Javier Paz, la víctima que sacó a la luz los abusos sexuales de Isidro López, un cura de Salamanca, en 2014, posa en Barbastro, Huesca. JAVIER MARTÍN
El obispo recibió acusaciones al menos desde los noventa sin tomar medidas porque no las consideró “verosímiles”. Todavía en 2011 alegó “la buena fama” del acusado para no actuar
El obispado de Salamanca ignoró durante décadas, sin informar a la Policía, las denuncias contra un cura condenado finalmente en el Vaticano por abusos sexuales sobre menores en 2014, Isidro López Santos, de 77 años. La sentencia canónica solo llegó después de la denuncia en la diócesis de una de sus víctimas, Javier Paz, en 2011, y de que sacara su caso a la luz pública tres años más tarde. Le acusó de abusos entre 1982 y 1992. Después también se sumaron a la denuncia otras dos personas, aunque el Obispado lo silenció y nunca mencionó en sus notas de prensa que había más de una víctima. Solo usó un plural genérico, por lo que el de Javier Paz parecía un caso aislado. Es la propia Iglesia la que reconoce este pasado de denuncias desatendidas en la sentencia del caso dictada por la Congregación de Doctrina de la Fe, el dicasterio del Vaticano que se ocupa de la disciplina interna. La sentencia fue leída a las víctimas en verano de 2014 y no les fue entregada una copia, solo al acusado, pero una de ellas tuvo la precaución de grabar esa lectura. EL PAÍS ha tenido acceso a esa grabación, que contiene numerosos detalles inéditos mantenidos en secreto por el Obispado y confirma un caso en España de la práctica establecida en otros países donde se ha destapado el escándalo: curas acusados de abusos que se mantienen durante años cambiándoles de parroquia.
El decreto de la sentencia admite que hubo más denuncias en el pasado que cayeron en saco roto: “Mientras ejercía el ministerio pastoral en las parroquias de San Julián y San Martín, y luego en San Pedro Apóstol de Tejares, en la diócesis de Salamanca, y era docente en los centros de educación secundaria Fray Luis de León y Torres Villarroel, sitos en Salamanca, fue acusado de diversos delitos de abuso sexual de menores, pero entonces tales denuncias no fueron consideradas verosímiles”. Ese periodo temporal abarca varias décadas: en la parroquia de San Julián y San Martín permaneció desde los años setenta hasta mediados de los noventa, y en San Pedro Apóstol, hasta 2003. Por lo tanto, las denuncias se remontarían al menos a los años noventa.
Un párroco salmantino que conoció de cerca el traslado de este sacerdote de San Julián y San Martín a San Pedro Apóstol señala que fue «muy anómalo», porque salió de una parroquia importante del centro, junto a la Plaza Mayor de la ciudad, para recalar en la de Tejares, un barrio en la periferia de la ciudad. «Todos pensamos que había pasado algo raro», recuerda. A los pocos años, continúa este cura, corrió el rumor en la ciudad de una presunta denuncia de abusos contra el sacerdote en Tejares, «y entonces desapareció de allí». «El obispo nunca quiso aclarar a la diócesis qué había pasado y si aquello era cierto o no», concluye.
Antes, tras su ordenación en 1965, Isidro López había pasado por otra parroquia de la ciudad, Nuestra Señora de Fátima, en el barrio de Garrido. Después de su salida de la parroquia de San Pedro Apóstol en Tejares, estuvo destinado en la iglesia de San Sebastián, junto a la catedral de la ciudad. Tras la denuncia de 2011, fue jubilado por la diócesis, aunque recibió un homenaje, pero mientras duró el proceso, más de tres años, siguió prestando ayuda en una parroquia de la ciudad, San Mateo-La Anunciación.
En febrero de 2011, cuando Javier Paz presentó su denuncia al obispo, Carlos López, tampoco le creyeron: “El obispo, considerando la buena fama del sacerdote, juzgó que no había suficientes elementos para proceder por lo que no comunicó al sacerdote que había sido objeto de denuncia”. Hasta agosto, seis meses después, no se informó a la Congregación de Doctrina de la Fe, detalla la resolución, aunque no explica por qué vía o procedimiento. Una de las víctimas, contactada por este periódico, señala que un familiar envió por su cuenta una carta a la Santa Sede, por lo que aún no está claro si la iniciativa para actuar por fin contra el acusado partió del Obispado o del Vaticano. Javier Paz, en todo caso, ya ha expresado sus sospechas de que la diócesis de Salamanca le pudo engañar haciéndole creer que había un proceso canónico en marcha, cuando en realidad no era así.
Finalmente, prosigue la resolución, en septiembre de 2011 se abrió una investigación previa y los primeros testimonios “corroboraron la versión de la víctima”. El acusado reconoció parcialmente los hechos, tocamientos y masturbaciones, pero en una primera conversación y hasta dos veces por escrito negó “ser un abusador”, relata la sentencia. “Finalmente, confesó por escrito haber abusado diversas veces de menores”, concluye el decreto, que también señala que su “declaración no fue coherente”.
