Ha llegado “la hora del laicismo”, afirmaba en El País Juan G. Bedoya –que es un reputado especialista en cuestiones religiosas-, aunque él mismo se preguntaba al comienzo de su información sobre si los proyectos del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, “sólo [serán] un cambio para que todo siga igual”. Hasta el momento, el Gobierno ha optado por el mutismo –por el “secretismo”, puntualizaba Bedoya-, de modo que no se conoce todavía el alcance de la reforma prevista por el Ejecutivo.
Pero no parece adecuado minimizar la fuerza de la cúpula eclesiástica en España. Su capacidad para movilizarse es extraordinaria. La jerarquía de la Iglesia católica ha demostrado -desde la reinstauración de la democracia- que no estaba dispuesta a ceder ni un palmo de su poder y de su influencia. Durante siglos, el clero y sus seguidores más fervorosos han hecho y deshecho a su antojo. La derechona ha acostumbrado a ser su principal aliada,
Los liberales
En el tiempo de la Restauración canovista, los liberales apenas consiguieron, ni Práxedes Mateo Sagasta ni el cristiano conde de Romanones, modificaciones legales –mínimamente consistentes- frente a una Constitución que proclamaba que el catolicismo era la religión del Estado. La II República cavó en parte su tumba como consecuencia de la intransigencia de los jerarcas católicos ante las profundas transformaciones instadas por los gobernantes en el ámbito religioso. Tenía razón Manuel Azaña cuando manifestó –hacia la mitad de los años veinte, bastante antes de la proclamación de la República- que “la Iglesia es un auténtico poder en España”.
El nacionalcatolicismo
A lo largo de los cuarenta años de franquismo, los cardenales y los obispos –con el nihil obstat de la Santa Sede- consolidaron un régimen basado ideológicamente en el nacionalcatolicismo. El Concordato entre la España del general Franco y la Iglesia del Papa Pío XII fue un importante respaldo a la dictadura a escala internacional. ¿Y cómo es posible que, tras varias décadas de democracia, la mayoría de los mandamases con sotana sigan siendo absolutamente refractarios a una situación de laicismo -digamos a la francesa-, que no impide en absoluto el culto y la difusión de los principios y normas de la religión católica.
La condena del relativismo
Pues es posible porque el actual Pontífice, Benedicto XVI, ha reactivado todavía más lo que sus antecesores defendieron férreamente –salvo el breve y timorato oasis del Concilio Vaticano II- y que, en definitiva, puede describirse como alergia más o menos maquillada a la democracia. La condena del relativismo –tan reiterada por el Papa Ratzinger- es la otra cara de la misma moneda.
El Estado terrenal
El pasado 15 de agosto, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, pronunció una homilía que incluía un párrafo crucial, que evocaba explícitamente la Doctrina Ratzinger: “La Iglesia respeta el Estado terrenal como un orden propio del tiempo histórico, con sus derechos y sus leyes, que ella acepta (…) También cuando no es un Estado cristiano (…) Pero también pone una barrera a su omnipotencia. Dado que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, y como quiera que sabe por la palabra de Dios qué es el bien y el mal, la Iglesia llama a la resistencia dondequiera que se mande hacer el mal auténtico y lo adverso a Dios”.
El bien y el mal
O sea, que es la Iglesia la que sabe -por decisión divina- qué es el bien y el mal. y a partir de semejante sabiduría la Iglesia se reserva poner “una barrera a la omnipotencia” del Gobierno de turno o “llamar a la resistencia”. Pero, claro está, Dios –lo que entienden los jerarcas eclesiásticos por Dios, que ha sido bien distinto a lo largo de los siglos- tiene una gran ventaja en relación a los humanos. Resulta que ese Dios no se presenta a las elecciones. Y son sus supuestos representantes los que hablan en nombre de él e intentan que los gobernantes hagan lo mismo. “Palabra de Dios, te alabamos, Señor”
Enric Sopena es director de El Plural
