Venta de divisas para ir a ver al Papa: Coalición Argentina por un Estado Laico pidió informes al Banco Central

Nos preocupa la posibilidad de que se pueda estar dando un trato privilegiado a determinados grupos religiosos en la compra de divisas y la posibilidad de viajar a eventos en el exterior, frente a las dificultades que algunos/as científicos/as argentinos/as denuncian al respecto.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) presentó hoy un pedido de información pública ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el fin de aclarar trascendidos que indicarían la habilitación de la iglesia católica para adquirir divisas en ocasión del viaje del papa Francisco, excardenal Bergoglio, a Río de Janeiro. La norma establecería un trato preferencial a determinados grupos en función de sus creencias y podría resultar discriminatoria.

El día viernes de la semana pasada, tras conocerse que muchas de las personas que planeaban viajar a Brasil con motivo de la visita del excardenal Bergoglio no podían adquirir divisas, en función de las regulaciones vigentes, trascendió por la prensa que el BCRA había habilitado un mecanismo para hacerlo a través de la propia iglesia católica. La información, bastante incompleta por cierto, dejaba ver que se incorporaban a la normativa vigente los "aportes de instituciones religiosas para participación de residentes argentinos en eventos internacionales".

Tras un primer análisis, CAEL decidió presentar un pedido de información pública ante la autoridad monetaria para que se aclaren los alcances de la norma y eventuales derivaciones, dado que la misma podría estar estableciendo categorías discriminatorias, como se explica en la presentación.

En tal sentido, se menciona que la jurisprudencia nacional e internacional en materia de protección contra la discriminación es clara en cuanto a que con excepción de las acciones positivas hacia grupos históricamente vulnerados o perseguidos  los actos públicos que establecen un trato distintivo para cierto grupo en función de determinadas «categorías sospechosas» se presumen ilegítimos y sólo pueden justificarse excepcionalmente ante la existencia de un interés estatal legítimo y preponderante, la proporcionalidad y relación directa entre los medios y los fines que se busca alcanzar y la imposibilidad de lograr el mismo efecto mediante alternativas menos lesivas.

Como se explica en el pedido de informes, podría existir un trato preferencial de la AFIP hacia cierto grupo de personas bajo pretexto de sus convicciones religiosas, beneficio que no alcanzaría a todo un sector de la población cuyas convicciones no son o no se reconocen como religiosas. Más aún, muchos de los grupos excluidos, como podrían ser ateos/as, masones/as, librepensadores/as, humanistas, entre otros, corresponden a grupos históricamente perseguidos y discriminados, la mayoría de las veces a instancias de la propia iglesia católica.

También preocupa la posibilidad de que se pueda estar dando un trato privilegiado a determinados grupos religiosos en la compra de divisas y la posibilidad de viajar a eventos en el exterior, frente a las dificultades que algunos/as científicos/as argentinos/as denuncian al respecto. Se trataría en tal caso de una absurda reedición de la histórica confrontación entre ciencia y religión.

Desde ya, desde CAEL vamos a seguir el caso para determinar si existe un trato discriminatorio y, por lo tanto, contrario a los principios republicanos de nuestra nación y una vulneración al estado laico, con el fin de evaluar los pasos a seguir. Por ese motivo estamos requiriendo información oficial al respecto. Si existiera verdaderamente una decisión de habilitar la compra de divisas en estos casos, debería encuadrarse en una normativa más amplia respecto de la compra de divisas para viajes con motivo de eventos religiosos, políticos, académicos o sociales que no establezca distinciones arbitrarias ni otorgue beneficios a sectores de por sí históricamente privilegiados por el avance clerical sobre la legislación.

Una vez más llamamos a las autoridades públicas de todos los poderes del estado y niveles de gobierno a respetar la diversidad de creencias y convicciones de nuestra nación y a seguir los principios laicistas que garanticen un trato equitativo y respetuoso de la libertad de conciencia de las y los ciudadanos.

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