El Estado incumple los acuerdos de cooperación con la comunidad musulmana en materia de enseñanza religiosa en la escuela pública
Treinta y tres profesores para 74.000 posibles alumnos, como mínimo. Esta es la situación, un año más, de la enseñanza de la religión islámica en la escuela pública española. Son los datos facilitados la semana pasada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Once de esos profesores de Islam enseñan en Melilla, diez en Ceuta, otros diez en Andalucía y dos en Aragón. Decenas de miles de padres y, sobre todo, las federaciones islámicas que les representan no han logrado, tampoco este curso, una respuesta mínimamente razonable a una reivindicación que arrecia desde 1992, el año en que se firmaron los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España.
Algunas comunidades autónomas ni siquiera se han preocupado de este asunto. No tienen datos. A veces ni siquiera tienen noticia del derecho que asiste a los musulmanes a reclamar para sus hijos, en los centros públicos, clases de la religión que practiquen en familia. En cambio, todas pagan religiosamente a miles de profesores de catolicismo, en torno a 15.000 personas en la enseñanza pública, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso escolar por los obispos. Otros 15.000 cobran por la misma función en la escuela privada concertada que da esa materia, es decir, la inmensa mayoría del sistema.
Cuando en 1992 se acordó que habría clases de Islam en la escuela pública, en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, había 17 profesores acreditados, con titulación universitaria (preferentemente recibida en España). Ceuta y Melilla acaparaban la oferta y la demanda. Entonces se dijo que pronto habría cientos de docentes más en toda España, pero el empeño fracasó por falta de voluntad política y mucho miedo.
Los dirigentes islámicos creen, en cambio, que la integración de los niños musulmanes en un sistema de enseñanza religiosa equivalente al que disfrutan los católicos favorecería la asimilación social de la comunidad musulmana y ayudaría a desterrar conceptos asociados al Islam como el terrorismo o el maltrato a las mujeres.
La Comisión Islámica calcula que en España hay no menos de 74.000 alumnos en situación de reclamar enseñanza de islamismo, frente a los 24.000 que constaban el año pasado en los registros autonómicos y del Ministerio de Educación. Otros cálculos elevan la demanda a 100.000 alumnos, "si se publicitara el derecho que asiste a todos los padres a pedir para sus hijos clases de la religión que deseen", observa Mansur Escudero, uno de los firmantes del acuerdo con el Estado en 1992.
La demanda de enseñanza religiosa islámica es en su mayoría de hijos de emigrantes, pero hay también, cada vez más, chicos de matrimonios mixtos -españolas con árabes, la mayoría-, e hijos de españoles conversos a esa religión. Educación exige que para que un centro tenga en plantilla a uno o varios docentes de islamismo debe reunir en cada clase a un mínimo de diez alumnos. A los dirigentes islámicos este requisito les parece injusto, "de muy difícil argumentación". "Un derecho fundamental no puede estar limitado por el número de los demandantes", afirman.
Abundan los centros escolares en los que alumnos musulmanes acuden a clase de catolicismo porque no se les facilita la enseñanza de su religión. "Mejor eso que dejarlos en el patio, solos, como si fueran unos marginados", reconoce un director de un colegio público en Asturias que ha optado por esa extravagante solución.
La asignatura de religión confesional, de acuerdo con la legislación vigente, es "de oferta obligatoria" para los centros y voluntaria para los alumnos. En España tienen derecho a enseñanza religiosa confesional pagada por el Estado la Iglesia católica y las religiones que cuentan con el calificativo oficial de "notorio arraigo", es decir, protestantismo, judaísmo e islamismo.
