Tanto la UCD, como el PSOE o el PP han cedido siempre a las presiones- chantajes de la Iglesia católica. Desde la firma del primer Concordato en 1753 por Fernando VI hasta nuestros días, los supuestos representantes de Cristo en la tierra han presionado todo lo que han podido para mantener sus privilegios tanto en el mundo de la religión como de la enseñanza y de la sanidad.
A pesar que la Constitución proclama la libertad religiosa, la realidad es que las demás religiones no han recibido un trato igualitario. La religión debería ser algo que se ejerciese y se financiase desde la intimidad de las personas. Se trata de una creencia personal que no debería tener flecos en el mundo de la economía ni en el de la política, pero eso no es así.
Por eso recibimos con alivio que alguien tan poco sospechoso como el presidente italiano Monti, haya decidido que la Iglesia en ese país pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Eso que pagamos anualmente todos los ciudadanos afortunados de poseer una vivienda.
La ley aprobada en Italia es muy moderada y sólo obliga al Vaticano a pagar el impuesto de aquellos edificios que no se dediquen al culto religioso, por lo tanto se refiere a colegios, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.
La decisión se queda corta pues debería obligar también a los centros de oración, pero por algo se empieza. De todas formas, tampoco va a ser una tarea fácil ponerla en práctica, ya que no existe un catálogo de propiedades. El único trabajo realizado al respecto, pertenece al Partido Radical italiano, que cifra el número de inmuebles en 50.000.
Con esta medida la Hacienda italiana espera ingresar dos mil millones de euros.
Pero en nuestro país eso es casi impensable. Cada año, el Estado financia con más de 7.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. Hay estudios que hablan de 10 mil millones.
A ello hay que añadirle los casi 250 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.
Y a pesar de estas cifras que hacen temblar a cualquier ciudadano, dicen que no son unos privilegiados. Un colegio privado laico paga IRPF sobre beneficios y la parte salarial de sus empleados, IVA sobre sus compras e IBI en caso de propiedad. Uno de la Iglesia, no.
El IBI no pagado asciende a 4´86 millones de euros. De momento Izquierda Unida ha propuesto al Congreso un recorte del 20% en subvenciones a la Iglesia de la misma forma que ha hecho con patronal, sindicatos y partidos políticos.
Pero la dirección de la Iglesia católica no debería necesitar propuestas de nadie sino hacerlo por propia voluntad. Pero ni lo hace ni lo hará por muy mal que vayan las cosas. No tienen la menor vergüenza en seguir actuando como una agencia de calificación al estilo Moody ´s o Standard and Poors que juzgan a los demás pero ellos campan a sus anchas, sin que nadie les controle.
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
