Los nuevos cheques escolares enfadan a los colegios religiosos concertados y reconcilian al Gobierno regional con una parte de la privada pura, que lleva años aliada con la pública
Cuando en mayo de 2021 Isabel Ayuso ganó las elecciones regionales, Escuelas Católicas de Madrid, la patronal de la educación religiosa concertada, lo celebró en las redes sociales, pues el PP apoya sin matices este modelo de enseñanza que es mayoritario en la capital, dejando a la pública como espacio minoritario. Pero el idilio ha saltado por los aires por los últimos cheques escolares para cursar estudios no obligatorios (infantil, Bachillerato y FP de grado medio y superior), que el próximo curso no se dirigirán solo a los colegios que ya tienen concertadas las etapas educativas obligatorias (primaria y secundaria), como prometió Ayuso en un programa electoral, sino que incluirá a todos los colegios privados. Por primera vez, van a poder beneficiarse las escuelas privadas que jamás reciben un euro del erario público y sus alumnos, si en sus casas no tienen una renta superior a 143.652 euros con dos hijos o los 179.565 euros con tres. Con este giro que mete en la ecuación de las becas en forma de cheques a la escuela privada pura, el PP salda su deuda con Vox, que los incluyó entre sus peticiones para aprobar los presupuestos regionales de 2022.
La jugada de las becas no solo ha hecho reaccionar a los sectores que, desde la defensa de la escuela pública, lo consideran un “disparate” ―van “a sacar el dinero del bolsillo de las familias vulnerables para subvencionar la educación privada de las familias ricas”, criticó Mónica García, de Más Madrid―, sino que ha roto el delicado equilibrio que se mantenía desde hace algunos años a duras penas entre los distintos modelos de enseñanza privada en Madrid, quebrando algunas alianzas y creando otras nuevas entre los sectores que viven la medida como un triunfo o como una traición.
En esta última categoría está Escuelas Católicas Madrid, la gran representante de la concertada religiosa tradicional, que acusa a la presidenta de incumplir su “compromiso electoral de generalizar los conciertos educativos” en Bachillerato. “Es una fórmula incompleta, ya que [las becas] no garantizan la estabilidad y la gratuidad, e impiden, por tanto, una verdadera libertad de elección”, reflexionó Manuel de Castro, su presidente, el pasado fin de semana ante los directores de sus colegios. En el lado contrario, una parte de la escuela privada pura que, reunida en la asociación Cicae, lleva años quejándose de las ventajas que da el Gobierno regional ofrece a una parte de la concertada, apoya ahora la decisión de Ayuso: “Las ayudas directas a las familias por criterio de renta son más equitativas que el concierto”, dice en un comunicado sobre los cheques en bachillerato.
Nuevos colegios con subvención de antemano
Pero para hacerse una idea cabal de los bandos y las posiciones de cada uno, habría que remontarse bastante más en el tiempo. Hasta principios de los años 2000, la concertada estaba copada sobre todo por los centros religiosos reunidos en Escuelas Católicas. Estos, herederos de décadas de subvenciones públicas sin apenas controles, se adaptaron a mediados de los años ochenta a un nuevo formato de concierto educativo ―reciben una partida para el mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones y el sueldo del profesorado― que aumentaba las exigencias y garantizaba, al menos sobre el papel, la gratuidad de la enseñanza en esos centros en las etapas obligatorias, hasta los 16 años.
El problema es que siempre se ha acusado a gran parte de estos colegios de seleccionar al alumnado, dejando fuera a los colectivos más vulnerables, a través de cuotas voluntarias que no siempre lo son del todo. Por su parte, estos centros siempre se han quejado de estar infrafinanciados, algo que ha reconocido el propio Ministerio de Educación en los últimos lustros sin que se haya llegado a revisar nunca la cuantía de los conciertos. Su otra gran aspiración es la de ampliar los conciertos a las etapas no obligatorias que también ofrecen en sus colegios, de FP y, sobre todo, de Bachillerato.
Pero a la concertada clásica le salió una dura competencia en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012), en la que decenas de colegios que eran enteramente privados (en Madrid el 16,1% de los alumnos están matriculados en estos centros frente al 7,5% de media en España) lograron acceder al concierto educativo y se construyeron otros con la subvención ya concedida de antemano: era la nueva concertada, que incluye centros de distinto signo (desde empresarios de otros ámbitos, a proyectos religiosos vinculados al Opus De, los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación), que está en muchos casos en barrios de rentas altas y que suele cobrar cuotas voluntarias elevadas, lo que deja fuera ya no solo a los más vulnerables, sino a amplios sectores de la clase media.
