Lo peor que está pasando, días antes del pretendido inicio del curso 2020-21, es haber sembrado la desconfianza, lo que está provocando cierto temor entre una gran parte de las familias, el alumnado y el profesorado. Ello es como consecuencia de informaciones contradictorias y falta de claridad, de no tener -de forma generalizada- los recursos adecuados para una apertura segura de los centros.
Antes de seguir, expreso mi aplauso a todos los niños, niñas y adolescentes, que desde marzo hasta final del curso estuvieron encerrados en casa, la mayoría con la educación online, en muchos casos con enormes dificultades y sin embargo, muy generalizadamente, tuvieron un comportamiento más que ejemplar, también a las familias y al profesorado que se implicó en ello, en ocasiones sin apenas medios.
Para que se tenga clara la enorme dimensión de este hecho es necesario indicar (de forma cuantitativa) que en España hay más de ocho millones de alumnas y alumnos en las enseñanzas no universitarias, de los cuales casi 5 millones están en las enseñanzas obligatorias (es decir en primaria y ESO). Alrededor del 65% asisten a centros de titularidad pública, el 30% están en la enseñanza privada concertada y el 5% en centros privados, no concertados. El alumnado de educación infantil de primer y segundo ciclo (enseñanza no obligatoria), son alrededor de 1,7 millones de niños y niñas de 0-3 y 3-6. De estos últimos, 1,3 millones -aproximadamente- asisten a centros de infantil y primaria, e, incluso, a centros privados, de enseñanzas completas. El alumnado de bachillerato y formación profesional, que son enseñanzas no obligatorias, son aproximadamente 1,5 millones.
El número de centros escolares no universitarios es de aproximadamente unos 29.000, de los cuales algo más de 19.000, son de titularidad pública. Es decir que cerca de 10.000 son privados concertados y no concertados. Y en este caso que nos ocupa, más allá del debate enseñanza pública – privada, la atención sanitaria y la seguridad que ha de proporcionar el Estado se ha de extender a todo el alumnado, independientemente del centro al que asista.
La inversión y gasto total en educación actualmente es inferior que en el año 2009, en casi 2.000 millones de euros. Esa preocupante disminución global se ha cebado más con la enseñanza de titularidad pública, ya que ha habido trasvase de recursos de ésta, a la enseñanza privada concertada. En términos PIB, la inversión global en enseñanza ha disminuido del 5% al 4’2% en estos últimos 10 años, es decir, cada vez estamos más lejos del 6% que se viene reclamando desde hace 4 décadas. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, la financiación pública de la enseñanza privada ha crecido, pasando del 10’9% al 12’4% del gasto total. Lo que demuestra que ha habido un proceso progresivo de privatización de la enseñanza, lo que ha conllevado un aumento de la segregación, abriéndose, aun más, la brecha educativa y social. Con la pandemia ha aumentado la brecha, por falta de medios, perjudicando más a los sectores más desfavorecidos y, generalmente, al alumnado de los centros de titularidad pública, por ser a los centros donde -mayoritariamente- acuden estos alumnos y alumnas.
En 2018 el abandono educativo temprano era el más alto de todos los países de la UE (casi un 18%), mientras que la media europea, se situaba en el 10,6%. Con una prolongada pandemia la situación podría empeorar. Y es lo que habría que tratar de evitar, ya que recae sobre las familias más vulnerables.
La pandemia provocada por el covid-19, ha venido a destapar grandes carencias y lagunas en la Sanidad, los Servicios Sociales y, también, en un Sistema Educativo rígido, anticuado, que propicia la segregación y con mucho menos medios de los necesarios. Situación que, desde hace muchos años, se venían denunciando por diversidad de sectores, personalidades del mundo de la Enseñanza y organismos internacionales. Y que se ha agudizado en esta inesperada y grave situación. Pero quizá sirva para tomárnoslo en serio.
Me decidí a escribir este artículo, cuando el pasado jueves escuché (avergonzado) sendas “broncas” a las familias, sin sentido, por parte del ministro de Sanidad y de la Ministra de Educación. El primero, amenazante sobre de qué forma deberían de llevar a las niñas y niñas a la escuela y la señora Celaá sobre la obligación imperativa de que tenían que llevarles (sí o sí) a la escuela… deslizando serias amenazas, de no hacerlo. En este último caso, algunos consejeros de CCAA, en días pasados, también se han excedido bastante y quizá los sigan haciendo en los próximos días. Lo que no entiendo muy bien es esa innecesaria consulta jurídica del Ministerio, sobre la asistencia o no clase en las etapas obligatorias, cuando la Ley es muy clara y hay canales institucionales de sobra, para atajar cualquier irregularidad o dejación de responsabilidades familiares en circunstancias normales, pero es que asistimos a una enorme ANORMALIDAD, que crece por días y no está nada claro hasta cuando…
Es más, con la llegada del otoño, la vuelta a los trabajos cotidianos, la vuelta al cole y la aparición puntual de los “otros” virus estacionales los casos se podrían a disparar y muy posiblemente se van a confundir. Y, en el caso de los menores, mucho me temo que, a la vista de la situación actual los servicios sanitarios hospitalarios y de medicina primaria, en especial los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento de pediatría NO van a ser suficientes para prevenir, orientar y solucionar con diligencia las situaciones que se presenten, si no se refuerzan adecuadamente, hecho que se tendría que estar haciendo en estos momentos.
