Augusto Serrano, maestro y activista social.- Tras las fuertes movilizaciones de rechazo a la LOMCE y con el gobierno en minoría tras las elecciones generales de 2016, la reivindicación de un pacto por la educación, que figuraba en todos los programas electorales, es generalizada. Y el Congreso constituyó en febrero la Subcomisión de Educación, que trabaja “para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación” que sirva “de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con la vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social”, según dice el documento de constitución. Está prevista la comparecencia de más de 80 personas, de las que ya han comparecido la mitad. Cada una hace un diagnóstico de la situación y realiza las propuestas que considera para la mejora del sistema educativo. Tiene previsto terminar sus trabajos antes del verano, aunque es muy posible que los prolongue hasta final de año.
En esta Subcomisión se presentan propuestas contradictorias y sin ni siquiera insinuar la posibilidad de consenso, por lo que parece muy difícil que alcance su objetivo. El Pacto, tal y como se pretende, es (im)posible… Para explicar esta afirmación y para poder comprender lo que viene, el futuro, es necesario conocer el pasado y el presente del Pacto.
EL PASADO
Hay quién señala que el artículo 27 de la Constitución (1978) constituye el vigente pacto por la educación, fruto del consenso que imperaba en esos años. Creo que no fue así, la Constitución, como todo, es fruto de su tiempo, de un tiempo de ilusión por la democracia, pero también de miedo por los militares y fascistas incrustados en las instituciones y con presencia en las calles.
Desde entonces se han elaborado 9 leyes educativas, y tras los primeros años 80 siempre se ha reclamado, desde unos sectores u otros, un pacto por la educación. Hasta el momento actual que es casi un clamor… En estos años ha habido tres intentos de Pacto.
El primer intento que se hizo fue hace 20 años. Se firmó la “Declaración conjunta en favor de la educación” (1997), promovida por la Fundación Encuentro. Este texto fue un intento de que la educación se alejara de la divergencia política y fuera una cuestión de Estado. La firmaron todos los sindicatos representativos de la enseñanza, menos los STEs, que no la suscribimos, pese a haber contribuido a su elaboración, por el reconocimiento explícito de los conciertos (se empieza a utilizar el término “centros sostenidos con fondos públicos”, como si todos los centros fueran iguales en su gestión, en su selección del profesorado, del alumnado…), y el mantenimiento de la religión.
El segundo intento de pacto, apareció en septiembre de 2004, y como contraposición a la LOCE (2002) del PP, cuando el MEC, con gobierno socialista, presentó el documento “Una Educación de calidad para todos”, en el que se afirmaba que el ministerio “se compromete a promover el máximo consenso en torno a las decisiones que finalmente se adopten, en el convencimiento de que el mayor beneficio para la educación española en los próximos años sería el derivado de un acuerdo político y social que abra el camino a la estabilidad del sistema educativo”. Es la primera vez que un gobierno reclama consenso de forma tan clara y explícita, y, al mismo tiempo, propiciando el debate del documento.
En paralelo, algunas organizaciones, entre ellas CEAPA, FERE-CECA, CCOO y FETE, y algunas personalidades del mundo educativo, iniciaron una negociación para alcanzar un pacto en los aspectos más conflictivos de la futura ley. Y esto fue un error, se reunieron unas cuantas organizaciones y excluyeron al resto, a las que, después, presentaron un trágala. STEs, conocido el acuerdo, hizo público su rechazo por las mismas razones que el anterior y algunas más. Al final no hubo acuerdo.
Pero el Pacto real fue la LOE (2006), durante su tramitación se incluyeron las propuestas que contenía el pacto, pese a que la derecha educativa estaba dividida, con dos voces, una la FERE que estaba pactando con el Psoe, y otra la Concapa y la jerarquía eclesiástica, que estaba con el PP agitando la calle.
Los constantes ataques a la LOE, al sistema educativo diseñado en la LOGSE, y al profesorado por parte de la derecha mediática, haciendo eco al PP y a la jerarquía eclesiástica, hicieron que el gobierno nombrara ministro (abril, 2008) a Ángel Gabilondo, que llegó al Ministerio precedido del respeto intelectual de mucha gente y con el encargo de alcanzar el pacto por la educación; pacto por el que trabajó mucho, pero sin atreverse a tocar dos de los problemas fundamentales que crean otros muchos problemas en la enseñanza, los centros concertados y la religión en la escuela, y el pacto tampoco fue posible.
