Corría el año 1988 y se anunció que San José albergaría uno de los conciertos de la gira mundial para celebrar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sting, Bruce Springsteen y otras luminarias del rock nos visitarían por primera vez. No bien vino el anuncio, de algún rincón saltó un movimiento exigiendo la cancelación del concierto con el argumento de que el rock era una música satánica con un misterioso poder para pervertir a la juventud. Como si fuera ayer puedo ver al recordado José Capmany explicar en un debate televisivo que no era cierto que los discos de los Beatles emitían horripilantes invocaciones diabólicas cuando se les tocaba hacia atrás.
El concierto se celebró, pero no pasarían muchos meses antes de que anduviéramos en las mismas. Ahora era la Oficina de Censura la que como un rayo fulminante había prohibido la película La Última Tentación de Cristo, con la justificación de que su difusión podía herir la sensibilidad religiosa de la mayoría. Desde la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR interpusimos un reclamo ante la Procuraduría de Derechos Humanos que no prosperó, entre amenazas de excomunión de parte del Arzobispo. Años después la película de Scorsese terminaría en los anaqueles de todos los videoclubs, sin pena ni gloria.
El tiempo pasó. No nacieron los niños con cola puntiaguda que anunciaron los beatos, ni el país se despeñó por un precipicio de depravación. Durante muchos años pensé que aquellos eran los últimos estertores de una sociedad conservadora, donde el prejuicio religioso era capaz de atentar contra los derechos fundamentales que sostienen una sociedad libre. Para quien eso creyó, el resultado electoral del pasado 4 de febrero ha sido una amarga sacudida. Las batallas que pensamos ganadas, no se ganaron en absoluto. Toca volver a pelearlas, ahora con más urgencia.
La posibilidad de que en esta elección triunfe un candidato con una agenda confesional explícita plantea un dilema más fundamental que las habituales discusiones sobre el déficit fiscal o el faltante de infraestructura. Lo que se juega aquí es la adhesión a principios cardinales de nuestro credo político y nuestra convivencia democrática. Lo que se decide es si estamos dispuestos a aceptar que una ética religiosa particular sea impuesta sobre una sociedad diversa mediante el uso de la coerción del estado. Cualesquiera sean mis opiniones sobre ambos candidatos en otros temas, no estoy dispuesto a cohonestar con mi voto la invasión de la política por la religión. Ese puente no lo voy a cruzar, sin importar cuáles sean los supuestos beneficios políticos o económicos que nos aguarden al otro lado.
La separación entre política y religión, entre estado e iglesia, entre la bandera y la cruz, es una de las grandes contribuciones de la civilización occidental a la humanidad. Sacrificarla es retroceder al menos 300 años en nuestro desarrollo político, a la época anterior a la “Carta sobre la Tolerancia” de John Locke. Esa separación no nació de la oreja de una cabra: es el producto de siglos de continua devastación infligida por las guerras religiosas en Europa. Es ella una de las claves que explica el ascenso del imperio de la ley y de una esfera de ciudadanía en la que todos somos iguales en derechos, con independencia de nuestras convicciones religiosas. Esa separación está en la raíz de todo lo que nos hace ser una democracia.
Los peligros de la fusión entre religión y política no son hipotéticos: ya están entre nosotros. La prohibición del matrimonio igualitario es, precisamente, un ejemplo conspicuo de la imposición de un precepto religioso respaldado por la ley. Esto vale la pena desarmarlo. La legalización del matrimonio igualitario no impone nada a nadie. No hay una sola persona que no pueda vivir su vida a plenitud en una sociedad que autoriza el matrimonio igualitario. En una sociedad así no deja de vivir una vida plena quien es heterosexual, ni quién tiene convicciones religiosas profundas, ni todo aquel que quiera educar a sus hijos en la forma y con los valores que le parezcan más adecuados. Hay aquí una diferencia crucial: quienes insisten en prohibir el matrimonio igualitario sí están imponiendo una consecuencia gravosa a las personas con preferencias sexuales diversas. No vive su vida a plenitud quien no tiene la posibilidad de manifestar públicamente ante la sociedad su vínculo y su fidelidad a la persona que ama, una opción que yo, como heterosexual, sí tengo. La única raíz de ese gravamen es una creencia religiosa –que yo no comparto—amparada por la coerción del estado. Estamos coartando derechos de otros con la única justificación de no herir la sensibilidad de la mayoría, un argumento idéntico al que impedía los matrimonios inter-raciales en el sur de Estados Unidos hasta que la Corte Suprema los legalizó en 1967. Perdón: en una sociedad libre nadie tiene derecho a no ser ofendido por conductas de otros que no lo perjudican ni directa ni indirectamente. En una sociedad libre, proteger una convicción religiosa no es argumento suficiente para limitar derechos.
Si los vamos a limitar, entonces hagámonos cargo. Porque resulta que otra de las consecuencias de convertir a la religión en política pública es devaluar nuestra responsabilidad como ciudadanos. Cuando un candidato propone que los preceptos bíblicos sean la orientación fundamental de la política pública, lo que nos está ofreciendo es una ética pública que nos devuelve a una infancia feliz a la que ya no tenemos derecho como mayores de edad. Es un acto de infantilismo pensar que podemos y debemos descargar en la Biblia la responsabilidad de resolver los inevitables dilemas morales que impone la tarea de construir una sociedad más justa y más humana. “Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer?”, dice una canción de Silvio Rodríguez. Eso no hay profeta que lo resuelva. Nos toca resolverlo a nosotros como gobernantes y como ciudadanos. Si les vamos a restringir derechos a grupos enteros de la población con el afán de no herir la susceptibilidad religiosa de otros, entonces nos toca asumir las consecuencias. Pero no digamos que Dios o la Biblia nos lo ordenan. El que quiera limitar derechos de los otros que se pare y diga sin ambages que esa es la clase de sociedad que considera justa. Ejercer los derechos de ciudadanía implica una responsabilidad indeclinable o no merecemos tenerlos.
La construcción de una sociedad justa –que es de eso de lo que se trata la política—demanda ciudadanos, no feligreses; demanda líderes políticos, no pastores de almas. Confundir las dos cosas es devaluar nuestra democracia, eludir nuestra responsabilidad, entregar nuestros derechos al capricho del prejuicio y regresar a una noche histórica que las sociedades occidentales supieron dejar atrás. De nosotros depende que esto no suceda en Costa Rica. No, Zapote no vale una misa.
Kevin Casas
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Essex, la Universidad de Oxford, la Universidad de Georgetown y la Universidad George Washington
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