Las reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de admitir tramitar como una posible vulneración de derechos fundamentales el recurso contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, se suceden. Así, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que la asignatura "no vulnera ningún derecho fundamental".
El consejero explicó que el ejecutivo andaluz respeta la decisión judicial, pero aseguró que el próximo lunes día 17 se iniciará el curso "con toda normalidad y dentro de esa normalidad se cursará la asignatura de Educación para la Ciudadanía sin ningún tipo de problema".
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó ayer "diálogo y consenso" sobre la asignatura y se mostró partidario de que se aplacen las clases de la materia "como se ha hecho en otras comunidades autónomas" hasta que se pronuncie el tribunal.
"Decir que se puede acabar con los accidentes de tráfico o con la violencia de género" gracias a la asignatura es "un disparate, una frivolidad y un insulto a las familias andaluzas", dijo Arenas en referencia a unas declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves. Según Arenas, para acabar con estos problemas hay que "poner encima de la mesa las prioridades", que fijó en la lucha contra la violencia de género y en la erradicación de la siniestralidad laboral.
En cuanto al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas criticó que no se esté hablando de las condiciones de la educación pública. Valderas calificó de "falacia política" entre PP y PSOE el debate en torno a la asignatura e hizo hincapié en la necesidad de centrarse en "las condiciones de calidad de la educación".
Valderas pidió que en los presupuestos se hable "no de impartir esta asignatura, sino de cuántos alumnos hay en cada aula, de cómo vamos a luchar contra el absentismo y el fracaso escolar y cómo vamos a elevar la calidad de la enseñanza pública".
