El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha puesto en la calle el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en la capital aragonesa, anunciando que intentará disputarle la titularidad de la catedral de la Seo y de la iglesia de La Magdalena en los tribunales, y junto a él colectivos como Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL), fundamental en esa futura demanda, van a seguir reivindicando que estos edificios sean propiedad de la Administración pública. El pasado sábado fue en un simbólico abrazo a La Magdalena y el próximo, día 1 de abril, intentando «entrar a La Seo sin pagar el donativo», es decir, gratis, a las 11.00 horas.
Son parte inevitable del debate abierto por el alcalde Pedro Santisteve, al que felicita «porque va a poner el contador a cero de cara a evitar que prescriban». Así lo destacó ayer el portavoz de MHUEL, Jorge García, quien consideró que aunque la demanda fracasara en primera instancia porque no sea la Administración competente para reclamar la titularidad, activa un procedimiento «en el que acabarán entrando todas las que sí lo son».
En su opinión, «la solución debería llegar por la vía legislativa, no judicial», porque «sería una lástima que ante la inacción de los poderes públicos se tuviera que solucionar de forma contundente en los tribunales europeos». El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ya lo hizo el pasado mes de diciembre, condenando al Estado a pagar 615.000 euros por una inmatriculación en Palencia. Una sentencia que decía que estas son «arbitrarias» y afeaba la inacción del Gobierno, del Tribunal Supremo y del Constitucional.
BLOQUEO EN TWITTER
A juicio de MHUEL, el Gobierno de Aragón ya no puede mirar hacia otro lado. Se «debería dar por enterado» y Chunta, que forma parte de él, mover ficha. De hecho, García recuerda que en el 2015 salió adelante una proposición no de ley presentada por Podemos, con los votos a favor de PSOE, CHA e IU, la abstención de Ciudadanos (C’s) y pese al voto en contra del PP y del PAR, para exigir un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. Y, desde entonces, ni la consejería de Hacienda ha hecho nada ni la de Educación, a la que se derivó este asunto. El País Vasco y Navarra consiguió en solo dos meses, un listado con 1.200 y 700 edificios, respectivamente.
Respecto a la respuesta del Arzobispado, MHUEL lamenta que se «esté intentando demonizar como si fuéramos anticatólicos» por una iniciativa que «no persigue cambiar el uso de los templos». Ayer mismo bloqueó a este colectivo en Twitter, aseveraron. Por la propiedad de estos edificios, para la que, en su opinión, «se acogen a privilegios de origen franquista que se mantuvieron en la democracia».
