El hecho de que la iglesia católica ejerza una presión social ante la intención de legislar en cuanto al tema del aborto, atenta contra el estado laico que se establece en la Constitución Política de México, aseveró Araceli González Saavedra, coordinadora de la Articulación Interestatal por el Derecho a Decidir.
Al fijar la Arquidiócesis de Xalapa una postura ante el debate y resolución de las leyes de este tema en otros estados de la república, sólo se enmarca la opinión de un cierto grupo, argumentó la activista.
“La discusión de la despenalización del aborto es una discusión con el estado, y el estado es laico (…) como país supuestamente estamos en un estado laico, sin embargo estamos viendo que hay injerencia de grupos que están atentando contra la misma Constitución”, donde se establece su laicicidad.
González Saavedra consideró una contradicción la postura de la iglesia católica donde afirma que no pide el encarcelamiento de las mujeres que se practican un aborto, ya que al oponerse a la despenalización se está apoyando la idea de que permanezca como un delito.
“Es engañoso decir que están en contra de que se criminalice a las mujeres cuando están avalando que el aborto sea considerado un delito”.
La también coordinadora de la asociación civil “Equifonía” mencionó que en el caso de la ciudad de México, donde es legal la práctica de un aborto, se ha encontrado que la gran mayoría de las mujeres que acuden a los centros de salud a practicarse un aborto son católicas, por lo que la postura de la iglesia sólo representa la opinión de una jerarquía y no de la feligresía.
“La jerarquía podrá tener una opinión pero no por eso vamos a asumir que todas las personas católicas lo asumen”, acotó.
Asimismo, dijo que es preocupante que la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los estados de Baja California Sur y San Luis Potosí deje abierta la posibilidad de que cada Congreso, en función de sus creencias personales, defina cuándo las mujeres son personas, cuándo sujetos de derecho y por lo tanto también defina cuándo se respetan y cuando no los derechos humanos en las mujeres.
Ante esta situación señaló la falta de compromiso de los representantes sociales en cuanto a este tema, ya que con esta resolución persiste la criminalización de las mujeres que viven en pobreza, así como de las mujeres indígenas. Ello se debe a que al no existir condiciones seguras para estas prácticas se pone en riesgo la salud de las mujeres, además de que corren el riesgo de ser encarceladas por tomar una decisión en este sentido.
Finalmente, Araceli González Saavedra dijo que con estas políticas se coarta el derecho de la población femenina a decidir sobre su propio cuerpo, ya que de realizarse un aborto y ser detenida por la ley, en el estado de Veracruz está obligada a seguir un tratamiento que “le es impuesto como una pena (…) ya que ese artículo en nuestro estado no se modificó, por lo que el aborto sigue siendo considerado como un delito” aseguró.
