Después de investigar un millonario negocio inmobiliario en Londres, los fiscales del Vaticano habrían descubierto algo más escandaloso: que la Secretaría de Estado maneja de manera turbia fondos del Óbolo de San Pedro, el dinero que llega en beneficiencia y que en teoría debería estar destinado a obras de caridad.
Parece ser mucho más que un Vatileaks, como se llamó el escándalo por fuga de documentos reservados que sacudió el pontificado de Benedicto XVI. A días de la intempestiva salida del responsable de la seguridad del Papa, Domenico Giani, por la filtración de un documento confidencial interno relacionado con un nuevo escándalo financiero que se está investigando, hoy ocurrió una filtración aún mayor y de repercusiones devastadoras.
El semanario L’Espresso obtuvo las 16 páginas del sumario secreto de la magistratura vaticana con la que realizó el 1 de octubre pasado un allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Estado. Los fiscales del Vaticano, que investigan operaciones financieras irregulares realizadas justamente por este dicasterio habrían descubierto una operación financiera escandalosa: que l a Secretaría de Estado maneja de manera turbia fondos del Óbolo de San Pedro -el dinero que llega en beneficiencia, en teoría destinado a obras de caridad-, por una suma de 650 millones de dólares.
Otra vez fue el periodista de L’Espresso, Emiliano Fittipaldi, quien obtuvo papeles reservados delicados. Ya el 2 de octubre pasado a él le habían filtrado el memo interno de la Gendarmería vaticana que daba cuenta de la prohibición de entrar al Vaticano a cinco funcionarios de la Secretaría de Estado suspendidos justamente por esta investigación. Esa filtración fue considerada por Francisco «un pecado mortal» porque destruyó la reputación de personas al momento ni siquiera procesadas y le costó el puesto a Giani, el ex ángel de la guarda de Francisco.
«Es evidente que la Santa Sede se encuentra frente a un escándalo que tiene pocos precedentes en la historia reciente», escribió Fittipaldi, que no dudó en definir sus hallazgos como «un tsunami devastador». El periodista aseguró que los investigadores del Papa, Gian Piero Milano y Alessandro Diddi, piensan que han identificado «graves indicios de peculado, fraude, abuso de poder, reciclaje y autoreciclaje», mientras que otro informe del revisor general del Vaticano, también caído en sus manos, planteó «gravísimos delitos como apropiación indebida y corrupción».
Un escándalo sin precedentes
Los negocios que terminaron bajo la lupa salpican al influyente cardenal italiano Angelo Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el número tres de la Santa Sede desde 2011 hasta mediados de 2018, cuando el Papa lo reemplazó por el venezolano Edgar Peña Parra y lo desplazó a la Congregación para las Causas de los Santos. El exsecretario privado de Becciu, don Mauro Carlino es uno de los cinco funcionarios suspendidos. También resulta involucrado Peña Parra, pero en menor escala y para intentar de arreglar las irregularidades cometidas por su antecesor.
Lo más inquietante es que la investigación de la magistratura vaticana -en la que aparecen consultores financieros italianos que cobran impactantes comisiones-, revela que la Secretaría de Estado posee y maneja fondos extra-balance gigantescos, de nada menos que 650 millones de euros, «que derivan en máxima parte de las donaciones recibidad por el Santo Padre para obras de caridad y para el sustentamiento de la curia romana». «Se trata del Óbolo de San Pedro, que debería destinarse a los pobres y que en cambio el Vaticano invierte en arriesgadas operaciones especulativas», denuncia Fittipaldi, que detalla que el 77% de ese patrimonio se encuentra en las filiales del Credit Suisse. Según la oficina del revisor general, aproximadamente 500 millones de euros terminaron en operaciones financieras con «vistosas irregularidades» que «abren escenarios inquietantes».
Según L’Espresso, el escándalo financiero se remonta a tiempos anteriores a Francisco. Todo comenzó a finales de 2012, a partir de una operación del número dos de Benedicto XVI, papa emérito, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado y su sustituto, Becciu. Entonces surgió la idea de invertir 250 millones de dólares en una plataforma petrolera frente a Angola -país africano donde Becciu había sido nuncio (embajador de la Santa Sede). Ese negocio no prosperó por considerarlo «anti-económico». Pero Raffaele Mincione, un broker amigo de los purpurados, les aconsejó invertir en una edificio en Sloane Avenue, Londres -un ex depósito de Harrods de 17 mil metros cuadrados-. La idea era transformar el espacio comercial en un lugar residencial de unos cincuenta departamentos de lujo. La inversión se hizo a través de fondos luxemburgueses, pero las cosas no funcionaron, también por culpa del Brexit.
Fue justamente para arreglar esa mala inversión que el sucesor de Becciu, el venezolano Peña Parra, en junio de este año le pidió 150 millones de euros al Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano. Su director, Gianfranco Mammí, rechazó el pedido e hizo que, con el aval del Papa, la magistratura del Vaticano comenzara en julio una investigación penal explosiva. Aunque aún no ha terminado, involucró también a la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano, el ente encargado de vigilar que no haya movimientos de dinero sospechosos. Otro funcionario en vista suspendido, de hecho, es su director, Tommaso Di Ruzza.
L’Espresso relata minuciosamente la existencia de más fondos y la aparición de otro broker, Gianluigi Torzi, que habría recibido una comisión millonaria. Señala que los documentos secretos obtenidos -quizás a través de los abogados de las personas implicadas- corren el riesgo de ser usados para «rendiciones de cuenta» internas. Y concluye que «para Francisco no será fácil, ante el nuevo escándalo, orientarse entre enemigos verdaderos, falsos amigos, buenos y malos consejeros».
