COMENTARIO: El señor Camino se equivoca, en primer lugar, porque el artículo 27 de la Consitutición si bien habla del derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que esté de acuerdo a sus convicciones; en ningún momento se dice que esta formación deba darse en los centros educativos. Precisamente las escuelas no son lugares para el adoctrinamiento, para ello se cuentan con las parroquias, templos, sinagoas, mezquitas, ateneos,… lugares adecuados para ello.
También se equivoca cuando dice que se ponen obstaculos a la religión en las escuelas. Al contrario, lo usual es que se trate de inducir a los padres para que inscriban en religión, incluso facilitando desde la administración esa documentación a todas las familias y no a quienes van a solicitar esas clases. Quienes no se apuntan suelen ser objeto de discriminaciones en el trato, en el lugar donde reciben la atención educativa, en la actividad que realizan (generalmente NADA) perdiendo horas de su formación al tener que esperar que sus compañeros den religión,…
Por último la situación de los catequistas, designados por el obispo y pagados por el erario público, sin haber pasado por los procesos de selección que obliga la contratación pública de personal, es un privilegio al que ellos añaden el poder despedir y que de nuevo sea el erario público el que pague sus despidos improcedentes. ¡Encima vienen con quejas!
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó este viernes que en ocasiones se ejercen presiones para que “los padres no lleven a sus hijos a clases de religión”, "cuando el derecho (de los progenitores) a elegir una formación intelectual y espiritual acorde a las convicciones morales está recogido en la Constitución” y acusó a algunos medios de comunicación de llevar a cabo campañas contra esta asignatura.
Camino realizó estas declaraciones en una rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria de la CEE, donde fue preguntado por la sentencia que obliga al Ministerio de Educación a que en cinco días restituya en su puesto a la profesora Resurrección Galera, que el obispado de Almería despidió por casarse con un divorciado.
A su juicio, “si hay un profesor que no tiene la cualificación para enseñar religión católica” no debería ocupar dicho cargo, puesto que “se está vulnerando” este derecho constitucional.
“Este es el fondo del debate”, señaló Martínez Camino, aunque “dudo de que los medios” lo transmitan, agregó.
El portavoz de la CEE lamentó el hecho que los medios interesados en difundir una campaña en contra de la asignatura de religión “son tan potentes”, y “luego hablan del poder de la Iglesia” y sobre “los poderes fácticos”, ironizó.
Según recordó, en los centros estatales el 70% de los padres eligen llevar a sus hijos a religión, y tienen que “repetir todos los años” esta intención.
El problema es cuando se les presiona para que no escojan dicha opción, “y ello es lo que nos tenía que preocupar”, declaró el portavoz.
En su opinión, hay determinadas fuerzas políticas y sociales que no quieren que los padres ejerzan su derecho, porque quieren imponer su ideología” a los más jóvenes.
“Estos son los que magnifican tres, cuatro o 20 casos de profesores conflictivos que pueden existir, entre los miles de profesores de religión” que hay en España, subrayó.
Con todo, señaló que el caso de Resurrección Galera deberá regirse por el derecho, y admitió no "estar contento" con el estatuto actual de las clases de religión y de su profesorado.
