El monumento es el símbolo del afán inmobiliario de la Iglesia y de sus polémicos registros de propiedad.
IU y Podemos se comprometen a devolver la titularidad pública al templo
La Mezquita de Córdoba se ha situado en el centro de una polémica que atañe a toda España: las inmatriculaciones de la Iglesia, es decir, los edificios, templos o no, que los obispos ponen a su nombre cuando su titularidad se creía de todos. Se suele decir que lo que ocurra en estas elecciones andaluzas será botón de muestra para todo el país: a qué partidos votarán los ciudadanos, qué pactos se suscribirán… El futuro de la Mezquita de Córdoba también atravesará las fronteras andaluzas, porque el monumento se ha convertido en el emblema del afán inmobiliario de la Iglesia en todas las comunidades; y en el símbolo más lacerante para los que luchan por frenar el “paraíso fiscal” del que disfruta la jerarquía católica en España. Pero, tratándose de la Iglesia, los pasos son más lentos, las promesas electorales más tibias y las sorpresas, pocas.
La plataforma ciudadana que defiende la Mezquita como patrimonio de todos, harta de ver cómo desde 2006, cuando el obispado registró el monumento a su nombre, se ha venido sucediendo “un sinfín de despropósitos en la gestión cultural y turística del templo” envió en esta campaña electoral un pliego a todos los partidos políticos para que sellaran su compromiso. Se les pide en él que defiendan la titularidad pública de la Mezquita con las herramientas administrativas y jurídicas a su alcance y que se cree un patronato integrado por los poderes públicos, académicos y ciudadanos, incluida la Iglesia, a quien por cierto jamás le han cuestionado el ejercicio actual ni futuro del culto católico que desde siglos se practica allí.
Sorpresas, pocas: Izquierda Unida firmó el documento, que incluye otros puntos, como plantear la inconstitucionalidad de la ley franquista que permite las inmatriculaciones, que se hagan públicos todos los bienes que los obispos han hecho suyos con este procedimiento privilegiado o que se devuelva al templo el nombre de Mezquita-catedral así como su “amputada” idiosincrasia cultural islámica, símbolo universal de convivencia entre los pueblos, que le hizo merecedora del título de patrimonio mundial. También la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, suscribió estas y otras peticiones sin ambages.
En el ángulo opuesto, el PP tampoco da signos de sobresalto: apelan al “diálogo” y a “fórmulas de colaboración para la mejor gestión del monumento”, escribe en un mensaje electrónico Miguel Ángel Torrico, candidato del PP por Córdoba. Y defienden que solo aquel que posea el título de una propiedad pueda registrarla como suya. En ese sentido ha modificado el PP en el Congreso la Ley Hipotecaria de 1946, pero tendrán un año para seguir haciéndolo desde que la reforma entre en vigor, que no se sabe cuándo será.
El PSOE confía en que todo esto, que ellos no abordaron cuando gobernaban, se solucione con la caída de Rajoy, es decir, con un nuevo inquilino en La Moncloa que no sea del PP. Puede, pero si el nuevo Gobierno es del PSOE, la cosa presume complicada, porque de todos los partidos, el socialista es el que tiene el alma más dividida en este asunto, entre lo laico y lo confesional, o, mejor dicho, entre los que creen que la estrategia político-electoral más adecuada es no tocar mucho los asuntos divinos y los que opinan que lo laico debe ser inequívoco y los privilegios, abolidos. En sus opiniones públicas todos se suman a esta última teoría, pero sus gestos políticos no acaban de convencer a los partidos de la izquierda (o al resto de partidos de izquierda) ni a los ciudadanos que encabezan esta lucha contra los privilegios de la Iglesia. “El PSOE ni está ni se le espera”, resume Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma ciudadana cordobesa. Los socialistas andaluces no han firmado el pliego que suscribieron Podemos e IU. Tampoco han querido llevar al Constitucional el artículo de la ley hipotecaria que equipara a los obispos con funcionarios, como les han solicitado. Votaron en contra de estos privilegios y proclamaron la inconstitucionalidad de dicha ley en el Parlamento andaluz hace unos meses, pero no recurrieron al Constitucional porque los letrados del Parlamento avisaron de que no se admitiría a trámite. El periodo para recurrir la inconstitucionalidad de las leyes o artículos predemocráticos concluyó en 1980, dicen los letrados. “Desde 2006, cuando se inmatriculó la Mezquita ha habido, por parte dela Iglesia un cambio de actitud en los acuerdo de gestión y de promoción turística, que hasta entonces discurría sin problemas”, señala Juan Pablo Durán, número uno del PSOE por Córdoba. “No hemos dejado de buscar la manera de recuperar algo que entendemos que es público”, asegura, pero… “Pero ir a una batalla judicial sin sólidos argumentos sería para la opinión pública signo de que no teníamos razón y de que todo era una batalla política”, afirma. ¿Esto es ideología o estrategia política? Durán reconoce que la postura socialista es “centrada y moderada”, pero afirma que la voluntad es buscar la fórmula de obtener la titularidad pública. “Se equivocan los que piden que recurramos, los expertos dicen que eso vale solo como batalla política”.
