El diputado de UCOR alega al informe enviado por la Diputación al Defensor del Pueblo Andaluz y considera los argumentos de Ceballos de “pueriles y tramposos”
El diputado provincial de UCOR, Carlos Baquerín, ya ha presentado alegaciones al informe que la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, envió al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Ceballos invitaba al Defensor del Pueblo a comprobar in situ y con una visita a la sede de la institución provincial la laicidad de las instalaciones. En sus alegaciones, Baquerín contesta que eso no es así: “Mi despacho y mi puesto de trabajo y el del personal a mi cargo, se hallan precisamente en el mismo interior de esa parte del edificio que fue iglesia y que ahora, con nosotros dentro, el gobierno del Partido Popular ha transformado en templo católico y en parroquia”.
En su día, el diputado de UCOR Carlos Baquerín formuló una queja ante Maeztu. En la misma, Baquerín argumentaba que “el fomento preferente del culto católico, de su boato y de sus ritos propios y la utilización para ello de la propia sede institucional, con disposición prioritaria de elementos patrimoniales inmobiliarios y mobiliarios, no aparece como una competencia propia de las Diputaciones provinciales ni tampoco como un servicio público local” en las distintas leyes que rigen a estas administraciones.
En la respuesta, Ceballos asegura que en contra de lo que afirma Baquerín la iglesia de la Merced “nunca ha sido sede administrativa” de la Diputación. Al contrario, asegura que la sede administrativa de la institución provincial es perfectamente distinguible de la iglesia recién restaurada.
Además, en sus alegaciones Carlos Baquerín añade que “con el debido respeto, los argumentos de la presidenta resultan pueriles y tramposos. El hecho de que esa parte del edificio público sede de la Diputación fuera un día, en plena Dictadura, una iglesia destinada al culto católico, no justifica que haya de seguir siéndolo para la eternidad en la España democrática constitucional. De la misma manera que el resto del edificio es sabido que fue convento, y no por ello resulta obligado que hoy albergue monjes o monjas orantes y piadosos en lugar de funcionarias o funcionarios aplicados”.
“Porque, aunque de forma maliciosa la presidenta Ceballos intente generar esa duda en el Defensor, no se discute aquí que pueda existir y permanecer arte religioso en la Diputación de Córdoba y que se tutele y difunda como convenga”, añade el diputado provincial de UCOR. “Lo que se discute, lo que se condena, lo que se reprocha y lo que no es constitucional es que el actual gobierno de la Diputación de Córdoba haya dedicado una parte prioritaria de su sede administrativa principal a un uso sólo compatible con un credo religioso, la haya convertido y consolidado como parroquia católica y que mediante una norma reglamentaria de nueva factura, haya establecido una tasa pública para que sea cobrada a los ciudadanos que contraigan matrimonio en esa parroquia”, zanja en las alegaciones el diputado.
Ahora, será el Defensor del Pueblo el que a través de un informe inste a la institución provincial, en su caso, a tomar algún tipo de medida, una vez escuchadas a las partes.
