La manifestación promovida por un centenar de asociaciones pro laicidad en contra de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y que se celebrará el próximo miércoles 17 de agosto, pasará finalmente por la Puerta del Sol, según han anunciado los convocantes.
El recorrido acordado entre la organización y la Delegación del Gobierno en Madrid partirá y terminará en la Plaza de Tirso de Molina, tras pasar por las calles Doctor Cortezo, Plaza de Jacinto Benavente, Carretas, Puerta del Sol, Alcalá, Sevilla, Canalejas y Calle de la Cruz.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el representante de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, Luis Vega, quien ha precisado que "no es una manifestación anti Papa" sino contra el modo en que se ha organizado su visita y la JMJ en general, así como para rechazar el dinero que el Estado destina anualmente a la Iglesia católica y reivindicar un Estado Laico.
Vega, junto al que han comparecido el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, y el portavoz de Redes Cristianas, Evaristo Villar; ha explicado que al término de las negociaciones con la Delegación del Gobierno, ambas partes se levantaron "con una sonrisita" porque consiguieron algo: las organizaciones, iniciar y terminar la marcha en Tirso de Molina pasando por Sol y, el Ejecutivo, que la marcha tuviera lugar en un día sin actos previstos y previo a la llegada del Pontífice.
"Aquí quien ha ganado es la Democracia", ha destacado Vega, para incidir en que "no se puede permitir que se prohíba una manifestación impulsada por un montón de asociaciones, como Ecologistas en Acción o Izquierda Unida, que son democráticas, ni tiene sentido pensar en prohibirla".
La manifestación se iniciará a las siete de la tarde y transcurrirá tras una pancarta con el lema 'De mis impuestos, al Papa, cero: Estado laico ya'. Los convocantes calculan que serán "miles" los asistentes, dada la cantidad de entidades que han expresado su respaldo. Sobre el Movimiento 15M, han señalado que por tratarse de un grupo "plural", no hay "ni tiene por qué haber" un apoyo "oficial" por su parte, aunque varias asambleas de barrio han anunciado su participación en la protesta.
Según ha explicado Delgado, esta manifestación tendrá un coste de entre mil y dos mil euros y requerirá de despliegue policial durante las dos horas que se prolongará, lo que a su juicio no es un gasto comparable al que va a generar la JMJ.
Las organizaciones cifran la contribución de las administraciones públicas al evento en unos 100 millones de euros, de los que, según ha explicado Delgado, un 25 por ciento será la cantidad que deje de ingresar el Estado por excenciones fiscales a los patrocinadores. Con sus cálculos, otro 20 por ciento lo aportarán las administraciones locales y autonómicas financiando la estancia de los peregrinos para ofrecerles precios más asequibles tanto en trasporte como en alojamiento y manutención.
Para los organizadores, es "una bofetada a la Constitución" y supone un "peligro de recatolización" que el Estado apoye la organización de la JMJ, que a su juicio "no deja de tener un carácter privado". Del lado de los cristianos de base, "llama la atención la ostentación" con la que, en su opinión, se van a desarrollar los actos previstos, ya que, en palabras de Villar, "lo de Jesús era una cosa más modesta, más sencilla, más de andar por casa".
UN FISCAL "VIGILANTE"
Además de promover la manifestación, Redes Cristianas, Europa Laica y los Ateos madrileños han registrado un escrito ante la Fiscalía General del Estado para pedir a su máximo representante, Cándido Conde Pumpido, que mantenga una actitud "vigilante" ante las declaraciones tanto de Benedicto XVI como de las "organizaciones de la Iglesia" por si pudieran ofender a algún colectivo.
"Pedimos al Fiscal General del Estado que esté atento a las declaraciones que se van a hacer, no sólo las de Benedicto XVI, si no de organizaciones de la iglesia sobre leyes españolas y que pueden ser constitutivas de delito. Su obligación es defender la legislación española y lo que emana del parlamento", ha señalado Vega.
El documento se basa en que el artículo 510 del Código Penal prevé que quienes provoquen "a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias (…) serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".
Los firmantes argumentan que el Papa "lanzará, una vez más, mensajes excluyentes contra derechos democráticos aprobados por los mázimos órganos de representación ciudadana del Estado español (…) hecho que no se le consiente a ningún otro responsable político del mundo, por considerarse una grave ingerencia en asuntos internos".
Además, afirman que "este tipo de declaraciones públicas pueden estimular actos de discriminación contra determinados colectivos ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus libertades constitucionales" y citan como ejemplo de ello los recientes atentados de Noruega para asegurar que "grupos extremistas se aprovechan del discurso ideológico fundamentalista para realizar actos criminales amparándose en una supuesta defensa de la civilización cristiana".