Valencia «confesional»

La ley con que el Ejecutivo de Camps combate el aborto no es propia de un Estado laico

La Generalitat valenciana ha decidido tomar rápidamente la iniciativa ante la inminente reforma de la ley del aborto y ha puesto en marcha el anteproyecto de Ley de Protección a la Maternidad y Paternidad. Se trata de otro gesto más para orquestar una posición de insubordinación y rebeldía a las disposiciones estatales y que, como en otras ocasiones, se viste con el traje ideológico que mejor se ajusta a las expectativas de su electorado mayoritario. En este caso, el proyecto sintoniza con la agresiva campaña que ha lanzado la Iglesia contra la reforma de la ley del aborto. El Ejecutivo de Camps, que con el único afán de horadar el poder central ya hizo en su día el ridículo con la propuesta de enseñar la materia de Educación para la Ciudadanía a través de dos profesores, uno de inglés y otro de filosofía, ahora ha vuelto a las andadas.

El anteproyecto ha sido elaborado en la Consejería de Bienestar Social y articula diferentes medidas para, por un lado, involucrar y subvencionar a organizaciones que se dediquen a disuadir a las gestantes que tengan idea de abortar; y, por otro, para promocionar el acogimiento y la adopción como alternativas para la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo. En el primer caso lo que anuncia es utilizar recursos públicos para sufragar las iniciativas de un sector social que se enfrenta a un derecho, el de abortar -en determinadas condiciones-, establecido en una ley estatal. En el segundo, apoya el "derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando éste sea imposible".

La iniciativa del Gobierno de Camps tiene mucho que ver con el decreto ley que preparó Berlusconi para evitar que se desconectara a una joven italiana de la sonda que la mantenía con vida, después de que un tribunal de Milán le hubiera reconocido su derecho a una muerte digna. Como en el caso de Eluana, también la interrupción del embarazo es un asunto extremadamente delicado. Y como ocurrió con el Vaticano allí, la Iglesia aquí pretende también forzar para que se legisle en función de las creencias de sus fieles. Pero ya dijo Gianfranco Fini, el segundo del nuevo partido de Berlusconi, que esa norma era propia de un Estado ético, no de un Estado laico. Porque precisamente uno de los logros de ese Estado laico, que Camps cuestiona, es que las leyes no conviertan lo que es un pecado para unos en un delito para todos.

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