La polémica sobre la mezquita de Córdoba se internacionaliza. Cuando el conflicto se encontraba en un compás de espera, el manifiesto firmado por un centenar de científicos de diez países vuelve a sacar a la luz una situación que califican de «manipulación histórica puesta en marcha por el obispado de Córdoba». Los firmantes creen que se intenta «secuestrar la memoria» del monumento musulmán con un discurso «ramplón y exclusivista, carente de consideración hacia los valores históricos y culturales que encierra el monumento».
Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte pertenecientes a 36 universidades de España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal, Irlanda, Alemania, Turquía, Chile y Marruecos rubrican un manifiesto redactado por Eduardo Manzano, investigador del CSIC y reconocido experto en Al Ándalus, en el que afirman que la jerarquía católica «ha secuestrado la memoria y convertido esta joya del patrimonio histórico español en una mera herramienta de iniciación para catecúmenos».
El cabildo catedralicio cordobés inmatriculó en 2006 la mezquita de Córdoba a su favor pagando 30 euros, una decisión que provocó la indignación de diversos sectores, a la que ahora se suma una importante comunidad científica internacional. Entre los firmantes del manifiesto están el francés Pierre Guichard, medievalista en la Universidad de Lyon; el hispanista norteamericano Thomas F. Glick, de la Boston University; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán, o la profesora de Estudios Árabes de la Universidad de Barcelona Mónica Rius Piniés.
Los firmantes acusan al obispado de haber utilizado una «triquiñuela jurídica» para inmatricular un edificio al que las administraciones públicas han destinado millones de euros en los últimos años. Consideran que el argumento utilizado por la Iglesia de que Fernando III dio una orden en 1236 para que el edificio se usara como iglesia «no supone una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso».
La polémica es compleja por cuanto está en entredicho no sólo la titularidad del edificio, sino también el modelo de gestión económica y artística de la mezquita y, especialmente, los reiterados intentos de la jerarquía católica, en opinión de los firmantes, por borrar la huella musulmana del edificio, todo ello en medio del creciente radicalismo que envuelve la política internacional.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, a la que los firmantes acusan de realizar «declaraciones altisonantes sin haber tomado medidas reales», es partidaria de que «la titularidad de la mezquita sea pública pero que la gestión continúe, como hasta ahora, en manos de la Iglesia». Díaz recalca que «lo que se necesita es diálogo y voluntad de entendimiento». Un diálogo para el que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, pide calma. Aguilar, que firmó junto a otros cuatro exalcaldes de la ciudad una carta en febrero pasado en la que exigía a las administraciones que «actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales del monumento», reconoce ahora que «recuperar la titularidad pública del monumento nos va a llevar tiempo. A veces por correr mucho no se llega antes».
La denominación de catedral de Córdoba a secas, ocultando su carácter de mezquita, se ha intensificado desde abril de 2010. Ese año, el intento de un grupo de musulmanes de celebrar un acto religioso, con la oposición de las autoridades católicas, en la zona donde se ubica el mihrab, lugar sagrado de oración, desembocó en importantes incidentes. El cartel situado a la entrada del edificio indica en varios idiomas que «todo el edificio fue consagrado como Iglesia madre en el año 1236 y desde entonces, y sin faltar un día, el cabildo celebra el culto solemne y la comunidad cristiana se reúne para celebrar la palabra de Dios». En los folletos turísticos únicamente existen referencias a la catedral de Córdoba, mientras que en 1981 se empleaba «mezquita-catedral» y en 1998 «Santa Iglesia Catedral (antigua mezquita).»
«Llamar únicamente catedral al imponente edificio es ignorar el pasado de forma deliberada«, asegura Mónica Green, de la Universidad de Arizona. La profesora considera que cada vez está más en cuestión la idea de que la tolerancia y la convivencia de religiones con la que se identifica el periodo de los Omeyas fuera la realidad. Juan Goytisolo escribía hace unos meses sobre la «disparatada medida» de intentar borrar de la mente de los ciudadanos el nombre de mezquita. «Los turistas se encuentran con una extrañísima catedral, muy semejante a la mezquita omeya de Damasco pero que no guarda el menor parecido con las restantes catedrales del mundo», afirmaba.
La Iglesia razona que la mezquita se levantó sobre lo que había sido la basílica cristiana de San Vicente, y que la consagración al culto cristiano, bendecido por Fernando III el Santo en 1236, justifica su titularidad sobre el monumento. Pero el Código Civil «no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para adquirir su propiedad, es sólo un acto religioso», señala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra.
El cabildo indica que la inmatriculación no hace sino dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee desde 1236 y que en ningún caso supone un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad. José Juan Jiménez Güeto, portavoz del cabildo, insiste en que «no se ha borrado la huella islámica del monumento y tampoco la palabra mez quita de los folletos, donde aparece hasta seis veces. En todo caso, la denominación del templo no es lo importante. Lo importante es que se conserve de generación en generación durante muchos siglos».
Miguel Santiago, uno de los más activos representantes de la Plataforma Mezquita-Catedral de Todos, señala que «es un problema de gestión del patrimonio. Debería instaurarse una gestión profesional a través de un patronato, como sucede en el caso de la Alhambra».
Varios expertos consideran que el conflicto es mucho más profundo y que refleja el problema de la relación de Occidente con el islam. El historiador cordobés Fernando Ramos señala que «en un momento en el que el Estado Islámico sueña con liberar Al Ándalus, una victoria de la reclamación musulmana sobre la mezquita puede ser un peligroso antecedente».
