El Gobierno y las comunidades incumplen la Ley de Libertad Religiosa – No han contratado el personal suficiente para enseñar las otras confesiones
España es ya el cuarto país de la UE en número de musulmanes, con un millón y medio. Muchos proceden de la inmigración, pero hay cientos de miles nacionalizados, y varias decenas de miles más son españoles procedentes de otras religiones, unos 50.000, los llamados conversos. De los que están aún en edad escolar, 119.994 han solicitado este año educación religiosa islámica, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (1980) y lo pactado en 1992 entre el Estado y las confesiones calificadas como "de notorio arraigo", según la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Pero sólo hay 41 profesores para atenderlos. Es la otra cara de la libertad religiosa y de la igualdad de los españoles ante la ley. El Gobierno y las comunidades la incumplen.
Andalucía, con 16 profesores en la escuela pública y 16.801 solicitudes, es la única comunidad que parece haberse dado por enterada del problema. Ninguna otra autonomía ha hecho caso a las demandas de esta confesión. En los centros de Ceuta enseñan el Corán 10 docentes, y 11 en los de Melilla. Ésta es la realidad cuando los dirigentes de las comunidades islámicas habían acordado con las autoridades educativas que este curso habría al menos, "para empezar", 314 profesores de esa religión en las escuelas públicas españolas. "El incumplimiento de lo acordado es provocativo", lamentan. El ministerio de Educación ni asume ni desmiente los datos de la UCIDE. Sencillamente, no dispone de cifras globales. Tampoco las comunidades con estas competencias educativas transferidas. La mayoría de los padres musulmanes renuncia a dejar por escrito en los colegios la solicitud de clases de islam para sus hijos. Los directores de los centros suelen desanimarlos de antemano. Y muchos ni siquiera conocen el derecho que les asiste.
Otro aspecto del problema -y nada baladí- es el económico. El Gobierno y las autonomías dan largas porque deberán asumir los sueldos de los nuevos profesores de religión. Ahora pagan los salarios de 15.000 docentes de catolicismo; si deciden cumplir la ley y los acuerdos firmados con las demás religiones, tendrán que asumir también el salario de cientos de docentes más, tal vez algunos miles. Su disculpa es que los musulmanes no presentan a maestros con la titulación y preparación necesarias. Los requisitos exigidos a los aspirantes a profesor del Corán consisten en poseer un título universitario (preferentemente magisterio) cursado en España, y haber recibido un curso sobre ordenamiento jurídico español y valores constitucionales.
La CIE tiene un Acuerdo de Cooperación con el Estado desde 1992, que les reconoce otra serie de derechos, además de la enseñanza religiosa en las escuelas; los mismos que a las otras confesiones de "notorio arraigo". Entre ellos, la protección jurídica de sus lugares de culto (iglesias, mezquitas o sinagogas); el estatuto de los dirigentes religiosos (pastores, imanes o rabinos); la asistencia a sus fieles en ejército, cárceles u hospitales; la atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según sus ritos; beneficios fiscales a determinadas actividades y el registro del sello de garantía de alimentos propios. Quince años después, la mayoría de estos derechos tampoco han sido desarrollados.
El Ministerio de Justicia tiene registradas 539 entidades islámicas. 220 están integradas en la UCIDE, que preside Riay Tatary, imán de la importante mezquita de Tetuán, en Madrid. Junto con la FEERI (Federación de Entidades Religiosas Islámicas), forma la Comisión Islámica (CIE), el órgano de interlocución con el Estado.
Su denuncia de desatención a los alumnos musulmanes por parte de las diferentes Administraciones educativas contrasta con el programa que precisamente ha puesto en marcha la UCIDE para actualizar y modernizar la metodología de enseñanza de sus profesores de religión. Riay Tatari confía en que este curso, que se impartirá en su mezquita a un grupo de 30 profesores y aspirantes procedentes de toda España, "favorezca la idea de que el islam es una religión de paz y convivencia y ajena al terrorismo".
"Elige entre ética o catolicismo"
Omar Fernández Benali cumple cinco años en junio. Es su segundo curso en el colegio Cañada Real, en Collado Villalba (Madrid). Su padre, Yusuf Fernández, español y musulmán, pidió el curso pasado que le facilitasen a su hijo clases del islam. No hubo manera. Después de muchas explicaciones, le dijeron que no había, y que, en todo caso, si no escogía entre ética o religión católica, corría el riesgo de acabar directamente en una clase de catolicismo. Finalmente, Omar estudia Ética, a la espera de una batalla legal que sus padres no están dispuestos a dar por perdida.Los dirigentes musulmanes llegarán hasta los tribunales, si hace falta, en defensa de un derecho "clamorosamente constitucional". Dice Yusuf Fernández: "La enseñanza del islam en nuestras escuelas públicas es un derecho recogido en los Acuerdos de Cooperación de 1992. Que no se nos atienda es una clara discriminación con respecto a la Iglesia católica. Hay comunidades, especialmente algunas gobernadas por el PP, donde no existe ninguna voluntad para aplicar el acuerdo, a pesar de que éste tiene rango de ley y fue aprobado casi por unanimidad en el Congreso".Yusuf Fernández, que viajará en 15 días a Washington para participar en el congreso Islam y democracia, organizado por el Centro de Estudios Islam y Democracia, es secretario de la Federación Musulmana de España (FEME). Y está empeñado en resolver el problema de sus hijos (además de a Omar, el matrimonio Fernández-Benali tiene a Sara, de dos años), y el de decenas de miles de niños de su misma religión. "La Federación hará campaña para que los padres presenten solicitudes de clases de islam en cada centro de primaria y secundaria.Sus críticas van, en todo caso, más allá de los políticos. "Sería injusto culpar sólo a las autoridades de esta penosa situación. Necesitamos una reforma de la Comisión Islámica de España para convertirla en una institución representativa y eficiente. Hay dos federaciones que monopolizan de forma ilegal la comisión. Es imprescindible si queremos gestionar con eficacia el Acuerdo de 1992".
Solicitantes por autonomías
Andalucía: 16.801
Aragón: 3.028
Asturias: 275
Baleares: 3.213
Canarias: 5.821
Cantabria: 249
Castilla-La Mancha: 3.826
Castilla y León: 2.095
Cataluña: 31.165
Ceuta: 5.301
Extremadura: 3.164
Galicia: 748
La Rioja: 1.380
Madrid: 18.713
Melilla: 5.749
Murcia: 7.588
Navarra: 1.229
Valencia: 8.013
País Vasco: 1.636
