Los populares juegan a la confusión y a lanzar otra de sus guerras culturales, pero es poco probable que puedan asumir los costes de acabar con este derecho.
Pablo Casado ya se ve en la Moncloa y prácticamente está decidiendo quién será ministro. Como parte de esa película que se está montando, ha lanzado unas líneas –muy vagas– sobre su acción de gobierno. Sostiene que derogará las principales leyes del Gobierno de Sánchez. Curiosamente, a esta estrategia de derribo la llama “legislar en positivo”.
La derecha más próxima a los fundamentalistas católicos siempre habla de “libertad” y “cultura de la vida” cuando trata de atacar derechos como el de la muerte digna o el aborto. Así, dicen, la ley de eutanasia será sustituida por una ley donde se recojan “cuidados paliativos”. Spoiler: ya existen. Lo que vayan a hacer con el aborto, algo que todavía no se sabe a ciencia cierta, irá acompañado, anuncian, de una propuesta a favor de la maternidad y la reproducción asistida. ¿Pero se va atrever realmente el PP a tocar uno de los ejes de movilización histórica más importantes del feminismo en un momento de gran fuerza social de este movimiento?
Como advertencia, queda en el recuerdo el precedente de las grandes manifestaciones que hicieron caer al exministro Alberto Ruiz Gallardón cuando intentó enmendar la reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que sustituía la ley de supuestos de 1985 por una de plazos más avanzada (Poder abortar en un determinado tiempo pero libremente implica que las mujeres tomen sus propias decisiones y no que se tengan que ajustar a los motivos que dicta el Estado). De hecho, las grandes movilizaciones de 2010 a favor del aborto suelen asumirse como sustrato de la reciente ola feminista. Además, buena parte del PP es favorable al aborto, también sus bases. Y los votantes de todo signo –incluidos los católicos– son en su mayoría favorables a este derecho. Pocas cosas generan tanto consenso: el 83% de los españoles está a favor de la legalización del aborto. España se encuentra entre los seis países del mundo más favorables a este derecho.
Es cierto que algo ha cambiado en el ambiente: en buena parte del mundo, la política reciente está dedicada a amalgamar coaliciones de votantes en torno a cuestiones polémicas que no siempre son mayoritarias. ¿Están tan extendidas en EE.UU o Brasil las posiciones de Trump o Bolsonaro en cuestiones de género? En realidad, no. Por eso, estos políticos juegan a detectar segmentos sociales muy movilizados que pueden llegar a apoyarles en sus campañas. La cuestión está en calibrar qué peso pueden tener esos asuntos en la sociedad y en si la oposición que desatan es o no rentable. ¿Pueden asumirla o incluso pueden utilizarla para espolear a sus bases a la contra? En España es difícil porque incluso la mayoría de los que se declaran católicos se muestran a favor del derecho al aborto. Como siempre, el demonio está en los detalles. Se puede hablar en contra, o a medias, y quizás no tocar realmente la ley o solo algunos detalles. De la ley de Zapatero de la que tanto despotricó el PP de esos años, Rajoy únicamente anuló el que las mujeres de entre 16 y 18 pudiesen abortar libremente.
Está claro que el PP ha estado dando bandazos con esta cuestión que le resulta extremadamente incómoda. Hace unos años, a Casado se le escapó que estaba en contra de la ley actual y provocó un incendio interno y externo. El líder del PP proviene del sector neocón, el de Aznar y Aguirre. La exlideresa madrileña llegó a financiar grupos antiabortistas desde su feudo en la Comunidad. Además, Casado fue el primero en invocar la “ideología de género”, incluso antes del despegue de Vox. Esta terminología une a las extremas derechas mundiales y a los fundamentalistas cristianos de todo signo. Y, en realidad, es bastante lo que le une en su percepción de las cuestiones de género a la formación ultraderechista y a las corrientes mundiales que se oponen a los derechos de las mujeres.
De la ley de Zapatero de la que tanto despotricó el PP de esos años, Rajoy únicamente anuló el que las mujeres de entre 16 y 18 pudiesen abortar libremente
Casado ha declarado recientemente sobre el aborto: “Nosotros no queremos hablar otra vez del Código Penal, sino de que todas las mujeres que quieran ser madres lo hagan con apoyo de los poderes públicos: conciliación, educación gratuita, vivienda, desgravaciones fiscales… En España hay un problema demográfico terrible. ¿Qué dos alternativas hay? O una inmigración masiva o fomentar la natalidad, como queremos hacer nosotros”.