EL PRESENTE
Es el período que hemos vivido de oposición a la LOMCE y a los recortes del PP. Viene marcado por la vigente legislación que se elaboró en el pasado, entre la que destacan estos aspectos referidos al pacto.
1.Tenemos un sistema dual de enseñanza (pública/concertada), que viene desde la aprobación de la LODE (1985), y se afianza con la LOE (2006) y con la LOMCE (2012).
La Constitución en el art. 27.9. dice que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, sin embargo, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), implantó el sistema de conciertos económicos con los centros privados, convirtiendo el “ayudarán” en gratuidad total. Con la LODE, con los conciertos, se inicia realmente la mercantilización de la enseñanza en nuestro país. Se inició entonces y ahora se quiere entregar la enseñanza a los mercados, introduciendo también las formas de gestión privada en los centros públicos, empezando por los de Ed. Infantil.
Se avanza en la privatización con la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por todo el arco parlamentario, menos el PP, pues en su artículo 108.4 se dice que “La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”. Con esto el Estado abandona una de sus obligaciones y el gobierno se salta la Constitución que dice en su art. 27.5 que “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”. Los centros privados concertados no pueden garantizar un derecho fundamental como es la educación, pues su objetivo es ganar dinero o adoctrinar, o ambas cosas a la vez; este derecho sólo puede garantizarlo el Estado.
Con la normativa actual se permite privatizar la enseñanza, como nos demuestra lo que viene ocurriendo tras la LOE. Se regalan terrenos a empresas privadas que construyen centros que nacen ya concertados, se les permite cobrar a las familias por diferentes conceptos y vías, se les permite seleccionar al alumnado y derivar a la red pública al que consideren problemático; se les permite, como al resto de empresas, violar los derechos de los trabajadores. Se les permite, en definitiva, actuar sin prácticamente ningún control.
2.El Concordato de España con el Estado del Vaticano (1979), dice que los planes educativos “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.”.
La libertad de conciencia de los niños y jóvenes no se respeta en la Constitución, el art. 27.3. dice que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, como si los hijos fueran una propiedad de los padres que los pueden modelar a su gusto. Esto va contra la Declaración de los Derechos del Niño (1959), que dice en su art. 14.1. que “Los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Que la libertad de conciencia y religión no se respete no debe presuponer que los centros deban ofertar región ni que se deba pagar con dinero público la enseñanza de la religión, esto son interpretaciones que se hacen por las partes interesadas y que figuran en los acuerdos con el Vaticano que deben ser derogados para avanzar en el respeto a los derechos de niños y niñas.
Tras la LOMCE, la religión sigue siendo materia obligatoria en los centros, y ahora con valor para becas, y con asignatura alternativa.
3. La igualdad de oportunidades no se hace efectiva con la legislación actual, y mucho menos la gratuidad y la necesaria compensación de desigualdades, ni era un tema que los intentos de pacto reflejaran y concretaran. A día de hoy, en el estado español hay entre un 23 y un 24% de pobreza infantil, según la OCDE (2017), mientras que la media de la OCDE es la mitad.
Las políticas de recortes a quienes más afectan son a los niños, niñas y jóvenes que padecen este riesgo. La falta de atención pública al ciclo educativo 0-3 mayoritariamente en manos de empresas privadas, y siguiendo por el precio de los libros y del resto del material escolar, contraviniendo el principio constitucional de que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita (27.4), continuando con las tasas de la FP y de la Universidad y con la “oferta” de actividades de pago en los centros, sobre todo en los privados concertados. El alumnado recibe sus enseñanzas en los centros en peores condiciones que las recibía; más alumnado en las aulas, menos profesorado, menos atención al alumnado con necesidades educativas especiales, desaparición de programas de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar, la drástica disminución de las becas de comedor… Marcan nuestro sistema escolar.
EL FUTURO
Cuando desde la comunidad educativa se perciben, junto al resto de la sociedad, posibilidades de cambio político y la posibilidad real de la llegada al gobierno de partidos que estaban comprometidos a derogar la LOMCE y a revertir los recortes, el Foro de Sevilla, como promotor, y diferentes organizaciones, entre ellas los STEs-i, inician en octubre de 2014, un movimiento tendente a conseguir un documento consensuado por las organizaciones de la comunidad educativa y partidos políticos que sierva como base para la ley que debería reemplazar a la LOMCE
El “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” es un amplio compendio de propuestas de mejora del sistema educativo; propuestas que pueden convertirse en ley si la mayoría parlamentaria lo permite. Su contenido puede verse en la web porotrapoliticaeducativa.org. Este documento está firmado por más de 30 organizaciones y partidos entre los que hay que citar al PSOE, Podemos e IU. Entre las organizaciones firmantes, no hay ninguna de lo que podríamos llamar la derecha educativa.