El Obispado de Salamanca se ha negado a dar información a este periódico de cuántas denuncias y casos de abusos ha conocido de este sacerdote, y sobre todo, desde cuándo. “No lo sé y si lo supiera no lo diría, sería en el juzgado”, respondió la semana pasada el vicario de la diócesis, Florentino Gutiérrez. Un portavoz asegura que «no constan» más denuncias que la de Javier Paz.
Carlos López, el obispo actual, no es el único que debería dar explicaciones. Desde los noventa, época de las denuncias ahora conocidas, han pasado por la ciudad tres obispos: Mauro Rubio, hasta 1995, ya fallecido; Braulio Rodríguez, de 1995 a 2002, que es el actual arzobispo de Toledo y primado de España; y Carlos López, que sigue en el cargo. El arzobispo de Toledo, con cargos en la Conferencia Episcopal en los últimos años, tampoco ha querido aclarar a este periódico si conoció estas denuncias durante su etapa en Salamanca.
Hay un detalle de la sentencia que indica la relevancia del caso, en contraste con el silencio que ha mantenido la diócesis y el secretismo con que lo ha tratado en sus escasas notas públicas: las actas del proceso canónico penal contra el sacerdote Isidro López Santos, que llegaron en marzo de 2014 a Roma, ocuparon 341 páginas y dos anexos de 99. Es decir, más de 500. De hecho, la Congregación de la Doctrina de la Fe, “teniendo en cuenta las dificultades del caso”, lo asumió directamente para investigarlo, indica la sentencia. “Cuando la congregación ve que el caso es importante, lo remite a ella y no deja hacer nada ni al obispo ni al juez”, explica a las víctimas el propio clérigo que lee el documento durante la grabación.
No obstante, la nota de prensa que divulgó el Obispado para anunciar la condena apenas ocupó un folio. Solo habló de “víctimas” de forma genérica, sin especificar que había más casos además del conocido públicamente. No dio ningún detalle del expediente y resumió la condena en una frase: “La Congregación para la Doctrina de la Fe, habiendo valorado el conjunto de las pruebas recogidas en las actas del proceso y la situación personal del sacerdote acusado, ha decretado sancionarle con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral”. Eludió mencionar los otros puntos de la condena que confirmaban la gravedad del caso: prohibición al condenado de llevar el hábito de sacerdote, de “todo contacto con menores sin presencia de un adulto”, residencia obligatoria en un lugar decidido por la diócesis y “la especial obligación” del obispo de mantener una “estrecha vigilancia” sobre el cura.
«ESTOY SEGURO DE QUE HAY DECENAS DE VÍCTIMAS MÁS»
Hasta ahora la única víctima conocida de abusos del cura Isidro López Santos era Javier Paz Ledesma, que denunció públicamente su caso, ya prescrito en los tribunales, en 2014. El Obispado abrió un proceso canónico con su denuncia en 2011, que acabó en una condena, pero en realidad se unieron a la causa dos personas más, aunque entonces no trascendió. La diócesis nunca lo precisó y dio la impresión de que se trataba de un único caso aislado. EL PAÍS ha hablado con otro de los denunciantes, que prefiere mantenerse en el anonimato. También ha localizado a una cuarta persona que describe un intento de tocamientos por parte del cura del que logró zafarse. «Estábamos solos, me metió la mano en el pantalón, pero se la quité y me fui corriendo. Si me llego a dejar, no sé qué hubiera pasado”, recuerda.
Todos pasaron su infancia y adolescencia en la parroquia de San Julián, en el centro de Salamanca, dirigida por este sacerdote. Javier Paz denunció abusos entre 1982 y 1992, entre sus 10 y 20 años. Las dos víctimas que se sumaron a su iniciativa los sitúan entre 1989 y 1994. La cuarta persona con quien realizó un intento afirma que ocurrió entre 1984 y 1985, cuando tenía 12 años.
“Estoy seguro de que hay decenas de casos más que no han salido a la luz. Ha tenido mil oportunidades y por allí pasamos cientos de chicos durante años”, asegura la segunda víctima que denunció el caso. Javier Paz coincide en esta observación. Ambos relatan lo mismo. La parroquia tenía unos locales, conocidos como La Torre, donde se daba catequesis y que también contaba con una zona de juegos, con mesa de ping-pong y una televisión para ver los partidos de fútbol. Los niños pasaban muchas tardes en este lugar. “Allí ocurría muchas veces. Luego estaban los campamentos de verano. Los que estaban enfermos dormían en la tienda del cura, y también los que iban de pinche de cocina”, prosigue.
Este segundo denunciante admite que los abusos le han marcado, al igual que al tercero, que desde entonces ha sufrido duros problemas psicológicos. Finalmente, lograron contárselo a sus familias, y gracias al ejemplo de Javier Paz, se sumaron a su denuncia: “El obispo al principio fue muy receptivo, me pidió perdón en nombre de la Iglesia, pero luego fue cambiando. Me pedía que le diera más nombres de otras víctimas, era lo que quería saber, pero yo no quise, y entonces ya se distanció, luego ya ni me cogía el teléfono. No queríamos dinero ni nada, seguimos el proceso canónico porque lo único que queríamos era que se reconociera y que no volviera a estar jamás con niños”.
