El exhorto se había enviado a petición de los demandantes en el juicio contra la Iglesia de Santiago.
La carta está firmada por la Secretaría de Estado del Vaticano. Consta de tres párrafos. Y en el segundo se explica que esta entidad “tiene a bien significar que no es posible responder dicha solicitud por causa de la generalidad de los elementos expuestos en la base de la misma, y de la no correspondencia con los requisitos mínimos, establecidos por las normas conforme a la Ley N° IX del 11 de julio de 2013”.
Esta fue la respuesta a la solicitud de antecedentes sobre el actual obispo de Osorno, Juan Barros, y una supuesta investigación en torno a su participación en el caso Karadima, que pidió la Corte Suprema, a través de un exhorto, tramitado por la Cancillería.
La petición se hizo a requerimiento de la defensa de los tres demandantes en el juicio civil contra el Arzobispado de Santiago, donde se cuestiona la actuación de la Iglesia en el caso del ex párroco de El Bosque. Dicha solicitud ocurrió a raíz de las declaraciones del Papa Francisco, en octubre de 2015, en Roma, cuando, ante la pregunta de un diácono chileno respecto de lo que pasaba en Osorno, dijo que “la única investigación que hubo contra ese obispo fue desacreditada”. Por lo tanto, los demandantes solicitaron saber de qué investigación hablaba el Sumo Pontífice y qué había concluido.
Para el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a los denunciantes, “esta es una nueva muestra de la poca voluntad de colaborar y entregar antecedentes de procesos judiciales relacionados con abusos sexuales. No es una sorpresa, pero creemos que la respuesta es lamentable, así como el hecho de ignorar al Poder Judicial de nuestro país”.
Ahora se solicitará, a través de la Cancillería, la devolución del exhorto enviado y que se entregue una respuesta más formal al tema.
En la Cancillería se ratificó que, respecto del exhorto, las autoridades competentes de la Santa Sede informaron que no era posible acoger a trámite esta carta rogatoria, por razones que indicaron en una comunicación que fue remitida a la Corte Suprema.
Ahora existen 20 días de plazo para que el Vaticano responda. De lo contrario, el ministro de fuero que lleva el juicio civil, Juan Manuel Muñoz, podrá dictar sentencia prescindiendo de estos antecedentes, a partir de mediados de octubre.
