Murcia está vulnerando «el derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española» con las instrucciones dadas a los centros para que apliquen el veto parental de Vox, que «contravienen igualmente diversos tratados internacionales ratificados por España (…) y suponen establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley».
El requerimiento que el Ministerio de Educación envió al Gobierno murciano el pasado viernes para que derogue las instrucciones que ha dado a los centros para que instauren la censura que promueve Vox a ciertas actividades, le recuerda al Gobierno del popular Fernando López Miras que dichas instrucciones no solo van contra estos convenios y contra la LOMCE, sino incluso contra su propia normativa en el decreto 198/2014, que establece el currículo en la región.
La ministra Celaá ya había advertido a Murcia en la mañana de este lunes que tiene un mes para derogar las instrucciones. Entre estas indicaciones, enviadas a los colegios el pasado agosto pero que no se han conocido públicamente hasta ahora, figura que «de todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias (…) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».
Educación tiene claro que esto no es legal. «Las referidas instrucciones exceden del ámbito propio de las instrucciones u órdenes de servicio, teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mero ámbito autoorganizativo interno», señala el ministerio.
Y recuerda que «la toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual corresponde, exclusivamente, a los centros (claustro y director/a)», para cerrar: «Estas actividades (…) han de ser evaluables a efectos académicos y obligatorias, únicamente tendrán carácter voluntario para el alumnado cuando se realicen fuera del centro o precisen de aportación económica».
El Ejecutivo murciano no parece muy preocupado con el requerimiento de Madrid ni el ultimátum de Celaá. Según el documento con los cambios que se pretenden implementar de cara al próximo curso, al que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia, no solo no se paralizarán las instrucciones de septiembre, sino que el Gobierno sigue adelante con la reforma de los decretos que blindarán la posibilidad de vetar las actividades complementarias. La propuesta del ejecutivo contempla que si los padres, madres o tutores legales no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito para realizar una actividad «se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades».
El Gobierno de Murcia baraja endurecer el veto parental pese a las dudas sobre su legalidad
El Gobierno de Murcia lleva varios días trabajando en modificaciones de los decretos educativos para encontrar encaje al endurecimiento del veto parental, acordado con Vox para sacar adelante los presupuestos regionales. Mientras tanto, la ministra Isabel Celáa ha dado un mes al Ejecutivo murciano para dar marcha atrás en el veto parental antes de acudir a los tribunales. Los cambios introducidos en los decretos, uno por cada nivel educativo, amplían la solicitud de permisos parentales. Hasta septiembre, en la Región de Murcia solo requería una autorización de los padres para las actividades que se realizaran fuera del centro o que costaran dinero.
El Gobierno regional propone, ahora a través de decretos, que también se pida en aquellas actividades que «sean impartidas por personas ajenas al claustro del centro cuando los padres, madres o representantes legales del alumno no presten su consentimiento».
Fuentes del Gobierno regional han señalado a este medio que la introducción del veto parental como decreto no ha formado parte de la negociación para aprobar los presupuestos. Y desconocen, aseguran, el contenido de este documento.
La propuesta del Ejecutivo murciano estipula, además, que si los padres, madres o tutores legales no entregaran en el centro educativo este documento «se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades».
En el nuevo modelo de autorización propuesto se tendría que especificar la denominación de la actividad, sus contenidos y objetivos, el nombre y titulación del responsable de impartirla, la entidad responsable de su desarrollo, así como los materiales a emplear, «en su caso».
La reforma de los decretos no es tarea sencilla, según fuentes consultadas. Para poder llegar al consejo de gobierno tienen que tener luz verde los servicios jurídicos de la Comunidad. «Todas estas actuaciones son una huida hacia adelante para alimentar a Vox, no tienen futuro real», aseguran las mismas fuentes al tiempo que pronostican «un cisma» entre PP y su socio de Gobierno, Ciudadanos, en caso de que llegue a consejo de gobierno.
Ciudadanos ha rechazado hacer valoraciones sobre el borrador elaborado por el Gobierno regional: «No tenemos constancia oficial del documento, por lo que no tenemos nada que aportar». También han defendido que con el acuerdo de presupuestos firmado pusieron freno al veto parental tal y como lo exige Vox, y han recordado que solicitarán a los servicios jurídicos que se pronuncien sobre la legalidad de la instrucción vigente y ponen en duda que la instrucción de Educación haya pasado por esos trámites de manera oficial.
La instrucción «cuenta ya con los informes preceptivos»
La consejera de Educación (del PP) del Ejecutivo murciano, María Esperanza Moreno, ha insistido en que las instrucciones que emitieron en septiembre entran en el marco de la legalidad. «Todas las actuaciones que se llevan a cabo desde este departamento cuentan siempre con los informes preceptivos, así lo exige la Comunidad autónoma y no podría ser de otra forma».
La instrucción, ha recordado, «lleva en marcha desde septiembre, no es nada nuevo; es algo que ya estaba funcionando» y hasta ahora, ha dicho, no había generado ningún problema. Se refiere «simplemente a aquellas actividades impartidas por profesorado externo al centro educativo; creemos en el buen hacer de nuestros profesores pero como no son profesores los que los imparten creemos en la libertad de las familias para que puedan decidir si sus hijos asisten a las charlas o no».
En cuanto al requerimiento del Ministerio de Educación sobre esta instrucción, la consejera murciana ha dicho que «lo estamos valorando de forma técnica» para ver si se ajusta o no a derecho y no se plantean por el momento paralizar la instrucción emitida en septiembre, aunque «sería lo más sensato», insisten fuentes del Ministerio.
Fuentes de Vox Murcia han confirmado a este periódico que las actuaciones para implantar el veto parental sigue para adelante, entienden que pronto pasarán los decretos por el Consejo de Gobierno porque es el compromiso que está pactado aquí en Murcia. «Si se va a exportar a otras Comunidades excede de mi competencia pero dependerá de cómo esté legislado en cada región, la intención de Vox siempre ha sido implantar el pin parental, así está en el punto 63 de nuestras 100 medidas».
Las instrucciones que se dieron a principio de curso «escondían la obligación de aceptar la actividad y la capacidad de aceptar la actividad y vetarla por los padres; es ilegal pero era una manera de iniciar el camino hacia la reforma de los decretos curriculares», asegura Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Región de Murcia.
Lo «grave», considera Tornel, es que el PP está actuando contra la Lonce, «y no está respetando lo que dice su propia ley sobre la formación en valores, la tolerancia, la diversidad o el respeto al diferente; esta ley precisamente fue la que eliminó el derecho de los padres a votar las programaciones en los centros y la posibilidad de que interviniesen en la elección de los directores».