El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, es un triunfo cuyos alcances deberemos dimensionar en los pr
Tenemos que agradecer, en primer término, a los Magistrados, quienes con su acertada decisión lograron que la permanente presión de la Jerarquía Católica, los grupos de ultraderecha y el PAN no hiciera eco en la decisión de evitar la interrupción del aborto en el Distrito Federal.
Los magistrados pusieron por encima de todo, no sus creencias personales, sino su carácter de representantes del Estado Laico que reina en nuestro país, hicieron prevalecer su jerarquía. Por ello es necesario destacar varios aspectos del verdadero significado de lo ocurrido en el máximo tribunal.
En primer lugar, al determinar la constitucionalidad de las reformas realizadas, se da prioridad al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, con lo cual se avanza de manera clara en la consolidación de una de las más importantes libertades democráticas de nuestros tiempos.
Un segundo aspecto fundamental, es que al dejarse asentada de manera inobjetable la facultad de la Asamblea para legislar en materia penal y de salud y, que los diputados locales no están obligados por norma alguna a penalizar en tal o cual sentido determinada conducta de un particular, sino atender a la situación específica de su entidad, se construye el camino con la Legislatura del Distrito Federal a la vanguardia, para que los Congresos de los Estados puedan impulsar modificaciones a sus normas en este mismo sentido y den respuesta adecuada a esta grave problemática de salud pública.
Es de destacarse, como tercer punto, que ahora al declararse la validez de la norma impugnada, el Gobierno del Distrito Federal podrá continuar de manera plena con la prestación de ese servicio público de salud, con lo cual, a partir de la experiencia adquirida en más de un año y en función de los resultados de los programas de educación sexual, se espera se imponga una tendencia a la baja de las interrupciones del embarazo antes de las doce semanas, es decir, que las capitalinas consideren esta decisión como la última opción a la maternidad no deseada.
La Iglesia Católica y el PAN se niegan a reconocer que perdieron ante una sociedad moderna. Sin embargo, hay que estar pendiente de la embestida que ya hicieron saber, sobre todo, el máximo jerarca católico en nuestro país, al iniciar una jornada informativa nacional para impedir que este tipo de reformas se den en otros estados de la República, y para ello se valen de amenazas y castigos celestiales de origen medieval, que caerán sobre quienes incumplan los ordenamientos religiosos. No olvidemos que incluso querían equiparar la decisión personal de una mujer de interrumpir su embarazo, a una acción delictiva con las consecuencias legales inherentes a ésta.
Así la derecha ha sido vapuleada en el terreno del derecho. El espurio, a través de sus voceros, ha sido derrotado y las organizaciones y representantes de los grupos más recalcitrantes a los cambios, también, de nada les ha servido esas acciones espectaculares puramente mediáticas; la iglesia católica no ha conseguido tener eco a sus imputaciones teológicas, con lo cual no sólo muestra su escasa convocatoria sino también un desgaste cada vez mayor.
En fin, más bien les valdría pronunciarse por el genocidio que está provocando la inequívoca política económica del gobierno federal, que solamente está aumentando la pobreza y la delincuencia organizada.
*Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
