y previo que justificara la titularidad del derecho real correspondiente. Entre otras cosas, el Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat a reclamar al Gobierno del Estado la elaboración urgente del estudio establecido por la proposición no de ley, y el envío de este estudio a la Generalitat, en cuanto a los inmuebles situados en el territorio de Cataluña, y a reclamarle, asimismo, el cumplimiento íntegro de dicha proposición no de ley.
