Este año el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales destinará algo más de 203 millones para los programas de acción social que llevan a cabo organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y otras muchas. El dinero sale de la casilla para fines sociales que los contribuyentes marcan en su declaración de la renta, del cual el ministerio distribuye el 77%.
El dinero se repartirá, según ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, por todos los territorios para que puedan financiar sus clásicos programas de ayuda a los más necesitados: pobreza, drogadicción, reclusos, minorías étnicas… Y dos prioridades que han sido señaladas este año: planes contra la discriminación laboral y salarial de las mujeres y la atención a hijos de mujeres víctimas de violencia de género.
Este reparto de los fondos ha causado más de una polémica este año, porque en enero se conoció una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a Cataluña para que sean las comunidades las que distribuyan estos fondos. Los grupos nacionalistas así lo han pedido reiteradamente. Pero las organizaciones de cooperación social rechazaron en su día dicha idea: creen que, debido a su presencia en distintas comunidades es más eficaz que sea el Gobierno el que distribuya lo recaudado.