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Un juez patriótico lo ha vuelto a hacer

Carlos Lasala Perruca, expresidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el régimen franquista y una parte de la democracia -uno de esos jueces que se acostó franquista y se levantó demócrata– puede estar orgulloso de su hijo Rafael, también juez, como su hermano, Carlos, conocido en todo el país por haber llamado (por teléfono) a declarar (a una comisaría) a una treintena de personas que se manifestaron ante la sede nacional del PP el 13 de marzo de 2004 pidiendo al Gobierno (de Aznar) conocer la verdad sobre el atentado del 11-M en Madrid. El magistrado Lasala Albasini (Carlos) acusaba a esta gente “de protagonizar actos de propaganda electoral en la jornada de reflexión, lo que está penado por la Ley Electoral con arresto mayor o multas”, según contaba El País en esos trágicos días.

Digo que Carlos Lasala Perruca puede estar orgulloso de su hijo Rafael, hermano de Carlos el de los delitos del 13-M y que, por cierto, también presidía la sala que condenó a seis años de prisión a cuatro jóvenes antifascistas por una manifestación contra un mitin de Vox que acabó en cargas y altercados con la Policía. El tribunal dejó bien claro que los condenaba sin pruebas y fiándose del testimonio de los policías agredidos al advertir de “que no existen pruebas que acrediten que fueron los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios“.

Unos 200 manifestantes antifascistas se habían concentrado frente al Auditorio de Zaragoza donde se celebraba el mitin de los ultraderechistas, 80 habrían sido los violentos y cuatro debieron acatar una sentencia de intención ejemplificante y claramente injusta, que incluía perlas como ésta: “La identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la Sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos”.

Centrémonos en Rafael Lasala, el juez que ha imputado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González-Laya en un ejercicio obvio de injerencia en la labor del Ejecutivo por la acogida “humanitaria” temporal del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, enfermo muy grave de covid que viajó desde Argelia a La Rioja para ser hospitalizado de urgencia. Lasala es el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza y ha decidido que la exministra de Pedro Sánchez cometió delitos de prevaricación y contra la ley de fronteras porque Ghali aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza y no fue identificado.

El caso es rocambolesco, no solamente por las explicaciones que han dado ya desde la Abogacía del Estado –que pidió el archivo del caso– y desde la cúpula de Exteriores, sino por el empeño del juez en no leerse los informes policiales o de la Guardia Civil, publicados además en prensa y que, entre otras cuestiones técnicas, subrayan la nacionalidad española de Ghali, obtenida cuando el Sáhara era colonia española y ratificada en 2004, según los documentos en poder de la Policía, certificados como “legales”.

El objetivo del juez Lasala, hijo y hermano de jueces patriotas, es llegar a quien dio la orden de que Ghali ingresara de incógnito en el hospital de Logroño. Lo hace espoleado por dos abogados peculiares, por lo menos: quien fuera el letrado de Francisco Correa GürtelJuan Carlos Navarro, y el letrado Antonio Urdiales, malagueño casado con una ciudadana marroquí que alega que las tensiones entre Marruecos y España por el caso Ghali le perjudican y la culpa es de Madrid. Sí, alega que la culpa de que Rabat lance al mar a sus menores desesperados es del Gobierno de Sánchez. Y el juez patriótico, henchido de patria como su padre en su esplendor franquista, quiere llegar hasta Pedro Sánchez, convencido de su responsabilidad en un asunto delicado, humanitario, que atañe al Ejecutivo y a las complejísimas relaciones entre Marruecos, España, Argelia y el Sáhara. Nada menos, y con la culpa histórica a rastras de cualquier persona de bien por haber abandonado a los saharauis en manos de unos reyes sátrapas.

No conviene esperar mucho del juez Lasala, advierten fuentes cercanas de la magistratura, que intentará llegar al presidente espoleado por su patrioterismo justiciero. Ya lo hizo con Carles Puigdemont en su día, en un auto muy celebrado por otros patrioteros, pero que solo pudo escapar al ridículo entre estas gentes rancias de la España unida. Qué vergüenza en aquel auto con esos términos del siglo XVII: “conducta desprovista de arrojo”, en contra de “la dignidad y la gallardía que [Puigdemont] pedía a los ciudadanos cuyo apoyo reclamaba”. Más que un auto judicial lo de Rafael Lasala parecía era un auto de fe inquisitorial, encima, en respuesta a una denuncia de amenazas de muerte al expresidente catalán, llegadas desde un cuartel militar por parte de un tipo subido en un tanque. Te amenazan de muerte, lo denuncias y acabas teniendo la culpa.

Hemos llegado a la imputación de Laya y se intentará llegar a más. Los salvapatrias se sienten poderosos gracias a la estrategia de bloqueo institucional de la (ultra)derecha. Carlos Lesmes debe de estar frontándose las manos: el ilegítimo es el Gobierno, no él. Tempus fugit.

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