Valencia y Madrid, a la cabeza de Europa en conciertos educativos

España asciende al tercer puesto, tras una década y media de privatizaciones

Bélgica y Malta son los países europeos con más enseñanza privada concertada, con un 54,3% y un 30%, respectivamente, seguidos de España, que ya alcanza el 28% de centros subvencionados debido al crecimiento exponencial de los conciertos en la última década y media en la Comunidad Valenciana (donde representan el 40%) y Madrid (50%). Ambas autonomías son las líderes del Estado en colegios concertados, según se desprende de los datos del Anuario del Ministerio de Educación publicado en 2010.

El impulso a la enseñanza concertada de los Gobiernos valencianos del PP, que en la última década han primado los proyectos educativos de ideario católico laico, no ha ido aparejado sin embargo de un freno al fracaso escolar al que se ha visto abocado el sistema educativo valenciano desde el 2000. Con un fracaso escolar actual del 38,5% entre los alumnos de 15 y 16 años, la Comunidad Valenciana también es líder en la clasificación nacional de peores resultados educativos, solo por delante de Baleares, Ceuta y Melilla. Finlandia, el país de la Unión Europea con mejores resultados académicos, solo tiene un 1,3% de centros concertados.

El gasto fijo anual en conciertos educativos supera ya los 623 millones de euros. Cifra a la que llegó la Generalitat en 2007 con la aplicación efectiva de los conciertos de todos los Bachilleratos, tras una escalada sin precedentes de conciertos en todas las etapas, que empezó en 2002 con las ayudas generalizadas a todas las guarderías privadas de 0 a 3 años.

La Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora, se ha propuesto dar un paso más en su política de privatizaciones antes de las elecciones autonómicas de 2011, siguiendo la estela iniciada hace siete años por su homóloga del PP en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de cesión de suelo público para hacer colegios concertados durante 75 años. En este periodo, según los datos oficiales proporcionados por la consejería madrileña, se han construido mediante esta fórmula 79 colegios. Muchos de los cuales están dirigidos por el Opus Dei (que no respeta la coeducación de mujeres y hombres en las aulas) o grupos católicos laicos como Comunión y Liberación y los Propagandistas.

Esta política, según la federación madrileña de padres de la escuela pública Giner de los Ríos, ha generado "más desigualdades" entre las familias de clase media o media alta que pueden pagar las elevadas cuotas y las de clase obrera. La confederación valenciana de padres Gonzalo Anaya también se opone radicalmente a que se importe este modelo. "Si se empiezan a construir centros concertados, la libre elección no será posible para aquellas familias que quieran matricular a sus hijos en un centro público, que es el único que garantiza un proyecto común de ciudadanía, participación y convivencia con total respeto a la libertad de conciencia, creencias y diversidad cultural".

También han puesto el dedo en la llaga las cooperativas valencianas de enseñanza, que rechazan el modelo de Madrid por considerar que abre las puertas al "intrusismo" profesional, al permitir que empresas de la construcción o de restauración o de residuos gestionen un "derecho fundamental" como es la enseñanza, sin garantizar el rigor educativo y primando el lucro.

La portavoz de Educación en las Cortes, Ana Noguera, se pregunta por qué la consejería pretende ceder el suelo a 75 años a estas empresas. "¿Si los conciertos se realizan por ley revisables a cuatro años, qué pasará con las concesiones a 75 años?". Noguera también inquiere a Font de Mora sobre el elevado coste del profesorado de estos centros. "Son contratados por una empresa privada, pero pagados con dinero público. ¿Cuánto dinero más irá para conciertos?"

Noguera -que advierte que la cesión de suelo supone "un cambio de modelo del sistema educativo"- también contradice al consejero Font de Mora y afirma que, según el balance de la cuenta general de la Generalitat, solo se han construido 131 colegios nuevos. "El resto [hasta 394] han sido reformas y arreglos de centros que ya existían. En cambio, los centros privados concertados se han duplicado, pasando de 503 a 950", censura la diputada.

La intención de la patronal de centros privado-concertados laicos Feceval es poder aplicar el modelo de Madrid en septiembre de 2011 en, al menos, tres barrios de Valencia: la avenida de Francia, Malilla y Campanar. Pero el "tiempo se echa encima", ha advertido ya su presidente José Manuel Boquet.

El temor confesado del consejero Font de Mora a una "lluvia de recursos" cuando se publique el pliego de condiciones para construir y gestionar colegios concertados ha llevado a los servicios jurídicos de la Generalitat y a los técnicos de la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa a revisar con lupa el borrador, que estará listo antes de junio.

A propósito de Ciegsa, Noguera advierte de que "si su única misión es licitar y adjudicar proyectos de construcción de colegios y a partir de ahora lo harán los privados, ¿para qué servirá Ciegsa?". "Menudo gasto y menuda deuda", añade Noguera, que subraya que Ciegsa atraviesa por problemas para pagar a sus propios funcionarios y que solo los intereses de la deuda ascienden ya a 100 millones de euros al año. "Esto es el equivalente a la construcción de 20 centros educativos, que dejan de hacerse para pagar los intereses". Noguera concluye: "El escenario a futuro es que "seguiremos pagando la deuda, pero sin hacer colegios. No invento nada. La prueba es que en 2010 no se ha adjudicado ningún proyecto de construcción de centros públicos. Todos están paralizados".

La Generalitat debe 31 millones a 400 institutos

El colapso financiero que arrastra la Generalitat mantiene congelada la partida de gastos de funcionamiento de los institutos públicos valencianos (agua, luz, calefacción, teléfono, material de oficina, etcétera) desde que se inició el curso en septiembre. Hasta la fecha, los directores de los cerca de 400 institutos públicos valencianos no han podido hacer frente al pago de los proveedores. La deuda del primer cuatrimestre del curso (de septiembre a diciembre) asciende a 31 millones de euros. La Consejería de Educación aseguró ayer, a preguntas de este periódico, que "el pago se hará en breve" y recordó que los colegios han cobrado todos.

No obstante, la diputada de Compromís Mònica Oltra insistió ayer en que su grupo denunció "hace 10 días" el impago y todavía no se ha hecho la transferencia. "Este año, por primera vez, no se ha realizado el último adeudo en su fecha y a 18 días de enero, Educación continúa sin realizar el ingreso". Según Oltra, "el retraso injustificado ha generado situaciones críticas en muchos centros. Y, en algunos casos, ha obligado a devolver recibos de suministros energéticos y se teme que las compañías procedan a cortar el suministro".

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