Esta nueva concertada no solo incomodó a la religiosa de toda la vida —rechazan la idea de buscar negocio económico en la educación—, sino a una parte de la escuela totalmente privada. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) vivió un cisma. Una parte de la dirección no tardó en lograr el concierto para sus centros privados y apoyó la nueva vía, pero una veintena de colegios dirigidos a la élite y que querían seguir siendo de pago crearon en 2010 la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), que tiene carácter nacional.
Esta asociación, cansada de lo que consideran “competencia desleal” de esa nueva concertada, encarga cada curso un estudio a una consultora en el que demuestra cómo las familias abonan pese a la subvención una partida mensual enmascarada en servicios complementarios (enfermería, psicólogo, clases de refuerzo), porque la enseñanza gratuita debe ser gratuita. Los padres de la pública madrileña, representados en la federación Francisco Giner de los Ríos, han estado apoyando a Cicae en este empeño, que no se circunscribe solo a Madrid, pero que concentra en la región, junto a Barcelona, los casos más abusivos.
Cuando en 2018, con Ángel Garrido (PP) en la Presidencia de la Comunidad, los cheques escolares que llevaban años funcionando para ayudar a pagar guarderías privadas se extendieron al Bachillerato en centros concertados, Cicae se mostró en contra. La idea inicial era que 3.000 escolares sin apenas medios siguiesen en el mismo espacio en el que habían cursado la secundaria, algo que dificultaba el hecho de que el Bachillerato no es una etapa obligatoria y no está concertado. Es decir, que dejaba fuera a los centros de Cicae, por lo que las consideraba “unas becas discriminatorias”.
Nuevas alianzas
Por eso ha recibido ahora con júbilo el volantazo de Ayuso, que no solo incluye a los privados, sino que triplica la renta máxima exigida para obtenerla. Solo hay un requisito académico, no haber repetido, pero tras el revuelo causado, en una entrevista en El Mundo, el consejero Enrique Ossorio ha asegurado que en dos cursos pondrán “una nota mínima de acceso”. Cicae, en todo caso, calcula que apenas el 20% de las familias han podido solicitar el cheque, “por lo que resulta evidente que el principal destinatario será el alumnado de los centros concertados”.
Así, el cheque les termina de alejar de la concertada católica y les acerca de nuevo a la asociación de la que se escindieron hace más de una década, Acade. Esta, con concertados y privados en su seno, opina: “El sistema de ayuda directa a la familia permite que esta elija directamente el centro donde quiere escolarizar a sus hijos, haciendo real la libre elección de centro educativo del artículo 27 de la Constitución”. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cercana al Opus Dei, que cuenta con centros privados y subvencionados, dicen que apuestan por el concierto, pero que, a falta de estos, buenos son los cheques.
La federación Francisco Giner de los Ríos (vinculada a la asociación estatal Ceapa), esta vez no se ha aliado con los colegios privados Cicae, sino que reclama la retirada de los cheques. Unos cheques que, por mucho que insista el Gobierno regional en que empezarán dándose a las rentas más bajas, en la práctica dejan fuera a las familias con menos recursos, ya que la ayuda (hasta 3.750 euros al año, 375 euros para cada uno de los 10 meses de escolaridad) cubre solo una parte de lo que cuesta la matrícula y las cuotas en la mayoría de colegios privados.
Así, la Giner de los Ríos remite al informe La Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid, de Unicef, en el que se resalta que es la región con mayor segregación escolar de España y Europa. Por eso, el fondo de las Naciones Unidas reclama “un mayor compromiso de los gestores educativos madrileños con la educación pública, un incremento de la inversión educativa acorde con los niveles de bienestar de la región y la implementación de políticas de apoyo donde más falta hacen”. El Instituto Nacional de Estadística estima que el 15% de los niños madrileños está en riesgo de pobreza y, sin embargo, apenas el 9% de los alumnos disfruta de una beca de comedor según Save the Children. Según esta ONG, en España un millón de escolares necesitados quedan fuera de estas ayudas de comedor.
El dinero de la Púnica y 40 colegios en lista de espera
En el camino de esa nueva concertada madrileña, aparte de luchas intestinas, se ha quedado un reguero de sospechas de corrupción. Durante años, el exvicepresidente regional Francisco Granados se llevó presuntamente (no hay sentencia del juicio de la trama de corrupción Púnica) una mordida de un millón de euros por cada colegio concertado que permitió construir en suelo público: por un modesto canon de unos 10.000 euros anuales, los promotores lograban un concierto de 75 años. En total, 18 escuelas.
El escándalo, descubierto en 2015, llevó a la presidenta Cristina Cifuentes (2015-2018) a parar la concesión de conciertos a más escuelas. Se calcula que unos 40 centros privados quedaron en lista de espera. Desde entonces, no se ha concertado ningún centro más en Madrid, pero el número de alumnos no para de crecer, a medida que se abren nuevos grupos y el Gobierno de Ayuso no esconde que estudia la posible apertura de al menos 14 colegios.