El histórico centro de Vic seguirá sin tributar pese a carecer de actividad religiosa y facturar casi un millón de euros con sus múltiples usos comerciales.
El espacio se ha convertido hoy en un hotel, un restaurante, una hípica, un gimnasio…
El Seminario de Vic, un imponente edificio de estética fascista inaugurado en 1949 y construido por presos del franquismo, es hoy un bonito espacio polivalente que incluye un hotel de 32 habitaciones, un gran aparcamiento, dos gimnasios, una cafetería/restaurante, un colegio, una hípica, una copistería y un centro de formación con clases de cocina, entre otras cosas. Pese a que fue uno de los grandes templos de la religión en Cataluña y el laboratorio de vocaciones del poderoso Obispado de Vic (llegó a tener 300 estudiantes), hoy carece de ningún uso confesional. Los únicos tres seminaristas de esta ciudad viven en Barcelona y sus antiguas celdas son dormitorios de diseño. Por todos estos usos comerciales, el seminario (el obispado, en realidad) factura a final de año entre 800.000 y un millón de euros. Cantidad suficiente para acreditar su buena marcha financiera. Pese a ello, el lugar seguirá sin pagar el IBI correspondiente, unos 90.000 euros.
La semana pasada CDC, PSC y Plataforma por Cataluña votaron en contra de una moción presentada por la CUP y respaldada por ICV y ERC que pedía retirar la exención del pago de dicho impuesto. Defendía que el edificio ya no puede disfrutar del privilegio que otorga, por un lado, el acuerdo firmado por España con la Santa Sede en 1979 a “residencias de obispos, canónigos y curas y otros locales destinados a oficinas, a la curia diocesana y a oficinas parroquiales” ya que su actividad no se enmarca en ninguno de esos supuestos. Y, por otro, la ley de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, puesto que parece claro que el seminario obtiene un beneficio con sus alquileres y el resto de actividades comerciales.
Lo sorprendente en este caso es que ni siquiera el propio gerente de la institución, Raimon Casals, ve con malos ojos la posibilidad de empezar a pagar, al menos, una suma consensuada con la Administración. “Es cierto que el lugar ya no tienen ningún uso religioso, pero sí seguimos haciendo labores sociales [el centro reparte comida a los necesitados y acoge a mujeres maltratadas] y no se produce ningún lucro porque todos los ingresos se reinvierten en el edificio. Pese a ello, si hay que pagar el IBI, lo pagaremos. Estamos abiertos al debate”, señala Casals.
Quien no lo está tanto es Convergencia Democrática de Cataluña, que con la negativa de la alcaldesa Anna Erra, que hizo valer su voto de calidad para desempatar, impidió que prosperase la moción. Como señala el concejal de ICV, Arnau Martí, “CDC ha sido en este caso más papista que el Papa”. “De todas formas, si quieren participar en la fiscalidad del municipio estamos abiertos a hablar de alguna fórmula”, insiste Martí. De hecho, en algunos pueblos de la misma comarca, como Masies de Voltregà, ya se cobra en edificios de la Iglesia con actividad comercial.
La transparencia del seminario en este asunto es total. El gerente acompaña a EL PAÍS por las instalaciones del centro y muestra las cuidadas reformas de los últimos años, que han modernizado y racionalizado el espacio adaptándolo a los tiempos. La idea, explica, era que el lugar, desprovisto de su contenido original en tiempos de crisis vocacional, pudiera autofinanciarse y no costar ni un céntimo al Obispado. Y, de momento, funciona.
En el ático hay un gimnasio para los empleados con vistas a la ciudad. En la segunda planta se encuentra un ala con dormitorios para estudiantes y en la otra el hotel de 32 habitaciones para turistas a 66 euros la noche —según su web— y con posibilidad de media pensión en el restaurante del seminario o de estancias temáticas enfocadas a la gastronomía. Además, en la planta baja hay aulas de Formación Profesional y cursos de cocina, y en el exterior se hizo una escuela hípica y un gran aparcamiento de pago en el que no cabe ni un solo coche los días laborables. “Si no hay culto ni actividad religiosa, debería tributar. Creemos que hay que acabar con esos privilegios de cualquier estamento, que parecen más propios del siglo XIX”, señala Joan Coma, portavoz de Capgirem Vic (CUP).
El seminario tiene una superficie construida de 18.680 metros cuadrados en una finca de 84.032. Por ello, el concejal de Hacienda de Vic, Àlvar Solà, calcula que su tributación sería de alrededor de 90.000 euros. Pero el equipo de Gobierno prefiere no meterse en líos judiciales que podrían luego costar dinero a los ciudadanos, señala. Aunque esa suma difícilmente alcanzaría lo que están dejando de ingresar actualmente las arcas por el IBI del seminario. “La sociedad evoluciona y puede que eso ya no se vea tan bien, sobre todo en estos momentos de crisis. Pero hay sentencias que les amparan. Y hasta que eso no cambie o lo clarifiquen, no nos meteremos en este lío. Estos cambios deberían liderarlos municipios grandes o una asociación”, explica.
Pero hay margen para la interpretación. La última sentencia la emitió en 2013 el Tribunal Constitucional y frenaba la reforma del Gobierno de Navarra según la cual solo los edificios donde se practicase el culto quedarían liberados del impuesto. Sin embargo, el caso del Seminari de Vic va más allá, porque ni siquiera se trata de una dependencia de la Iglesia.
El debate está en la calle y cada vez más municipios piden que la Iglesia tribute por sus más de 100.000 inmuebles en España. De hecho, según Metroscopia, el 80% de los ciudadanos españoles opina que debería ser así. Y no solo aquellos con ideologías más progresistas. Seis de cada 10 votantes del PP y el 45% de los católicos practicantes quieren que tribute.
Unas 100.000 propiedades de la Iglesia que no pagan IBI
Es casi imposible de cuantificar, pero algunas fuentes señalan que la Iglesia tiene en España unas 100.000 propiedades. De ellas, más de la mitad no están dedicadas al culto ni tienen finalidades estrictamente religiosas. En Valencia, por ejemplo, solo son el 18% de las 1.300 con las que cuenta. Muchas son simples locales comerciales como restaurantes de kebabs, peluquerías o tiendas.
En muy pocos casos los municipios han logrado cobrar. Ni siquiera con la Mezquita de Córdoba, propiedad de la Iglesia solo desde 2006 y debido a una oscura maniobra. Ahí el tributo debería ser de unos 300.000 euros, y más teniendo en cuenta el nivel de ingresos por las entradas: 8 euros las diurnas y 12, las nocturnas.
