La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles
No es terquedad de pollino joven. Es irresponsabilidad. Lo peor es que el desaguisado que denuncia el Consejo de Estado, de forma apabullante, sobre la enésima reforma de la educación cívica y religiosa de los niños españoles, se intenta imponer contra toda lógica constitucional. La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles (cada año, 500 millones en profesores de catolicismo y 4.000 millones para financiar los centros de ideario católico). Lo que garantiza el artículo 27.3 es “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. De ahí arrancó el Vaticano en 1979 al Gobierno de Suárez, mediante un ministro propagandista católico, un abusivo concordato nacionalcatólico que dispone que los planes educativos “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
Eso es todo, aunque es muchísimo. En cambio, los obispos pretenden controlar con esa norma religiosa no solo la enseñanza del catolicismo, sino el contenido de otras materias imprescindibles para la buena educación. Así se explica la intempestiva liquidación de Educación para la Ciudadanía y de la obligatoria asignatura de Ética de 4º de la ESO, imponiendo a cambio, como “materia alternativa a la Religión”, la que el ministro Wert llama de “Valores Culturales y Sociales” en primaria y “Valores Éticos” en secundaria.
Es una solución ilegal. No se sabe si es ignorancia, o si dominan en este Ejecutivo las ganas de humillarse ante la jerarquía eclesiástica, pero no es creíble que el legislador desconozca nada menos que cuatro sentencias del Tribunal Supremo anulando, ya en 1994, preceptos parecidos porque “las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de religión ocasionaban discriminación a los alumnos que —al optar por esta— tenían menos tiempo para preparar las demás asignaturas”. Lo vuelve a recordar el Consejo de Estado.
Lo terrible es que el monopolio de los obispos en materia religiosa está sembrando una atroz ignorancia cultural en esa materia. Pocos de sus alumnos sabrían hoy explicar qué significan dichos como “eres un Adán” o “esto parece la torre de Babel”. Y lo que es peor para ellos: la cosecha de analfabetos religiosos incrementa la increencia de los jóvenes, que salen espantados de las iglesias. No escarmientan. Habrá clases de religión y su alternativa, a la misma hora, la quieren exigente y evaluable, no sea que los chicos no se apunten a la oferta episcopal.
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