¿Decíamos que el PSOE tiene el alma dividida? Los socialistas en Navarra acaban de apoyar en el Parlamento foral que sea recurrida esta ley en el Constitucional. Pero falta ratificarlo en pleno. Y los líderes del PSOE federal no están por la labor. Aunque puede que le dejen ese embrollo al Parlamento navarro.
UPyD también es contraria al Constitucional. El diputado Carlos Martínez, responsable de Acción Política, dice en un SMS que su partido defiende la laicidad del Estado, pero cree que “a veces, se mezcla lo laico con lo anticatólico”. Y considera que no se debe mezclar la “posible inconstitucionalidad de las inmatriculaciones” con la Mezquita. “Es un despropósito”.
Ciudadanos tampoco ha firmado el pliego de compromisos de la plataforma cordobesa. En un correo electrónico, el partido de Albert Rivera se enreda en vaguedades electorales y alabanzas a la Mezquita y la Giralda. “La gestión de estos monumentos debe comprometer a todas las Administraciones, incluyendo a los cabildos catedralicios para, juntos, procurar la mayor protección y valoración exterior de un patrimonio cultural sin igual…”. La Mezquita también espera el 22-M.
Millones de euros libres de impuestos
La Mezquita de Córdoba ocupa una extensión de unas 24.000 metros cuadrados y se construyó en el 786. En 1236, con la reconquista de Fernando III, el monumento pasó a ser templo católico.
En 1523 se construye en el interior de la Mezquita la actual catedral de la ciudad.
En 1984 la Unesco declara al monumento omeya Patrimonio Mundial.
En 2006, el obispado la registró a su nombre por unos 30 euros sin que eso fuera conocido hasta años después.
El cabildo afirma que recibe al año alrededor de 1,4 millones de visitas. Las entradas cuestan 8 euros; las nocturnas, 18.
Se calcula que se recaudan entre 10 y 12 millones al año. No se declaran beneficios ni se pagan impuestos.
Bodas en la Alhambra
Lejos del ruido o los silencios electorales se manifiestan los expertos. ¿Tiene o no tiene margen la Junta de Andalucía para intervenir también en la gestión cultural e inmaterial de la Mezquita?
La Junta acaba de autorizar un permiso para modificar una celosía de la Mezquita para que puedan entrar y salir los enormes pasos de la Semana Santa andaluza. Es una cuestión arquitectónica, física, sobre la que se han pronunciado los expertos y la Iglesia tiene que acatar, aunque el resultado hubiera sido en contra. Pero ¿qué ocurre cuando los obispos colocan un san Juan de Ávila en el muro sagrado del Islam, el mihrab, o un fascistol en el lugar de acceso del califa al culto? Y qué pasa si el famoso bosque de arcos está invadido de imaginería católica que rompe el infinito místico que pretende? ¿O a la mezquita se la llama solo catedral, para despiste de millones de turistas, o si los guías cuentan una versión incompleta de la historia de templo? “La Junta puede intervenir en eso, claro que puede. La ley le concede a la Consejería competente el carácter inspector en materia de patrimonio, no solo de los bienes que han de restaurarse o modificarse, también de esto otro”, asegura María del Mar Villasante, directora general del Patronato de la Alhambra de Granada, doctora en Historia del Arte y experta en gestión del patrimonio. “Puede decidir si se ajustan los contenidos de un monumento a los valores universales excepcionales del mismo y la Mezquita se ha conservado y es Patrimonio Mundial por su valor excepcional, no es un simple monumento. La Consejería puede vigilar que todo eso se esté cumpliendo”, asegura sin atisbo de duda.
Todo ello preocupaba a las plataformas ciudadanas, “más que la titularidad de la misma”, aseguran. Y todo eso lo ven aún en peligro. Lo sabe la Unesco y lo sabe la Junta porque le hicieron llegar las quejas de lo que estaba ocurriendo. Hubo encuentros entre el cabildo y el consejero de Cultura (IU) pero las cosas no han cambiado por ahora.
María del Mar Villasante sabe hasta dónde llegan sus competencias y las de la Junta y de su ánimo no se deduce que vaya a ceder un ápice en lo que no se debe. Pero apela al diálogo, siempre. Cuenta una anécdota para ello. La iglesia de Santa María de la Alhambra está en el recinto más preciado del turismo andaluz y uno de los más notables de España y del mundo. Se quedó sin fieles cuando el barrio se fue extinguiendo y dejó de ser iglesia parroquial. Pero a los responsables católicos les pareció que era un lugar fenomenal para celebrar bodas.
Hubo negociaciones y ahora se celebran, pero los invitados entran a pie o en taxi, con un aforo limitado, fuera del horario de visitas, o sea, de ocho a 10 de la noche. Y allí no se tira ni un grano de arroz.
