El Gobierno valenciano ha anunciado este martes que los alumnos del área de Salud, como Medicina y Enfermería, de las universidades privadas no podrán seguir haciendo prácticas en los hospitales públicos. La medida afecta a los alumnos que inicien sus estudios a partir del curso 2016-2017. La Generalitat ha asegurado que la decisión se basa en la aplicación de la legislación española.
Para que «ningún alumno con estudios ya iniciados se vea perjudicado» se habilitarán fórmulas transitorias de colaboración para que puedan completar la formación en hospitales públicos mediante acuerdos que se firmarán entre las instituciones de educación superior públicas y privadas, según han anunciado los consejeros de Sanidad Universal, la socialista Carmen Montón, y de Educación,Vicent Marzà (Compromís). El plan cuestiona la viabilidad de las facultades privadas, según han admitido fuentes de estos centros, que aseguran que se verían abocadas a reducir drásticamente su número de alumnos de nuevo ingreso.
Los estudiantes que ya están cursando las carreras podrán seguir realizando las prácticas. El anuncio tendrá, según las fuentes consultadas, un fuerte impacto en el número de nuevos alumnos que podrán admitir en el futuro los centros privados. Para ofrecer títulos sanitarios están obligados a garantizar la realización de prácticas. Y no hay suficientes hospitales privados en la Comunidad Valenciana —y menos que además estén acreditados para formar universitarios— para absorber al volumen de alumnos que ahora hacen las prácticas en centros públicos. Marzá y Montón han asegurado, no obstante, que «ningún estudiante se quedará sin poder acabar su carrera».
La Universidad Católica de Valencia, la mayor privada de la autonomía, que es propiedad del Arzobispado, se ha limitado a señalar a través de un portavoz que se encuentran «a la espera» de que la consejería les llame para trasladarles «cómo piensan poner en marcha» el nuevo marco. «Entonces hablaremos», ha añadido. La Cardenal Herrera-CEU ha afirmado que presentará «alegaciones» para defender «los derechos» de sus estudiantes «si finalmente se vieran discriminados por la elección de la universidad donde libremente han decidido formarse».
El veto afectará a los alumnos de Medicina y de Enfermería, pero también a los de Fisioterapia, Farmacia, Psicología Clínica y Biotecnología. Además de la Universidad Católica de Valencia, estas titulaciones se imparten en la Universidad Europea y la CEU-Cardenal Herrera —que tiene sedes en Valencia y Castellón—. Solo en Enfermería, la Católica de Valencia admite cada año a 420 alumnos de nuevo ingreso. Y en Medicina, a 119.
Los consejeros Montón y Marzà, así como el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo —que ha comparecido con los anteriores porque ocupa la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas— han justificado la medida en la aplicación de dos normas.
La primera, el Real Decreto 420/2015 sobre autorización de centros universitarios, aprobado el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Su disposición final tercera establece como novedad que un hospital universitario —aquel donde pueden realizar prácticas los estudiantes— «solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación». Y solo «excepcionalmente» podrá «haber estudiantes de otras universidades, previa consulta por escrito a la universidad vinculada». Ahora los hospitales públicos valencianos y sus centros de salud forman simultáneamente con alumnos de la universidad pública y la privada.
La segunda norma —que como la anterior rige en toda España— es la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, porque personal estatutario —una variedad del funcionariado— de la Generalitat se encuentra a la vez contratado por una entidad privada (las universidades) para impartir docencia mientras trabaja.
«Es manifiestamente anómalo que una universidad privada contrate a un profesional sanitario para impartir docencia a sus alumnos durante su horario de trabajo en un centro público», ha afirmado la consejera de Sanidad Universal.
El marco vigente en la Comunidad Valenciana, creado en la etapa en que Francisco Camps era presidente autonómico, es diferente de otros que existen en España. En Navarra, la universidad privada creó su propio hospital. Y en Madrid los convenios para hacer prácticas de las universidades privadas se han establecido con hospitales privados.
Titulaciones aprobadas por la Generalitat
Fuentes de las universidades privadas han recordado que sus titulaciones han sido aprobadas por el Gobierno y la Generalitat, y han superado todos los filtros oficiales. También han subrayado que los convenios que les habilitan para realizar prácticas en los hospitales públicos, y que ahora el Ejecutivo autonómico ha denunciado por considerarlos irregulares, fueron suscritos en su momento por la Consejería de Sanidad.
Las mismas fuentes destacan que el decreto aprobado el año pasado por el Gobierno contempla que un hospital solo pueda ofrecer prácticas con una universidad. Pero no explicita que las facultades públicas tengan prioridad en los hospitales públicos. El consejero de Educación ha anunciado este martes que los hospitales públicos solo establecerán los convenios con las universidades públicas, y los hospitales privados podrán hacerlo con las universidades privadas.
La medida de la Generalitat persigue también, admiten fuentes conocedoras de la misma, «poner orden» en el ámbito de las carreras del ámbito de la Salud, que han experimentado un rápido aumento en el número de plazas por el crecimiento de las universidades privadas. En Medicina, precisan, en la última convocatoria del MIR —la prueba para acceder a la residencia— se presentaron en toda España 7.000 titulados para ocupar 6.000 plazas.
El veto se produce, además, en un momento de tensión entre el Gobierno valenciano y la enseñaza privada concertada, que acusa a la Generalitat de atacar su modelo.
