Los obispos y párrocos aragoneses desarrollaron la actividad inmobiliaria más intensa documentada hasta ahora en el país, según revela una consulta del Gobierno autonómico a los registros de la propiedad
Los obispados y las parroquias aragonesas inscribieron a su nombre al menos 1.751 propiedades inmobiliarias, entre ellas iglesias y fincas de otro tipo, en las menos de dos décadas transcurridas entre la reforma de la ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, que facilitó a partir de 1998 esas anotaciones registrales, y la abolición de ese privilegio en 2015.
Los datos, hechos públicos este lunes por el consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, corresponden a 22 de los 43 registros de la propiedad de la comunidad. “El dato de 40.000 [inmatriculaciones] igual se queda corto, para toda España”, señaló Gimeno a la vista de las cifras.
En cualquier caso, el resultado parcial de la consulta a los registros de la propiedad sitúa a la iglesia aragonesa como la que tiene documentada una actividad inmatriculadora más intensa en todo el Estado: esas 1.751 propiedades, que no incluyen anotaciones anteriores a la reforma Aznar, superan con creces las 521 de la iglesia vasca desde 1978, las 1.086 de Navarra (972 de ellas registradas después de 1998), el medio millar largo de Baleares o las 401 de la provincia de Córdoba.
La capital se adelantó a Aznar
Entre los 22 registros que no han contestado se encuentran trece de los quince de la capital. Sin embargo, sus respuestas apenas modificarán esa lista, ya que 47 de las 49 anotaciones a favor del arzobispado y las parroquias, y que incluyen 14 iglesias, once templos rurales, cuatro ermitas, cuatro cementerios y siete casas parroquiales, en un listado en el que campos, huertos, pisos e incluso un frontón, están fechadas antes de 1998.
Esa circunstancia hace que nadie pueda reclamar ya, por haber pasado más de treinta años desde su inscripción, la propiedad de templos como los de Santiago El Mayor, San Pablo, Santa Engracia, San Gil o San Miguel de los Navarros, aunque ese plazo todavía no ha transcurrido para la basílica del Pilar o para la iglesia de San Juan de los Panetes.
El caso de la emblemática catedral de La Seo, el majestuoso templo mudéjar en el que los reyes de Aragón juraron los fueros hasta Felipe V, el Ayuntamiento de Zaragoza logró interrumpir los plazos al haberse celebrado el pasado mes de mayo, antes de que hubieran transcurrido esas tres décadas, un acto de conciliación en un juzgado.
“Son patrimonio sustraído de la titularidad pública”
Gimeno compareció a petición de Podemos, formación que ya había impulsado la resolución que llevó al Gobierno autonómico a hacer las consultas y que se había mostrado especialmente incisivo con el caso de la catedral románica de Jaca, inscrita como obra nueva en 2015, unos días antes de que quedara abolido el privilegio de inscribir la posesión de templos e inmuebles de todo tipo con la mera certificación de un fedatario diocesano.
“Nuestro objetivo es defender el patrimonio cultural de lo que probablemente sea el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España”, señaló la diputada morada Amparo Bella, que alertó de que los inmuebles anotado a a su nombre por la iglesia “son bienes de dominio público que han pasado a manos privadas”.
“Dentro de unos años la iglesia podría ser propietaria de estos edificios”, dijo, que “también son patrimonio emigrado y sustraído de la titularidad pública”.
La urgencia de reformar la ley
La anotación de bienes inmobiliarios de todo tipo a favor de las instituciones eclesiásticas, que ya trataron de impedir tanto la dictadura de Primo de Rivera como la Segunda República y el franquismo, se aceleró desde que Aznar levantó ese veto y concedió a la iglesia católica el privilegio de autocertificarse la posesión, una medida cuya legalidad ha cuestionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que concluye que el Gobierno del PP la aprobó “sin justificación aparente”.
Esa medida ha dado lugar a conflictos como el de la mezquita de Córdoba y a episodios como el protagonizado por el obispado de Jaca, que se anotó la posesión de 14 templos románicos y nueve góticos. Y también a pleitos, como el que mantuvo el Gobierno de Aragón con esa diócesis cuando pretendió inscribir la titularidad de iglesia de Santa María de Iguacel. “Se entendió que el suelo era de la comunidad autónoma, y no tienen título de propiedad que justifique que el dueño sea distinto de quien lo es del suelo”, explicó Gimeno.
El consejero, que apeló a la “obligación de la comunidad autónoma de defender el patrimonio público”, consideró “muy urgente” promover una reforma de la ley Hipotecaria para eliminar los plazos de oposición a las inmatriculaciones. Este venció a mediados de mayo para esas inscripciones de posesión, aunque es posible litigar por la propiedad (concepto jurídico distinto) mientras no hayan transcurrido treinta desde la anotación.
“Habría que ampliar los plazos para reclamar la propiedad”, señaló Gimeno, quien anotó que “la posición de la comunidad es no aceptar ninguna inmatriculación cuando haya la mínima duda y no esté justificada la propiedad”, aunque matizó que si quien litiga por borrarlas del registro carece de título de propiedad “va a ser muy difícil que cualquier registrador, y menos ningún juez, inscriba algo distinto a la inmatriculación”.
“Existe la posibilidad de expropiación”, sugirió, aunque matizó que “no estoy hablando de una expropiación como la de Mendizábal” y añadió que, en cualquier caso, un trámite de ese tipo no sería aplicable en casos como la basílica del Pilar, La Seo o la catedral de Jaca. “Son decisiones políticas que hay que tomar de manera individualizada”, moduló.
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