Sobre el virus covid-19 hay algunas certezas pero también muchas incertidumbres en cuanto a la transmisión comunitaria y su comportamiento junto a otros virus habituales, sobre todo en los niños y jóvenes. Es cierto que la escuela no será el único foco de riesgo. Hay otros en el ámbito social y familiar. Pero la escuela será uno más y no están, a día de hoy, todavía muy claras las medidas higiénicas a tomar, en cada situación. Incluso en algunos centros y casuísticas las dificultades van a ser extremas, sobre todo, porque los protocolos, estatal y autonómicos (con algunas excepciones) son imprecisos y no van acompañados de los medios necesarios a cada situación.
Yo puedo entender que este muy irregular y complejo comienzo del curso 2020-21, se haya convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades públicas y para los partidos que las sostienen y aun más, como consecuencia de la no prevista (por ellos y por la sociedad en general) altísima transmisión comunitaria que se está produciendo días antes del previsible comienzo del curso y con el riesgo de que aun vaya a ir a más.
Estoy convencido de que -en marzo- cuando se dieron (por cerradas) las clases, como consecuencia del confinamiento general: Primero, las autoridades educativas (estatal y de las CCAA) apenas tenían idea de las enormes carencias del Sistema (?) y, en segundo lugar, pensaban que en septiembre podrían abrir los centros con cierta normalidad y seguridad, ya que la transmisión del virus se habría reducido.
Me consta que desde hace más de cuatro meses diversidad de colectivos, desde las asociaciones de madres y padres, sindicatos del profesorado, las mareas etc. etc., le han ido trasladando al Ministerio de Educación y FP y a las diversas Consejerías… propuestas y posibles soluciones para el inicio del curso. Pero -salvo honrosas excepciones- muchas han caído, por ahora, en “saco roto”.
Estos días observo cómo se proponen diversidad de movilizaciones por parte de ciertos sectores de la comunidad educativa, en muchos casos de forma razonable y preventiva, exigiendo una vuelta al cole segura. Si el proceso se hubiera desarrollado de otra forma, no estaríamos en esta situación de confusión e incertidumbres, de forma generalizada.
Me da la impresión que desde el poder político no han tenido en cuenta que cada centro (público o privado) es “un micro-mundo”, de tal forma que influye el claustro, como sea el equipo directivo, sociológicamente el barrio o si es zona rural o urbana, si son centros de alta densidad o de muy baja densidad escolar, el tamaño y ubicación de los espacios y las aulas, si es un centro común o están experimentando algún modelo de experimentación o innovación educativa, si es de infantil y primaria o es de secundaria y hasta la climatología influye. Tener esto en cuenta por parte de las instituciones sanitarias y educativas, es crucial para hacer las cosas lo mejor posible. Por ello se necesitan los medios adecuados a cada casuística, flexibilidad en los protocolos, fomentar mucho el diálogo en el seno de la comunidad educativa y, sobre todo, puesto que ha habido -hasta ahora- una cierta inacción política ir paso a paso aunque cueste más tiempo y esfuerzo.
Desde luego, y por este orden donde más habría que centrarse y apoyar… es, inicialmente, en los centros de infantil y primaria, después en los ámbitos y barrios de familias de mayor vulnerabilidad, también en aquellos centros de mayor densidad de alumnado y, por último, en los centros que, por sus características arquitectónicas y de espacios inadecuados, generen mayores problemas, para tomar medidas higiénicas y de distanciamiento. Y ahí los servicios de inspección educativa deberían de ser vitales.
Es, sin duda, la opción PRESENCIAL la deseable, por multitud de factores que no voy a citar, ya que el artículo se haría muy largo. Pero no obstante, estamos en un momento muy EXCEPCIONAL y la flexibilidad y el rigor han de ser una prioridad. Y no el AUTORITARISMO. Al igual que el final del curso pasado, el de 2020-21 será muy complejo, muy difícil y todos han de poner de su parte lo mejor y tener mucha paciencia y máximo compromiso, porque se avecinan días muy difíciles, con cuarentenas, posible cierre de aulas y centros. Por ello, la paciencia y el diálogo en el seno de la comunidad educativa y con las autoridades sanitarias y educativas, será fundamental.
