El Gobierno aprobó la semana pasada una propuesta de ley para una nueva ley educativa y los partidos que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, se preparan para enmendarla en cuanto llegue al Congreso. En ambos casos, algunas de las enmiendas se dirigirán hacia una misma diana, la escuela concertada, a la que uno y otro quieren retirar la financiación pública si reparten beneficios o si segregan por sexo o por condiciones como el origen de los alumnos o necesidades educativas especiales.
Si se aprueban en el Congreso, estas enmiendas cambiarán los requisitos por los que hoy se concede o se mantiene un concierto educativo. Aunque no fuera así, su mera presentación augura el enfrentamiento entre el Gobierno y PP, Vox y Ciudadanos de cara a la nueva ley de Educación, la llamada Ley Celaá, que derogará la LOMCE. Estos tres partidos consideran que todo intento de tocar la escuela concertada supone mermar la libertad de los padres para educar a sus hijos de la manera que elijan. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, niega cualquier animadversión contra la educación concertada y asegura no tenerla toda en contra, porque “de su parte” a muchos actores de un sector que ya el año pasado se vio afectado por conversión de la asignatura de Religión en una materia totalmente optativa, sin asignatura espejo que deban cursar quienes no la eligen.
Nada más aprobarse el proyecto de ley la semana pasada, Unidas Podemos anunció que presentaría una enmienda para hacer cumplir lo que aparece en el acuerdo de Gobierno de coalición, donde los dos partidos se comprometieron a “impedir la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.
Frente a esto, la propuesta de ley para derogar la LOMCE contempla un compromiso menor. Se apuesta por la educación en igualdad y por la no separación de alumnos y alumnas pero, en lugar de retirar fondos a los centros que lo hagan, opta por favorecer a los concertados que no lo hagan.
Fuentes socialistas del Gobierno mantienen esta segunda opción y, sin poder confirmar todavía qué votarán los socialistas a esa enmienda de Unidas Podemos, lo cierto es que dan por seguro que saldrá adelante.
Mientras, lo que sí está claro es que el PSOE prepara sus enmiendas a su propia propuesta legislativa, alguna también con la diana puesta en los centros concertados con discusiones que se intensificarán este lunes. Celaá se ha reunido este lunes con los consejeros de Educación del PSOE, secretarios generales de Educación de las comunidades gobernadas por el PSOE y los portavoces de Educación del Congreso, Senado y parlamentos autonómicos.
La ministra ya tiene decidido que una de las enmiendas a su propio proyecto de ley se dirigirá a acabar con lo que el Gobierno considera “falsos” centros concertados, aquellos colegios que actúan como una empresa, que reciben fondos públicos -a través de los conciertos- y después reparten beneficios. Celaá ya advirtió contra este modelo de negocio con fondos públicos durante una comparecencia ante la comisión de Educación en el Congreso y el PSOE actuará contra ellos por medio de una enmienda.
Espera así modificar una propuesta legislativa que, aunque es del PSOE, en el Gobierno se admite que nació obsoleta. Esto es así porque el Consejo de Ministros la aprobó por primera vez en la pasada legislatura, en febrero. Sin embargo, poco después se convocaron las elecciones del 28 de abril, el Gobierno quedó en funciones y no volvió a tener una actividad ordinaria hasta que ya no era del PSOE, sino de coalición, con un acuerdo que se comprometía a eliminar los conciertos para centro que segreguen.
Celaá defiende ahora la otra fórmula -la de favorecer a los que no-, aunque que no se incluya el compromiso de la coalición tiene más que ver con una cuestión de tiempo. El Gobierno optó por no modificar ahora el proyecto de ley que aprobó por primera vez el año pasado para que no tuviera que esperar de nuevo a un nuevo informe del Consejo de Estado, lo que retrasaría su tramitación parlamentaria. La modernización del texto llegaría por medio de enmiendas, como las que ahora preparan el PSOE y Unidas Podemos contra algunos centros concertados.