El Papa Benedicto XVII ha sido demandado por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Un grupo de víctimas de abusos sexuales, perpetrados supuestamente por sacerdotes, pidió a la Fiscalía que "investigara y persiguiera" al pontífice. En el escrito se incluye a tres cardenales de la cúpula vaticana, por "encubrir y permitir" dichas agresiones.
La Corte solo puede atender el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002 (fecha de su apertura). Ayer acusó recibo de la solicitud y decidirá ahora si tiene competencia para ver el caso. La demanda ha sido preparada por el Centro para los Derechos Constitucionales y la Red de Supervivientes de las Víctimas de Abusos, dos grupos estadounidenses. Ambos consideran la justicia internacional como la única instancia efectiva para resolver un problema "que no avanza a escala nacional". Los sacerdotes señalados como agresores proceden de Bélgica, India y Estados Unidos. Los abusos se habrían producido en la República Democrática de Congo y también en Estados Unidos.
Además del Papa, las víctimas incluyen en su petición al cardenal Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano. Le acompañan el cardenal Angelo Sodano, actual decano del Colegio Cardenalicio, y el cardenal William Levada, jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Según Pamela Spees, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, "la Corte Penal es un tribunal global adecuado para un asunto global". No es la primera vez que la Corte recibe una demanda por abusos sexuales en el seno de la iglesia católica. Hasta ahora no ha prosperado ninguna. Uno de los problemas a resolver es la definición misma de crimen contra la humanidad, que se deriva de los ataques -sistemáticos y amplios- contra civiles en una situación de conflicto.
Un portavoz del Vaticano afirmó ayer que la demanda era "estúpida y absurda". "Se trata de un golpe publicitario", contestó. Portavoces de la curia han recordado que los obispos son los responsables directos del destino dado a los sacerdotes de sus respectivas diócesis. El Papa Benedicto XVI ha pedido perdón públicamente a las víctimas de los abusos. También apoya que los culpables respondan ante los tribunales.
Las primeras denuncias contra religiosos y sacerdotes católicos por abusos sexuales a menores datan de 1990. Desde entonces, las iglesias de Francia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Holanda, Alemania, Chile y España han investigado denuncias de esta clase. En 2009, la jerarquía católica estadounidense pagó una indemnización de 436 millones de dólares (320 millones de euros) a los afectados.
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