El Ministerio, las CCAA y, también, los Ayuntamientos tienen una gran responsabilidad y mucho que hacer. Eso sí, el Gobierno central debe de comprometerse a “poner encima de la mesa” todos los recursos económicos y materiales que sean necesarios.
Yo, personalmente, a la vista de las actuales circunstancias (a 31 de agosto), retrasaría la apertura presencial durante algunas semanas, allá donde sea necesario como ya están apuntando algunas CCAA y el comienzo de curso lo haría de forma muy escalonada. Comenzando, inicialmente, por los cursos más bajos, en los barrios de los sectores más desfavorecidos, en el ámbito rural y donde haya una baja densidad de alumnado. No pasa nada si se hace así, son circunstancias muy excepcionales. Así se va observando la evolución de las primeras aperturas y de la situación y extensión del virus, municipio a municipio, comarca a comarca. Hay que concienciarse de que VA A SER UN CURSO DIFERENTE Y COMPLEJO.
Todos los protocolos que, hasta ahora, se han hecho por parte del Ministerio y de las CCAA, tienen cosas válidas, pero también algunas lagunas y, en algunas cuestiones, muy poco realistas. Por ello habrá que implementarlos y adecuarlos a cada momento y circunstancia.
Para ello habría que buscar la máxima complicidad posible de las instituciones sanitarias y de educación y de los servicios de inspección, con las organizaciones y sindicatos del profesorado, con los claustros, con las AMPAS y las familias y, en los ámbitos de secundaria y FP, también con las organizaciones estudiantiles.
Es pertinente, el acuerdo de que haya una persona (o equipo) de “referencia covid-19” en cada centro, siempre en consonancia y en cumplimento de la Ley de prevención de riesgos laborales y en permanente sintonía con las autoridades sanitarias y educativas. Por ello, sería muy necesario contar con personal especialista sanitario (de enfermería) en todos los centros. Cuestión que se venía exigiendo desde hacía años, por otros muchos motivos y que ya existe en algunas CCAA.
A estas alturas, principios de septiembre, todavía algunas de las propuestas y medios materiales y humanos que se proponían y solicitaban, al menos para paliar la grave y compleja situación, no han llegado o no están llegando adecuadamente (con excepciones, claro) a saber:
1-Adecuación telemática y de conectividad máxima, además de planes de formación y adaptación para el profesorado. Ello, al margen de la compra de aparatos y terminales, que en algunos casos se están anunciando.
2-Un Plan concreto de atención específica y personalizada a familias vulnerables.
3-Mi opinión es que aulas de 20 o más alumnado no es conveniente, en absoluto. Infinidad de informes sanitarios lo corroboran, además de las medidas sanitarias que se están generalizando en todas las CCAA. Las instituciones y a su vez los centros han de adquirir el compromiso (inmediato) de bajar las ratios a no más de 10/12 alumnos/alumnas por aula (de forma generalizada)… ello comporta utilizar otros espacios, aumentar número de docentes y/o utilizar el sistema de asistencia en horarios diarios (a turnos) o en días y semanas alternas. Los recurrentes “grupos de convivencia” no deberían de ser de más de 5 o 6, modelo (que aun llevado a rajatabla con menores) generará inconvenientes en la organización de los centros. Además, dudo de que entre los más pequeños sea efectivo. Será un problema la utilización de los servicios, baños y espacios comunes de paso o estancia, ya que requerirá una atención, organización y limpieza complementaria, ya no digamos entre los escolares más pequeños.
4-Es necesario un compromiso político real y generalizado de que a partir del tercer curso de secundaria obligatoria, se desarrolle mitad presencial, mitad telemática, con todas las garantías como se acordó en la reunión del Ministerio y Consejerías del pasado jueves.
5-Máxima higienización y limpieza casi permanente en los centros, aulas, servicios y espacios compartidos. Pero real, no ficticia… ello requiere un mayor gasto, por parte de los ayuntamientos y de las Consejerías.
6-Se había solicitado, por parte de algunos sindicatos del profesorado y de cara a posibles desdobles, aumento de horarios presenciales, atención telemática y atención por grupos más reducidos, el aumentar excepcionalmente las plantillas del profesorado en varias decenas de miles en el conjunto del Estado. Además sería necesaria la contratación de personal especialista en informática y TIC y para los servicios sociales y apoyo psicopedagógico y de orientación. El aumento, hasta ahora, en algunos casos es ficticio y en otros casos se queda demasiado corto.
