Ningún panista pretendería fortalecer la laicidad del Estado como parte de la reforma política porque los principios doctrinarios de este partido tienen una clara inspiración católica e integrista. Además, el poder económico y de movilización de los jerarcas eclesiales han resultado pieza clave para la legitimación de un Presidente producto de elecciones fraudulentas, punto de apoyo para reformas legales de carácter retrógrada en el interior del país (leyes anti-aborto en 18 estados), fuente de fortaleza para algunos gobernadores (no sólo pertenecientes al PAN, sino también al PRI, como el caso de Mario Marín, el góber precioso, o Enrique Peña Nieto, a quien actualmente se le reconoce más poder que al propio Calderón y que a todos los líderes del Congreso), así como palanca para golpear al PRD y al jefe de Gobierno de la ciudad de México (por las reformas que autorizan la interrupción del embarazo por decisión de la mujer y el matrimonio de personas del mismo sexo).
Tales efectos de la alianza de elites políticas con los jerarcas de la Iglesia católica bien podrían explicar el debilitamiento de la laicidad del México actual. Se trata de una dimensión que tendría que reforzarse en la reforma política, toda vez que fue fundacional a la formación del Estado mexicano y puede ser un instrumento ante la decadencia del sistema político y la incipiente democracia.
Hace 150 años Benito Juárez logró el reconocimiento de la supremacía del Estado sobre la Iglesia al instaurar el Estado laico y las Leyes de Reforma; Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Francisco Zarco evitaron los fueros y privilegios eclesiásticos al precisar los alcances de la laicidad y que se pudieran garantizar los derechos sociales, así como la autonomía de los sindicatos, del Poder Judicial y del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, la exclaustración de los conventos, la extinción de los delitos de prensa, así como la instauración de la educación laica y gratuita en todo el país.
La permanencia de la educación laica está atrás de la cultura secular y progresista del pueblo de México, del rechazo a la mezcla de la esfera política con la religiosa, y de la exigencia al Estado para garantizar las libertades y los derechos humanos. Podríamos entender que las movilizaciones sociales que hemos vivido en años recientes son respuesta a la gravedad de la represión, persecución y hasta ejecución de defensores de los derechos humanos, así como de periodistas y activistas que luchan por la justicia social.
En plena celebración del bicentenario de la Independencia de México recordamos que la Iglesia católica excomulgó a los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla y a José María Morelos y Pavón por ser insurrectos y luchar por la independencia del país. Además del movimiento de Reforma que se impuso sobre la Iglesia, ésta fue nuevamente derrotada al promulgarse en la Constitución de 1917 la libertad de creencias y la educación laica. Actualmente en el artículo 3º constitución se convino en establecer que la educación que imparta el Estado será laica ajena a cualquier doctrina religiosa; el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios
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Por su parte, el artículo 24 constitucional tutela la libertad de creencias y, en esa misma tesitura, el 130 constitucional consagra el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.
La falta de reacción del gobierno federal a las múltiples vejaciones a la laicidad y la consideración de que ésta supone mucho más que la separación del Estado y las iglesias, llevó al grupo República Laica a elaborar una iniciativa para fortalecer el Estado laico, la cual será presentada la próxima semana en las primeras sesiones del Congreso.
Dicha iniciativa lleva tres años de trabajo y fue inicialmente impulsada por las ex diputadas Elsa Conde Rodríguez, del Partido Alternativa Socialdemócrata; Martha Tagle Martínez, de Convergencia, y por Rosario Ortiz Magallón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); fue diseñada por el profesor Roberto Blancarte y activistas como Aidée García, de Católicas por el Derecho a Decidir, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Afluentes SC, Demysex, Foro Intereclesiástico Mexicano, Frente por la Cultura Laica, Libertades Laicas, iglesia La Luz del Mundo y Logia Masónica. Muchos ciudadanos, académicos, intelectuales y artistas se están sumando al interés por fortalecer el Estado laico, las y los legisladores del PRD la están impulsando, además de María de los Ángeles Moreno y Beatriz Pagés, de otras fracciones.
La propuesta se centra en incluir la palabra laica
en el artículo 40 constitucional: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos ….” Además, para que entiendan los panistas que rechazar el matrimonio gay es discriminar y atentar contra el Estado laico, y para que comprendan los legisladores del PRI que al criminalizar el aborto están pisoteando la laicidad y los derechos de las mujeres, se busca precisar su definición en el artículo 130: El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.