La líneas principales de este discurso son, en buena medida, un calco de los argumentos ultraderechistas de Europa Occidental: nos incomoda hablar del aborto porque nos ponemos en contra a la mayoría de mujeres –y hombres–, así que decimos que estamos a favor de la maternidad y de las políticas pronatalistas. Todo ello usando el marco de la “crisis demográfica” y el miedo a la “invasión de migrantes”. No queremos migrantes, queremos hijos nacionales, un enfoque absolutamente ultra, pero, por desgracia, cada vez más asumido por algunos sectores de izquierdas.
Además, la mención de Casado al Código Penal da a entender veladamente que no penalizaría el aborto.
El discurso es calculadamente ambiguo; se juega a la confusión de afirmar una cosa y la contraria, en busca quizás de más votos. Así, por ejemplo, José Luis Martínez-Almeida acaba de decir que él volvería a la ley de plazos –se entiende que a título personal aunque es portavoz del partido–. La posición oficial del partido –hasta el momento– es la de esperar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la reforma del aborto de Zapatero de 2010 interpuesto por el ala más conservadora de la formación. (La primera ley del aborto que se redactó en 1983 no se promulgó hasta el 1985 porque también fue impugnada ante el Constitucional por la entonces Alianza Popular.) Casado dice que en este caso –y en el de la eutanasia cuya ley también está recurrida– esperará y acatará lo que dictamine el TC.
Feminismo en la Convención del PP
En el PP sostienen que hacía falta “refrescar ideario”. Aunque los contenidos sigan siendo exactamente los mismos, los argumentos varían. Se limitan a cambiar el envoltorio del regalo y, así, en su convención se ha hablado incluso de feminismo –liberal–. De hecho, muchas miembros del PP se declaran feministas, aunque sea un feminismo de techo de cristal e igualdad laboral –poco más–.
Casado dice que quiere recuperar el papel que ha jugado el PP desde la Transición como casa de todas las derechas. Esta función de contenedor es la que le ha hecho albergar a diferentes facciones más o menos conservadoras, más o menos liberales, cuyos equilibrios han variado, no solo por cuestiones ideológicas, sino también de atención a los posibles apoyos electorales o a los equilibrios de sus fuerzas territoriales. De ahí también las declaraciones contradictorias sobre este y otros temas. Según declaran, ahora pretenden que los votantes de Ciudadanos vuelvan a su seno, e incluso aspiran a atraer a los socialdemócratas descontentos con los pactos con los nacionalistas catalanes, pero también a competir con Vox y a seguir respondiendo a sus sectores ultras. La definición de rizar el rizo. Que todo eso les parezca posible es un signo de que sus propuestas tienen mucho de lucha simbólica y poco de materialidad. De ahí la importancia de la lucha ideológica.
Aznar ha recomendado a su delfín Casado “dar la batalla cultural contra la izquierda sin complejos”. Apoyar a familia frente al aborto, o los cuidados paliativos frente a la eutanasia, derogar la nueva ley de educación, la de Memoria Histórica, o “parcialmente” la Ley Trans… han sido algunas de las grandes líneas de la Convención popular. Más que arrebatar el discurso a Vox, en realidad, se puede decir que el PP está volviendo a las grandes guerras culturales de la era Zapatero y de los años previos a la crisis de régimen provocada por la recesión económica. La mayoría de ellas se discutieron también esos años aunque hoy no se cuestione el matrimonio homosexual y sí la Ley Trans.
¿Derogará Casado la actual ley del aborto si alcanza la presidencia? Los derechos adquiridos son difíciles de hacer retroceder cuando cuentan con un apoyo social mayoritario, porque la gente siente que algo muy concreto les es arrebatado, y eso no encaja en los marcos de las luchas discursivas. Si no lo hizo Rajoy, cuando tuvo mayoría absoluta y las bases del fundamentalismo católico montaban manifestaciones masivas, es poco probable que suceda ahora. A menos que el Constitucional dicte una sentencia desfavorable, lo que sería también inaudito –aunque pasó recientemente en Polonia–. Desde luego, y eso lo sabe Casado, si lo intenta, incendiaremos las calles.
