La joven Ana Saidi ha demandado a Acciona Airport Services por prohibirle llevar el velo islámico en su puesto de trabajo, en el servicio de tierra del aeropuerto de Palma de Mallorca. La empleada ha llevado a juicio a la compañía por discriminación laboral por motivos religiosos y pide a la empresa que anule las siete sanciones que le impuso por llevar esta prenda y que le conllevaron la suspensión de empleo y sueldo durante varias semanas dejando de percibir más de 4.000 euros de salario.
Durante el juicio celebrado este martes en un juzgado de refuerzo de lo social de Palma, la defensa de la joven —ejercida por Margarita Montaner— ha argumentado que la empresa ha discriminado laboralmente a Saidi por motivos religiosos. La denunciante empezó a trabajar para Acciona en el aeropuerto de Palma en 2007. En aquella época no llevaba velo, a pesar de que siempre ha sido musulmana. Fue en diciembre de 2015 cuando decidió acudir por primera vez con el velo islámico a su puesto de trabajo, que requiere un uniforme suministrado por la empresa y que consiste en pantalón, camisa, chaqueta y un bolso. «En un primer momento mi jefe me autorizó, pero me dijo que tenía que hacer la consulta en Madrid», ha explicado la joven, que dice que al día siguiente le comunicaron que no podía ponerse la prenda porque contravenía las instrucciones sobre uniformidad de la compañía.
Saidi decidió impugnar la decisión de sus superiores y hasta abril, después de haber enviado quejas al comité de empresa y cartas del Movimiento contra la Intolerancia a la sede de la compañía, decidió volver a presentarse en el trabajo con el velo. «Me dijeron que no estaba contemplado en las normas», ha señalado la denunciante, a quien la empresa le abrió hasta siete expedientes sancionadores por los que le suspendieron de empleo y sueldo al negarse a renunciar a esta prenda durante sus horas de trabajo.
«A lo largo de los últimos años, la empresa ha permitido llevar cruces, tatuajes y colgantes, y nunca se ha dicho nada. El trato hacia mí ha sido injusto y discriminatorio», ha dicho Saidi a preguntas de la juez Victoria Pelufo, a quien ha explicado que decidió llevar el velo años después de entrar a trabajar en la empresa porque el sentimiento religioso se fue acentuando con el paso del tiempo. «Que me obliguen hoy por hoy a quitarme el velo es como arrancarme mi propia piel», ha dicho.
Una cuestión de normativa
Para Acciona, todo se reduce a una cuestión de normativa interna y no a una discriminación religiosa, y acusan a Saidi de haber tratado de imponer a la empresa «las condiciones de su religiosidad». La abogada de la compañía, Tania Hierro, ha alegado que las normas de Acciona acerca de los uniformes siempre han sido las mismas y que el régimen disciplinario recoge sanciones por el uso indebido del uniforme.
«La empresa quiere trasladar una imagen de profesionalidad neutra», ha señalado Hierro, que ha defendido que la orden empresarial de prohibir el velo a Saidi «es legítima y no vulnera ningún derecho». La letrada considera que nunca se ha incurrido en un trato diferente o peor hacia la demandante, quien «ha desobedecido unas órdenes que ha seguido durante nueve años» en un puesto de atención al público que precisa de una serie de normas sobre vestimenta.
La empresa ha reconocido que en otros territorios en los que presta servicio las empleadas pueden llevar el pañuelo por motivos religiosos, como es el caso de Dubai. «El problema no es religioso, es una cuestión del uniforme», ha dicho el apoderado de la compañía, que ha insistido en que el protocolo sobre vestimenta se cumple «de forma estricta». Un extremo que ha contradicho uno de los miembros del comité de empresa, que ha explicado que en verano y debido al calor algunos trabajadores con tatuajes no se los cubren y algunas empleadas cambian el bolso reglamentario por neceseres más cómodos sin que la empresa abra expedientes.
Durante el trámite de conclusiones, la fiscalía se ha mostrado a favor de los argumentos de la demandante, al considerar que la empresa ha vulnerado sus derechos fundamentales. A su salida del juzgado y arropada por una decena miembros de la Plataforma de Mujeres Musulmanas, la joven se ha mostrado «aliviada» por la postura del ministerio fiscal de que la libertad religiosa prevalezca sobre las normas de uniformidad de la compañía y espera que se cree un precedente «y muchas mujeres en la misma situación se atrevan a denunciar».
