La primera organización nacional de afectados en España denuncia el desinterés de los políticos y recoge 500.000 firmas para que el delito no prescriba hasta los 65 años
Las víctimas de abusos del clero en España empiezan a movilizarse. Hasta ahora, estas personas denunciaban sus casos de forma aislada en la prensa y habían surgido varias asociaciones, pero de forma local. «No conseguíamos hacer oír nuestra voz, por primera vez vamos a denunciar juntos y así nadie nos podrá parar», ha explicado hoy en rueda de prensa Miguel Hurtado, que ha revelado en EL PAÍS su denuncia de abusos en el monasterio de Montserrat en 1999. Junto a otras víctimas ha fundado la Asociación Nacional de Infancias Robadas (ANIR), cuyo objetivo no es prestar asistencia, por falta de recursos, sino movilizar a la sociedad sobre esta cuestión. Está asociada a un colectivo internacional de organizaciones de varios países, ACA, Fin del Abuso Clerical, en sus siglas en inglés.
ANIR ha lanzado hoy un llamamiento a las instituciones a reaccionar para conocer «la magnitud del problema. «Solo estamos viendo la punta del iceberg de los abusos de la Iglesia en España», aseguran. «La Iglesia no hace nada, y creemos que aquí debería ocurrir como en otros países. Como en Australia, que el Gobierno y los partidos creen una comisión parlamentaria de investigación. Como en Chile, que la Fiscalía investigue de oficio cada caso aunque esté prescrito, para saber la dimensión de los abusos y si hay más casos no prescritos».
Como tercera medida, Hurtado señaló que en muchos otros países la propia Iglesia ha asumido el deber de una investigación, encargada a una entidad independiente. Ha sido así en Bélgica, Holanda, Alemania y, próximamente, en Francia. En España, la Conferencia Episcopal solo ha creado una comisión dedicada a este problema, pero sin representación de víctimas y muy criticada por ellas. En todo caso, Hurtado considera que esta es la peor opción, «porque cuando la Iglesia se investiga a sí misma el resultado es parcial y no se suele poner el foco en el encubrimiento institucional».
Como primera iniciativa, Hurtado ha anunciado que está a punto de culminar una recogida de 500.000 firmas en la plataforma Change.org para pedir que el plazo de prescripción del delito de abuso de menores no empiece a contar hasta que la víctima cumpla 50 años. Es decir, que prescriba con 55 años de edad en caso de abuso y con 65 si es una agresión sexual, con uso de violencia. Ahora este plazo de cinco y 15 años se aplica a partir de la mayoría de edad. La reforma que diseña el Gobierno amplía el plazo y prevé que empiece a contar al cumplir los 30.
Hurtado ya inició esta campaña en 2016 con otras víctimas y consiguió 300.000 firmas que entregó en el Congreso. Ahora las firmas suman ya 480.000 y se llevarán al Parlamento en febrero, acompañadas de un acto de protesta. Hurtado lamenta que ningún partido político, ni el Gobierno, ni el Ministerio de Justicia, hayan atendido sus peticiones de mantener una reunión con víctimas de abusos. «El Gobierno se ha reunido con el Vaticano, pero con nosotros no», denuncia.
Hurtado opina que alejar el riesgo de prescripción de los delitos es sobre todo «una medida preventiva, para que los posibles casos sean denunciados y ningún niño más sufra abusos». Afirma que la media de sacerdotes implicados en otros países alcanza el 7% del clero, «lo que en España significaría unos 1.200 curas pederastas». «Aquí está empezando a destaparse, es muy lento, estamos solo al principio», opina. «Pero ni la Iglesia, ni el Gobierno, ni los partidos, ni la Justicia, tienen interés en que esto salga a la luz».
ANIR prevé más protestas en Cataluña. En el monasterio de Montserrat, para denunciar el caso de Hurtado, y ante el arzobispado de Barcelona, para exigir explicaciones por varios casos, como los publicados por EL PAÍS en los últimos meses. Por último, las movilizaciones culminarán en el Vaticano, donde el próximo mes de febrero se celebrará una gran cumbre de obispos y cardenales de todo el mundo sobre el problema de la pederastia en la Iglesia.