Hay que señalar que a la hora de su firma, los STEs-i tuvimos dudas de si hacerlo o no, pues hay algunos temas, como la reivindicación del Estatuto, el acceso y la evaluación del profesorado, que no nos gustan, pero lo hicimos en pro del consenso por la escuela pública y por ser una clara apuesta contra la mercantilización del sistema educativo.
Por otro lado, diferentes organizaciones y sindicatos que reclaman la firma del Pacto, están muy cómodas con la situación actual, y, por tanto, piden que no se entre en temas conflictivos, como los conciertos y la religión, para alcanzar el Pacto.
Y ahí está el problema que señalo en el titular, a la vez que intento resumir las dos posibilidades que existen: el (im) posible pacto.
La primera, el “imposible” pacto escolar de quiénes pretenden que se queden fuera de debate la religión en la escuela y los conciertos educativos con los centros privados, lo que supone que parten de blindar tanto la presencia de la religión en la escuela, como la existencia de conciertos con la escuela privada. La presencia de la religión en horario escolar supone que la escuela contribuye a no respetar la libertad de conciencia del alumnado, y que los centros deben ofertar otra asignatura o nada durante las horas que el alumnado cuyos padres quieren clase de religión, la recibe. Dejar fuera del debate los conciertos supone que se deja fuera el problema de la financiación con dinero público de centros que, en su inmensa mayoría, 1) tienen un ideario, generalmente religioso, que hay que compartir para asistir al centro, por lo que es excluyente; 2) cobran a los padres por diferentes conceptos, lo que limita el acceso a quiénes puedan pagarlo, esto les convierte en centros que discriminan; 3) procuran, salvo honrosas excepciones, “deshacerse” del alumnado problemático, aunque sus padres compartan el ideario y paguen. Este es el “imposible” pacto para las organizaciones que defendemos la escuela pública, integradora y laica.
El pacto “posible” es la segunda posibilidad que existe. Es posible alcanzar un Pacto por la Escuela Pública, un pacto que implique que los poderes públicos potencien la enseñanza pública de tal forma que la oferta existente en todos los pueblos y ciudades sea capaz de cubrir toda la demanda de las familias.
Educar en democracia y educar para la democracia, con calidad y equidad, son objetivos compartidos por todo el mundo y recogidos en la legislación, pero la realidad es que no es así, pues en la base del sistema educativo faltan los dos principios en los que debe asentarse la educación, puesto que son derechos de todas las personas: el derecho a la libertad de conciencia de los niños y niñas y de los jóvenes, y el derecho a la igualdad de oportunidades, que implica gratuidad, y una efectiva educación compensadora de desigualdades.
Un pacto social y político para una escuela pública de calidad, equitativa, inclusiva, integradora, igualitaria y respetuosa con las lenguas y culturas propias de cada territorio y con las diferencias individuales, sociales y de sexo, laica y gratuita. El Consejo Escolar del Estado aprobó en su sesión plenaria de 2014 , la propuesta de STEs-i reclamando este tipo de Pacto, y lo hizo por amplia mayoría (45 a favor, 17 en contra y 7 abstenciones). Este es el pacto que reclamamos para que sea la base de la nueva legislación educativa que debe sustituir a la LOMCE y a la LOE.
En este pacto estaría la mayoría social que sabe que la escuela pública es la que vertebra nuestro sistema educativo, la que está en todos los pueblos y ciudades, en todos los barrios y aldeas, la que hace que la etapa de escolarización obligatoria sea una etapa de convivencia entre escolares, con los iguales y con los distintos, una etapa que contribuye con esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa, más plural.
Lo que falta, y es mucho, es conseguir una mayoría parlamentaria que haga ley estos principios. Y aun teniendo la mayoría parlamentaria, este Pacto y la legislación que lo desarrolle, habrá que defenderlo en la calle y en las urnas, con movilizaciones, pues ni la derecha ni la iglesia católica van a permanecer en silencio cuando vean que sus privilegios se pueden acabar.
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Augusto Serrano, maestro y activista social. Ha sido portavoz y coordinador de Política Educativa de STES-i y miembro del Consejo Escolar del Estado.
(*) Este texto es el resumen de una charla que con el mismo título impartí en la Escuela Sindical del STE-CLM y en las Jornadas Pedagógicas del STE de Galicia.