7 -Podría ser oportuno el hacer pruebas diagnósticas de control periódico al profesorado (y personal adulto que está en los centros). Pero eso depende de decisiones de las autoridades sanitarias.
8-Sería necesario, en diversidad de casuísticas, levantar la obligatoriedad de asistencia a clase (en las enseñanzas obligatorias), al menos durante el primer trimestre en casos excepcionales y siempre que se garantice que esos niños y niñas, cuyas familias así lo decidan puedan mantener un contacto permanente con sus tutores.
9-Hay que dar un tratamiento de medidas higiénicas específicas, para comedores y transporte escolar, para la actividad físico-deportiva y, en su caso, para las actividades extracurriculares. Pero ello se haría, centro a centro, en el marco de unas medidas generales. El tema del transporte en algunas CCAA, ya antes de la pandemia, era bastante deficiente, por lo que habría que revisarlo.
10-Por supuesto, es necesario desarrollar adaptaciones curriculares derivadas del curso anterior, repaso de materias y adaptaciones para el curso 20-21. Donde sea necesario tendrán que adaptar horarios para primar las materias instrumentales, ello en el marco de la organización de cada centro escolar.
11-Habrá que tener muy en cuenta, de forma específica, la situación de los niños y niñas con características especiales, para adecuar una atención doblemente diferenciada, en momentos tan complejos. Y, desde luego, tener pautas sanitarias y educativas muy claras de cómo se va a tratar -muy específicamente- al alumnado con un mayor riesgo ante un posible contagio.
Las cuestiones emocionales y de estrés del profesorado y alumnado, también de sus familias, no se debe abandonar. Fue muy significativo entre marzo y junio pasado y no se atendió lo suficiente. Y lo serán, no tengo la menor duda, a lo largo de este curso. Por ello habría que implementar medidas específicas, para paliarlo.
La cuestión del uso de la mascarilla para los más pequeños es muy complicada incluso a partir de primero de primaria (ya no digamos con el moqueo preceptivo), también para la actividad físico-deportiva, como lo será el airear las aulas cada hora, sobre todo en invierno en algunos lugares. Ello va a requerir muchísima imaginación y trabajo, por parte de los claustros y de los equipos directivos.
Habría que tener mucho cuidado con la denominada “Declaración responsable” de padres/madres y tutores”. Yo, personalmente, pienso que es un error y da lugar a desconfianzas innecesarias. Por lo tanto, no lo veo ni adecuado, ni conveniente, además de que, en las actuales circunstancias, es de muy dudosa legalidad.
En mi opinión, para una mayor seguridad colectiva, la temperatura diaria se debería de tomar en cada centro al entrar, aunque se pierdan minutos cada día, es más seguro y garantista.
Es una evidencia que, de los datos que se conocen hasta ahora, los niños y niñas incluso los adolescentes se contagian menos. Al parecer son asintomáticos en un 60%, pero son grandes transmisores del virus hacia la población de riesgo (abuelos y maestros en edad avanzada). Cuestión a tener muy en cuenta.
Y, por último, es necesario (yo diría muy obligatorio) hacer un Plan para un apoyo decido a la conciliación familiar y laboral, cuando sea necesaria. Evidentemente, con el seguimiento y los controles públicos adecuados.
Lo que más nos debe preocupar es la seguridad y salud del alumnado y, en ello, que no le quepa la menor duda al Gobierno y a las Consejerías, las familias son las más interesadas y con ello les preocupa la salud del profesorado y del personal de administración y servicios. En estos momentos, una exigencia imperativa por parte de las instituciones de asistencia a clase, sin corresponsabilizarse de que existan todos los medios para una seguridad adecuada, puede provocar ante cualquier contagio masivo y de gravedad individual o colectivo, responsabilidades penales por parte de esa misma autoridad sanitaria o educativa.
Por ello, en mi opinión, se ha de exigir cautela, mucha cautela. Ya que se deberían de abrir los centros con todas las garantías y recibir, poco a poco, al alumnado. No precipitarse, las prisas no son aconsejables.
Para terminar: ¿Cuál estará siendo la reacción emocional de decenas de miles de escolares, en estos momentos, cuando perciben un mayor o menor temor en sus familias, cierto desasosiego, informaciones contradictorias? Cada niño, cada niña (según la edad) y cada adolescente lo percibirá de una forma muy distinta, pero sería bueno pensáramos en ello en sus posibles miedos, en sus dudas. Las reacciones van a ser muy dispares, tengámoslo los adultos muy en cuenta, para adoptar las medidas adecuadas para ese manejo de las emociones, tanto en el ámbito familiar, como en el escolar.
Francisco Delgado fue miembro del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEAPA, autor de diversas publicaciones sobre gestión de las políticas educativas y, en la actualidad, coordina el área de Educación de Europa Laica
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